Se trata del último debate de la ley estatutaria que reglamenta el fuero militar y que según la Fuerza Pública y los ministros de Defensa, Juan Carlos Pinzón, y de Justicia, Ruth Stella Correa, resulta necesaria para que militares cuenten con garantías jurídicas en el marco de la “situación de hostilidades que enfrenta el país”. Por el contrario, organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales afirman que la iniciativa le apunta a la impunidad.
El Espectador conoció la ponencia sobre la cual se realizará la discusión en último debate, y aunque hay cerca de 20 proposiciones modificatorias, los puntos más polémicos se mantienen intactos. Por ejemplo, el artículo 5 había sido objeto de discusión porque no están claros los límites para la Fuerza Pública en materia de proporcionalidad de los ataques. Este aparte se complementa con el 22, que señala que “no se entenderá como desproporcionado un ataque por el simple hecho de contar con superioridad numérica o de armas, o una posición táctica ventajosa, frente a un blanco legítimo o un objetivo militar”. La pregunta es: ¿cómo se define un ataque desproporcionado?
El artículo 17 deja prácticamente en las manos de una apreciación subjetiva la apertura de una investigación: “la conducta de los miembros de la Fuerza Pública será valorada por las autoridades judiciales (…) teniendo en cuenta la información de la que disponía el miembro de la Fuerza Pública al momento de realizar la conducta, considerando la apreciación honesta y razonable de las circunstancias en que este actuó en ejercicio de su margen de apreciación”, se lee en el texto.
Uno de los artículos más polémicos es el 35, en el que se plantea que “únicamente el error invencible será causal de exoneración de responsabilidad por comisión de los crímenes de lesa humanidad definidos en la presente ley”. Según los analistas esto abre la posibilidad de justificar, bajo el argumento de error invencible, los actos irregulares de los militares que deberían ir a la justicia ordinaria.
Por otro lado, acogiendo la polémica que se ha generado por el ascenso del general Francisco Patiño, comprometido en el escándalo de la muerte del grafitero Diego Felipe Becerra, el cual el fiscal, Eduardo Montealegre, calificó como “un falso positivo urbano”, sí habrían medidas al respecto. El artículo 32 plantea castigos al “superior militar o policial que omita injustificadamente la prevención del delito, o la queja disciplinaria o la denuncia del mismo a las autoridades competentes, teniendo la posibilidad fáctica de prevenirlo o denunciarlo”.
Precisamente, respecto a los falsos positivos hay inquietud porque el artículo 43 supone penalidades para “el servidor público que con ocasión del ejercicio de sus funciones matare a una persona y puesto con este propósito después de haberla dominado en estado de absoluta indefensión”. La pregunta es: ¿debe estar una persona en total indefensión para que sea víctima de una ejecución extrajudicial?
Estos son algunos de los temas que serán objeto de debate hoy, cuando se define el futuro del fuero militar, iniciativa que el Gobierno espera sea aprobada antes de que termine esta semana.