El verdadero acuerdo entre Colombia y Ecuador

Para evitar una sorpresa en la Corte Internacional de Justicia, el gobierno nacional terminó otorgándoles a los ecuatorianos todas sus pretensiones.

El pasado 25 de agosto, el Gobierno nacional emitió un comunicado en el que celebraba el acuerdo bilateral entre Colombia y Ecuador que terminó la controversia suscitada por las fumigaciones con glifosato en la frontera. Ante la noticia, que a todos nos alegró, y sin conocer entonces el texto del acuerdo, tuvimos la oportunidad de ilustrar que la negociación es sin dudas una forma efectiva de solucionar pacíficamente las controversias, incluso aquellas que ya están cursando ante la CIJ. Esta afirmación mantiene su utilidad como ejemplo para abordar los temas remanentes con Nicaragua.

Sin embargo, el éxito de una negociación no se deriva exclusivamente del hecho de haber negociado, sino que se requiere de fondo el encontrar mutuos y recíprocos beneficios para las partes. ¿Qué pasa cuando una negociación únicamente impone obligaciones para una de las partes? Para iniciar el debate nacional, baste por ahora con cotejar el contenido del acuerdo del 9 de Septiembre de 2013 con la demanda inicial de Ecuador ante la CIJ del 31 de marzo de 2008.


Demanda de Ecuador de 2008 ante la CIJ

Ecuador solicitó, entre otras cosas, a la CIJ que declarara que Colombia:

- Había violado el derecho internacional al permitir el depósito de herbicidas tóxicos en el territorio de Ecuador causando daños a la salud humana, el ambiente y la propiedad ecuatorianos.

- Reconociera el respeto a la soberanía e integridad territorial de Ecuador.

- Indemnizaría a Ecuador por los daños causados a causa de las fumigaciones.

- Pagaría los costos de un monitoreo e identificación de futuros riesgos a la salud pública, los derechos humanos y el medio ambiente generados por las aspersiones.

- Tomaría las medidas necesarias para evitar el depósito de herbicidas tóxicos en Ecuador.
- Prohibiría el uso de herbicidas en Ecuador o cerca de la frontera.

 

Acuerdo de 2013 entre Colombia y Ecuador

Entre otras, el acuerdo incluye las siguientes cláusulas:

- Colombia reafirma su compromiso con la observancia del más absoluto respeto a la soberanía de Ecuador, a los derechos de sus habitantes y a su medio ambiente.

- Colombia entregará a Ecuador una “contribución económica” de 15 millones de dólares.

- Colombia se obligará a informar debidamente a Ecuador de sus programas de fumigación conforme a una serie de reglas de procedimiento contenidas en el acuerdo. Así mismo solo fumigará bajo los criterios y con el componente químico que expresamente autoriza el acuerdo. También implementará procedimientos para atender quejas de los ecuatorianos afectados.

- Colombia hará todos los esfuerzos necesarios para evitar cualquier nueva situación en el mismo sentido.

- Colombia se compromete a no depositar herbicidas en territorio ecuatoriano.

- Colombia se obliga a no fumigar en una zona de 10 Kms al borde de la frontera (zona de exclusión).

 

El Acuerdo de 2013, incluye una lista de obligaciones dirigidas exclusivamente hacía Colombia que están contenidas desde el preámbulo y entre los artículos uno al nueve. La única obligación de Ecuador está contenida en los artículos diez y once y consiste básicamente en retirar su demanda ante la CIJ y no volver a iniciar un proceso judicial internacional por el mismo tema.

De la simple lectura de los textos enfrentados surgen diversas reacciones. Fue una gran noticia saber que Colombia no sería juzgada nuevamente por la CIJ teniendo en cuenta que recientemente emitió una decisión en otro caso (Nicaragua) que trajo elementos desfavorables para el país, fue una mejor noticia el saber que todo se dio gracias a un acuerdo bilateral con Ecuador que terminó un diferendo internacional más para Colombia; sin embargo, ¿realmente ganó Colombia con este acuerdo cuando casi la totalidad de las pretensiones iniciales de Ecuador han sido otorgadas por Colombia?

Es sabido que las obligaciones jurídicas del Estado ante un tribunal siempre serán de medio y no de resultado, debido a que es un juez o tercero el que finalmente tiene en sus manos la decisión. No obstante, queda abierto el debate en relación con el pronunciamiento que eventualmente hubiera hecho la CIJ frente a las obligaciones medioambientales, las cuales no ha reconocido aún vehementemente en su jurisprudencia. También queda planteado el papel que hubiera jugado el régimen internacional de la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico el cual sustenta el programa de fumigaciones y cuya obligación descansa en la Resolución 1373 de 2001 del Consejo de Seguridad de la ONU, esta de mayor jerarquía jurídica internacional frente a cualquier obligación internacional. Ahora que se puede leer el texto del Acuerdo es necesario iniciar los procesos de evaluación.