El 'viejo PIN' denuncia 'bullying' mediático ante CIDH

Con denuncias internacionales y tutelas, Opción Ciudadana busca sacudirse de la sombra parapolítica que lo persigue.

Doris Vega, senadora de Opción Ciudadana y esposa del excongresista Luis Alberto Gil. / Archivo - El Espectador

Denuncias en la Fiscalía por hostigamiento, persecución e invisibilización de sus candidatos; solicitud de medidas cautelares ante Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y tutelas contra el Consejo Nacional Electoral y la Autoridad Nacional de Televisión constituyen el último pataleo del Partido Opción Ciudadana —antes conocido como el Partido de Integración Nacional (PIN)— para volver a protagonizar en la vida política sin que el fantasma de la parapolítica se le enrostre a diario.

El abogado Ricardo Cifuentes, en calidad de defensor de Opción Ciudadana, se despachó en críticas contra medio mundo: sostuvo que a pesar de que el partido cuenta con 20 congresistas —la cuarta fuerza política en el Senado—, 15 diputados, 36 alcaldes, 82 ediles y 703 concejales, éste sigue teniendo tratamiento de quinta en la mesa de Unidad Nacional, es visto por todos como “el patito feo” de la política o como la “amante” que se necesita para aprobar proyectos claves, pero que no se deja entrar a la casa.

El cartapacio de denuncias, quejas y solicitudes de investigación fue conocido por El Espectador. En uno de esos documentos se advierte que ha habido una estigmatización de la colectividad al relacionarla como el “escampadero de los parapolíticos”, pues el partido con más integrantes condenados por sus nexos con las autodefensas es “Cambio Radical, con seis senadores y 9 representantes a la Cámara sentenciados, seguidos por los partidos Liberal y Conservador con tres senadores y cinco representantes condenados cada uno”.

En ese contexto, la denuncia ante la Fiscalía sostiene, por ejemplo, que existe “un ambiente de hostigamiento político” en el cual poco se dice de caciques políticos en desgracia que pertenecen a partidos políticos tradicionales —Javier Cáceres, Mario Uribe, Miguel Pinedo, Juan Manuel López Cabrales, Vicente Blel, Álvaro García Romero, Miguel de la Espriella, entre otro largo etcétera—, y, en cambio, siempre se recuerdan las condenas de los excongresistas Juan Carlos Martínez y Luis Alberto Gil o el exgobernador de Santander Hugo Aguilar.

Para el abogado Cifuentes, esta estrategia hostigadora “busca moler a Opción Ciudadana”, con la particularidad de que las empresas encuestadoras ya ni siquiera les preguntan a los votantes por este partido, a escasos 11 días de los comicios parlamentarios. En largos memoriales dirigidos a la oficina del alto comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas y la CIDH, el vocero de esta colectividad denunció que ni las firmas Ipsos Napoleón Franco, Gallup y Cifras y Conceptos, en los últimos sondeos de opinión, han incluido al “viejo PIN” en sus encuestas.

De allí que Opción Ciudadana calificara estos “olvidos” como “una técnica malévola, dolosa y hostigadora que invisibiliza al partido”. En las peticiones ante organismos internacionales se asegura que es inconcebible que cada vez que se publica algo sobre la senadora Doris Clemencia Vega, siempre se recuerda que es esposa de Luis Alberto Gil y que heredó sus votos y caudal electoral. Y, a renglón seguido, en tono provocador, la denuncia se pregunta: “¿Qué sería de la historia si cada vez que se mencionara a Pablo Escobar se afirmara ‘exmilitante del Nuevo Liberalismo’?”.

El representante de Opción Ciudadana, Juan Carlos Salazar, según se lee en el dossier de documentos, sostiene que en las elecciones de 2010 el partido obtuvo 892.720 para el Senado, superando en escaños a Cambio Radical, el Polo Democrático, el Partido Verde y el movimiento MIRA, y, sin embargo, del resto de colectividades se habla de sus iniciativas políticas, candidatos y demás, mientras que del PIN o no se habla o simplemente se señala que la sombra de la parapolítica sigue intacta. “Desde que cambiamos el nombre a Opción Ciudadana los medios no nos mencionan, pero sí hablan del Partido Verde o de la Alianza Social Indígena, que no nos llegan ni al dedo chiquito”, dice Salazar.

Imposible es que un pasado tan cuestionado pueda borrarse de tajo para la opinión pública, pero sí insisten los representantes del “viejo PIN” en que ya ni siquiera mala prensa tienen, el lío de hoy es que para las grandes encuestadores ni siquiera existen. Por eso, al acudir a la tutela, el partido exigió que se les ordene a las firmas encuestadoras que los incluyan en sus sondeos, que “se le informe a la opinión pública” que se ignoró deliberadamente a esta colectividad, que se abra investigación inmediata contra estas firmas y que el Consejo Nacional Electoral cumpla su deber.

A la Agencia Nacional de Televisión, Opción Ciudadana le pidió evaluar este “hostigamiento” y a la CIDH que “se ordene al Estado colombiano garantizarle los derechos políticos” a la colectividad. En síntesis, el “viejo PIN” pide pista de nuevo mientras busca sacudirse de su pasado parapolítico. Para tal fin pidió medidas cautelares, acudió a denuncias internacionales y fustigó al Estado, a los medios y a los opinadores nacionales por continuar sus señalamientos en relación con sus listas y con los herederos de sus caciques que aparentemente desde prisión, o ya fuera de ella, siguen mandando a la distancia.

 

 

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