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La condición es que no puede haber condiciones. Esa es, en concreto, la exigencia que el Ejército de Liberación Nacional (Eln) le hace al gobierno del presidente Juan Manuel Santos para iniciar un proceso de paz. En un reciente comunicado firmado por el llamado Comando Central, el grupo guerrillero destapó sus cartas y aunque ratificó su intención de conversar y buscar el fin de su guerra con el Estado, a la vez dejó en claro lo que, según su criterio, debe incluir una agenda de negociación: con participación de la ciudadanía y de la comunidad internacional, sin cláusulas de confidencialidad, sin límites de tiempo y abordando la discusión sobre el modelo económico y social del país.
Hay cosas que llaman la atención en el mensaje. Por ejemplo, que mientras el Gobierno pretende alcanzar la desmovilización y el desarme en la mesa de diálogos, el Eln considera que ésta es para discutir y buscarles solución a los grandes problemas económicos, políticos y sociales que originaron el conflicto social y armado que padece Colombia desde hace más de 60 años. “El Gobierno valora que el camino a la paz se inicia con un país sin guerrillas, donde éstas, desmovilizadas, se reinserten a la sociedad capitalista existente, para que a partir de allí se puedan implementar algunas reformas”, señala el grupo guerrillero, advirtiendo que en el diálogo insurgencia-Gobierno, las partes deben reconocerse entre sí.
¿Qué significa esto? Que no necesariamente debe darse la desaparición del Eln como condición para construir la paz. “Un proceso de diálogo debe ser incluyente y a partir de allí encontrar acuerdos donde las partes se tracen un plan para superar la crisis, construir el nuevo país y alcanzar la paz en un proceso en el que participe de manera plena la sociedad, incluida de forma prioritaria la mayoría excluida históricamente del poder y de las decisiones trascendentales. Si este proceso se desarrollara, llegará un momento en el que las armas sobren y las guerrillas puedan cambiar su carácter por el de un movimiento político, pero esto será fruto del desarrollo y no por exigencia de la contraparte, bajo unas promesas de respeto a unos acuerdos que históricamente se ha demostrado que se violan”, decía el comunicado del Comando Central.
Y finalmente se refiere a la agenda a discutir, lo que de una u otra manera permite hacer un paralelo con el actual proceso de paz que se adelanta con las Farc en La Habana (Cuba). De entrada hablan de la participación de las comunidades, quienes deben ser las que planteen en la eventual mesa de conversaciones sus exigencias, “un derecho que no se lo puede arrogar nadie más que ellas mismas”. “Como éstas hay otras diferencias, pero este es un buen resumen que las clarifica y que deben abordarse en los diálogos, antes de pretender pasar por encima de ellas y terminar en nuevas frustraciones. Es obligatorio ante el país expresarnos con claridad, eso hace parte de nuestra responsabilidad con la sociedad”, concluye el Eln.
Como quien dice, si bien el presidente Juan Manuel Santos ha sido reiterativo en decir que en las conversaciones con las Farc no se está negociando ni el modelo del Estado ni su sistema político, ni mucho menos su sistema económico, el Eln —de entrada— pone los puntos sobre las íes al señalar que en un eventual diálogo sí se deben discutir esos grandes problemas económicos, políticos y sociales, pues en últimas son la causa del conflicto. Y con el espejo de La Habana, no quieren condiciones de tiempo, de temas vedados y de confidencialidad. Una postura que, creen algunos, implica un primer obstáculo para sentarse a dialogar.
Para el hoy candidato al Senado por el Partido Liberal Horacio Serpa, uno de los facilitadores en los acercamientos entre el Gobierno y el Eln, está claro que “antes de sentarse a la mesa, cada sector gruñe, se muestra fuerte, hace exigencias importantes y pide mucho más allá de lo que internamente considera que podría lograr. Creo que ese es el sentido del comunicado”. Con una interpretación muy particular: según Serpa, la política se mide conforme a lo que está pasando en la coyuntura y seguramente el Eln está viendo un gobierno débil, que va mal en las encuestas, que acaba de superar serias dificultades a raíz de los recientes paros y quiere pisar duro. Mejor dicho, quiere “medirle el aceite”, aunque es rescatable que siga manifestando su deseo de dialogar.
A su vez, el exprocurador Jaime Bernal Cuéllar, otro de los facilitadores, también consideró como normal que se den ese tipo de posturas: “Basta con revisar qué es una negociación para saber que en cualquier campo necesariamente siempre se tendrán posiciones extremas, porque se busca sacar ventaja”. Sin embargo, para él, deben ser el Gobierno y la misma guerrilla los que en últimas definan los aspectos metodológicos de una mesa de diálogo. “Nunca he estado de acuerdo con que se hagan condicionamientos. Los diálogos deben ser abiertos y, en este caso, esto lo debe determinar el presidente de común acuerdo con el Eln. Lo que importa es que haya una agenda limitada a puntos concretos y pienso que debe definirse no una fecha exacta, sino un período para que esto no se extienda de manera indefinida”, agregó Bernal Cuéllar.
En cuanto al tema de la confidencialidad, el exprocurador cree que ello sería lo más conveniente, pues muchas veces los temas que apenas se están comenzando a conversar se convierten en una discusión pública que hace que no sigan adelante. “De todas maneras, serán el presidente y los delegados de esa guerrilla los que determinen si conviene o no”, señaló. Eso sí, tanto Bernal Cuéllar como Serpa aseguraron que no conocen de nuevos avances en los acercamientos Gobierno-Eln, mientras una fuente cercana a la Casa de Nariño le dijo a El Espectador que la exigencia de la liberación de todos los secuestrados sigue siendo una prioridad a la hora de tomar la decisión de instalar una mesa de diálogos.