¿Por qué la embarramos eligiendo concejales?

En Bogotá, el 15% de los ciudadanos votaron en blanco en los comicios de 2011. / Archivo

Foto: LIZ DURAN/EL ESPECTADOR - LIZ DURAN

Podría apostar que la gente que en una ciudad cualquiera de Colombia se queja con indignación porque un prostíbulo o un bullicioso establecimiento de comercio puede funcionar al lado de su casa, es la misma que no se acuerda por quién votó para el Concejo municipal en las últimas elecciones. La misma que, de hecho, no sabe para qué sirve un Concejo y la misma que busca todas las respuestas a sus males en la gestión de su alcalde.

Sin embargo, tan importante como no equivocarse en la escogencia de un burgomaestre es no rajarse a la hora de elegir a un concejal, un hecho que soslayamos con frecuencia ¡y así nos va!

Las ciudades funcionan como las empresas. Por más bueno que sea un gerente, la compañía nunca llegará lejos si su junta directiva tiene a miembros corruptos, sin preparación o interesados únicamente en chantajear o bloquear al administrador de turno. Los alcaldes se han convertido cada vez más en rehenes de los concejos y si los concejales sólo quieren puestos y contratos y no cuentan con las credenciales éticas que les permitan acceder a semejante función pública, las ciudades se van para el barranco, como nos ha ocurrido en Colombia, desde Bogotá hasta Soledad, en el Atlántico.

La tragedia se repite cada cuatro años y entre más avanza el tiempo, peor nos va con los concejos municipales. Hagan ustedes el ejercicio: pongan en Google la palabra “concejal” y luego introduzcan el municipio de su predilección. Encontrarán que las primeras 20 noticias tienen que ver con escándalos de corrupción, viajes y peleas, pero en ningún caso con ejemplos de gestión, eficiencia o rigor en el ejercicio de control político.

Se trata de un mal mayor, si tenemos en cuenta que además de la aprobación de los planes de ordenamiento territorial de cada municipio, los concejos intervienen en la definición de sobretasas, valorizaciones y contribuciones especiales de esas que afectan directamente nuestro bolsillo. Aprueban los presupuestos y autorizan el endeudamiento de un determinado municipio para adelantar obras de gran impacto. También ejercen control político frente a los alcaldes —los frenan o impulsan cuando corresponde— y como si fuera poco, más recientemente por obra y gracia de un decreto del Gobierno Nacional, los concejales tienen competencias relacionadas con la minería en sus respectivos territorios, de manera que de ellos dependerá en buena parte que se explote más ese negocio o se logre un equilibrio con el medio ambiente en los departamentos de Colombia.

A pesar de semejantes responsabilidades, el panorama ha sido dramático en los últimos años: el desgano electoral o la ignorancia frente al Concejo mismo han hecho que, por ejemplo, en Bogotá, el 15 por ciento de los ciudadanos votaran en blanco en los comicios de 2011, superando los resultados de varios partidos y movimientos políticos.

Lo que ha ocurrido desde entonces hasta hoy genera vergüenza: de los 45 concejales elegidos en la ciudad capital, casi el 40 por ciento está subjúdice. Cuatro dejaron sus puestos porque las investigaciones pasaron de castaño oscuro y en algunos casos la Fiscalía solicitó medidas de aseguramiento preventivo contra ellos. Doce concejales más, en Bogotá, están bajo la lupa de la Fiscalía esencialmente por casos de corrupción y de éstos últimos, tres ostentaron la presidencia del Concejo —la máxima dignidad de esa corporación— en el período que está terminando.

Pero si por Bogotá llueve, por el resto del país no escampa: en municipios como Floridablanca, en Santander, una ciudad que es vital por su cercanía con Bucaramanga y que hace parte justamente del área metropolitana, la mitad de los concejales acaba de perder su investidura por asignación indebida de recursos.

Desde 2009 hasta ahora, aproximadamente 800 concejales han sido sancionados por la Procuraduría. Para no ir más lejos, en Yondó, Antioquia, once cabildantes fueron recientemente suspendidos por el Ministerio Público. Y cuando no están metidos en casos probados de corrupción, viajan por el mundo subsidiados con dineros públicos. ¿Se acuerdan que el año pasado 10 concejales armaron maletas para Buenos Aires supuestamente a una curiosa capacitación que coincidió con la final de la copa suramericana en la que clasificó el Atlético Nacional? De igual forma, entre 2012 y 2014 tuvimos concejales de Cartagena de gira por Puerto Rico y Panamá y otros más en Neiva que se fueron a Estados Unidos dizque a intercambiar experiencias con políticos de ese país.

¿Pero por qué nos importa tanto la elección de alcaldes —sobre todo en ciudades capitales— y nos vale tan poco la selección de concejales en Colombia? Tal vez convenga hacer una autocrítica en este punto: los medios de comunicación hacemos excesivamente notoria la puja por los principales cargos en las mismas cinco ciudades capitales de siempre y poco informamos a los ciudadanos sobre las hojas de vida y los procesos de escogencia interna de los candidatos al Concejo. Esa dañina obsesión de los ciudadanos y los partidos políticos, reforzada por los medios que reducimos la elección de octubre a una simple puja por las alcaldías, ha hecho que nos olvidemos de la importancia de los concejos municipales.

En efecto, los partidos también tienen una importante cuota de responsabilidad. Pocos se muestran interesados en incluir nombres de personajes independientes o dirigentes cívicos en sus listas. Los candidatos a la Alcaldía de cada colectividad pueden convivir sin ningún problema con aspirantes al Concejo que ni siquiera conocen. De lo que se trata, al final, es que pongan muchos votos sin ninguna exigencia adicional.

Lo otro que está ocurriendo es que como las experiencias de generadores de opinión y jóvenes que se han lanzado en el pasado no han sido positivas (recuerden a Cristina Plazas, Aníbal Fernández de Soto o Lariza Pizano, que terminaron todos en el pabellón de los quemados), las personas decentes, empresarios o líderes ciudadanos le huyen a la posibilidad de estar en el Concejo y los que se le miden al ejercicio político consideran poca cosa esa corporación y se reservan más bien para lanzarse a la Cámara de Representantes. Así las cosas, cada día que pasa se pierde el interés en el que debería ser el centro de discusión y planificación urbana por excelencia.

Algunos números hablan muy mal de la cultura democrática de nuestro país. Resulta preocupante que en ciudades como Cali —nada menos que la tercera ciudad más importante de Colombia— el 44 por ciento de los encuestados por Ipsos Napoleón Franco respondiera que no había oído que existía el Concejo de la ciudad. No muy diferente es la situación en Cartagena, donde sólo un 42 por ciento dice conocer esta corporación.

En la capital de Colombia, por ejemplo, un 63 por ciento de los ciudadanos tiene una imagen desfavorable del Concejo, según la última encuesta de “Bogotá, cómo Vamos”. Mientras tanto, en ciudades como Pereira cerca del 71 por ciento de los encuestados critica la gestión de su cabildo municipal.

Por todo lo anterior, es momento de provocar una reflexión muy seria sobre este asunto. Hay que exigirles a los partidos políticos que armen sus listas al Concejo con responsabilidad y a entidades como la Corporación Arco Iris o la MOE tendremos que apoyarlas en el escrutinio que realizan de cada una de esas hojas de vida.

En cuanto tiene que ver con usted y conmigo, como ciudadanos que somos, más vale que la próxima vez que pongamos el grito en el cielo por la planificación de una ciudad o la valorización excesiva que nos cobran, pensemos primero a qué clase de concejales elegimos y después sí nos quejemos.

*Abogado y politólogo. Analista político de la mesa de trabajo de RCN La Radio y director ejecutivo del Instituto Libertad y Progreso.