Empezó la segunda etapa de la Ley de Víctimas

Las nuevas cifras de pobreza en la población desplazada son alentadoras para el Gobierno, mientras un decreto recién firmado busca superar el asistencialismo.

El presidente Juan Manuel Santos junto al secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, en la firma de la Ley de Víctimas en junio de 2011. /AFP

La reunión del Comité Ejecutivo de la Ley de Víctimas que se celebrará en los próximos días no pasará inadvertida. El encuentro del presidente Juan Manuel Santos con cinco de sus ministros y las cabezas de la Unidad de Víctimas, Restitución de Tierras, Bienestar Familiar y los departamentos de Planeación y Prosperidad Social, girará en torno a dos temas que marcan el inicio de la segunda etapa de la política de víctimas en Colombia. El primero, los resultados de la última encuesta realizada por el DANE sobre la población víctima. El segundo, un decreto que promete “acabar” con el asistencialismo y hacer que las víctimas se conviertan en ciudadanos con plenos derechos.

Han sido meses de expectativa por la encuesta sobre la situación de la población víctima de desplazamiento que presentará el Comité. Aunque el trabajo de campo con 27.000 familias que han padecido los efectos de la guerra terminó en marzo, los resultados, que el Gobierno conoce hace semanas, se harán públicos antes de que acabe el año o al comenzar el próximo. Las entidades involucradas preferían que fuera el Comité, con la participación del propio Santos, el que presentara los avances de la principal apuesta del primer gobierno de la Unidad Nacional: la Ley de Víctimas (la 1448 de 2011).

Sin embargo, este diario conoció algunas de las cifras que publicará el Comité y que responden a la evolución de esta población durante el cuatrienio 2011-2014 en indicadores tan diversos como el acceso a la salud, a la alimentación y al alojamiento. La más importante de las cifras, y que demuestra, a juicio del Gobierno, los avances de la aplicación de la ley: la situación de pobreza de los desplazados. De acuerdo con el documento, la pobreza extrema en los 6.044.000 víctimas de este flagelo pasó del 74% al 33% y la pobreza, en general, del 97% al 63%.

Y es que esa cifra, sumada a otros diagnósticos como el que se ha hecho a través del Plan de Atención, Asistencia y Reparación Integral de las Víctimas (PAARI) le permitieron al Gobierno firmar un decreto que abre la segunda etapa de la Ley 1448 de 2011. Se trata del decreto 2569 de 2014, que cambia tres aspectos claves de la Ley y que apunta a que, paso a paso, se vayan modificando las políticas asistencialistas por otras que pasen a garantizar plenamente los derechos de las víctimas de tal manera que superen la vulneración de sus derechos y sean ciudadanos, en todo el sentido de la palabra.

El primero de los cambios introducidos por el decreto es que, de ahora en adelante, se focalizarán mejor los recursos de ayuda de emergencia para el desplazamiento. Según fuentes del ejecutivo, “hoy hay personas que ya tienen lo necesario para garantizar la subsistencia mínima, que ya se separaron de la situación de vulnerabilidad o que están listas para recibir la indemnización administrativa, y siguen recibiendo desembolsos como ayudas de emergencia”. Eso se acabó.

Con esto, dicen en el Gobierno, será posible que los recursos para las ayudas de emergencia se focalicen en quienes han padecido recientemente el desplazamiento o en quienes, por una circunstancia particular como una discapacidad, pese a haber sido victimizados hace ya largo rato, no han podido consolidar unas condiciones mínimas de vida digna. Eso sí, quienes dejen de percibir la atención humanitaria serán priorizados para recibir la indemnización que estipula la propia Ley de Víctimas.

El otro aspecto que cambiará tiene que ver con que, de ahora en adelante, las entidades del orden nacional involucradas en la ejecución de la Ley serán sometidas a un proceso de “certificación”. Es decir, aquellos ministerios o dependencias que no giren a los municipios o no ejecuten los programas específicos de víctimas, serán señaladas por la Unidad de Víctimas y Planeación Nacional, ante el propio presidente, como “las incumplidas”, por llamarlo de alguna manera. Es decir, se da un paso hacia la “descentralización” de la ley, garantizando que haya un sistema de control sobre los recursos que llegan a las regiones.

Por último, pero no menos importante, pues de ello depende en buena medida que se cumplan las condiciones anteriores, está que el Estado asume el PAARI como el sistema de medición para saber “en tiempo real”, cuál es la situación de las víctimas. Es decir, la Unidad de Víctimas, que ya ha aplicado este diagnóstico sobre cerca de 470.000 hogares, cubriendo a cerca un 1,330.000 personas, se compromete a medir, en un plazo de un año, la situación exacta de los más de seis millones de desplazados.

De acuerdo con la Unidad de Víctimas, este decreto marca el comienzo de una nueva etapa de la Ley 1448. Con un diagnóstico claro de la situación de las víctimas, la integración de las distintas entidades responsables de su atención y el empoderamiento de los propios afectados por el conflicto, será posible cumplir con más celeridad el objetivo de haber reparado a todas las víctimas en 2021, como prometió Santos. Pero sobre todo, con la claridad de que, antes que entregar un cheque, el Estado debe haber acompañado un proceso en el que la indemnización sea el colofón de un proceso en el que la víctima asuma la dignidad ciudadana que le quitaron los violentos.

 

[email protected]