Empieza la Ley de Garantías

La norma, que busca la igualdad electoral, entra en vigencia hoy, a 17 días de que el presidente Juan Manuel Santos anuncie si aspira a un segundo mandato.

El presidente Juan Manuel Santos en el municipio de Galapa, Atlántico. / SIG

La Ley de Garantías, expedida en el año 2005 para grantizar el principio de igualdad entre candidatos que aspiran a cargos de elección popular, entra en vigencia hoy. La fecha la recordó el jueves la procuradora delegada María Eugenia Carreño, cuando contestó una consulta que en días pasados le elevó el Ministerio de Vivienda sobre la entrega de casas de interés prioritario. Carreño se apegó a la ley y dijo que desde el 9 de noviembre empieza la restricción para gobernadores, alcaldes, secretarios, gerentes y directores de entidades descentralizadas y, por lo tanto, no pueden celebrar convenios interadministrativos para ejecutar recursos públicos ni inaugurar obras publicas donde participen candidatos (ver los recuadros para conocer todas las restricciones).

Es decir, el programa de vivienda del Gobierno debe congelar la contratación de nuevos convenios y limitarse a entregar lo que ya está acordado. “La Ley de Garantías (electorales) no puede impedir que el presidente siga ejerciendo la Presidencia de la República, sería absurdo, sería totalmente contraproducente”, criticó ayer el presidente Juan Manuel Santos desde Bucaramanga.

Lo cierto es que la estrategia que existe en Palacio, a partir de la fecha y hasta el 25 de noviembre (el plazo para que el presidente Santos anuncie su eventual reelección), es que mientras Santos no sea candidato podrá inaugurar obras y entregar sus casas en todo el país, acompañado de alcaldes y gobernadores, que se limitarán a aplaudir. Esto a pesar de la suspicacia de quienes creen que estos eventos televisados son actos proselitistas con un claro discurso reeleccionista. Por lo pronto, en Presidencia el lema es “no hay tiempo que perder”, por eso antes del 25 de noviembre habrá maratón de entrega de colegios y bibliotecas en 19 departamentos, y de tecnología, con la entrega de 400 puntos de internet en zonas rurales.

Prohibiciones al presidente o vicepresidente candidato

Esta restricción rige a partir de que el presidente o vicepresidente manifieste su voluntad de reelegirse (el plazo se vence el 25 de noviembre) y prohíbe la asistencia a actos de inauguración de obras públicas. Tampoco pueden entregar personalmente bienes estatales, recursos estatales, dineros del erario o donaciones de terceros. A su vez, no pueden referirse a candidatos o movimientos políticos en disertaciones o presentaciones que hagan como jefes de gobierno. Finalmente, no pueden utilizar en la publicidad del Estado sus logos ni los bienes del Estado para su campaña.

Prohibiciones a alcaldes y gobernadores

Cuatro meses antes de cualquier elección (presidencial, Congreso, autoridades locales, atípicas), gobernadores, alcaldes, secretarios, gerentes y directores de entidades descentralizadas a nivel territorial no podrán celebrar convenios interadministrativos para ejecución de recursos públicos, participar o promover reuniones de carácter proselitista, destinar recursos públicos a reuniones proselitistas, inaugurar obras publicas donde participen candidatos o sus voceros, utilizar bienes muebles o inmuebles para actividades de carácter público, modificar nómina, excepto faltas definitivas.

Restricciones a servidores públicos

A todos los funcionarios se les aplican las mismas prohibiciones con el fin de evitar que utilicen las instituciones estatales o los recursos públicos para favorecer a determinado candidato o grupo político. De esta manera los funcionarios estatales no pueden presionar a sus subalternos para que respalden campañas políticas ni a candidato alguno; como tampoco pueden difundir ni publicitar propaganda electoral. Para evitar que quienes ocupan altos cargos públicos los utilicen en favor de algún candidato o campaña, se les prohíbe apoyar ascensos, promociones o bonificaciones. A la vez, hay limitantes para ofrecer o entregar beneficios mediante obras o acciones administrativas a comunidades, pues existe el riesgo de que se haga con el fin de influir en la intención de voto de la ciudadanía.

Prohibiciones a entidades estatales

Las restricciones a todas las entidades estatales se inician cuatro meses antes de las elecciones presidenciales, programadas para el 25 de mayo de 2014. Sin embargo, en el caso en el que el presidente de la República busque reelegirse, éstas se aplican a partir del 25 de noviembre sólo para el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

La ley establece que no se pueden aumentar los recursos para publicitar programas de gobierno ni para propaganda política. También se suspenden los cambios en las nóminas, excepto en casos de faltas definitivas, muerte, renuncia irrevocable o aplicación de las normas de carrera.

De igual forma, se suspende la contratación directa por parte del Estado, salvo en ámbitos de seguridad y defensa del Estado, crédito público, emergencias educativas, sanitarias o desastres naturales; reconstrucción de infraestructura en casos de emergencias o los gastos que realicen entidades sanitarias u hospitalarias.