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Contratos transparentes

En busca del fin de la contratación a dedo: tercer punto de la consulta anticorrupción

La consulta anticorrupción, que básicamente intenta atacar la corrupción desde las diferentes vías por las que se ha sostenido por décadas en el país, tiene todo un punto dedicado a combatir las manipulaciones en los procesos licitatorios y anular la famosa contratación con pliegos “sastre” o “a la medida”.

Archivo iStock

Pareciera bastante lógico que el Estado, en los procesos de selección de ejecutores para sus proyectos, eligiera sus contratistas a través de concurso de méritos, y así, todo aquel que tuviera en sus manos dineros públicos para materializar obras o programas de gobierno sería el más capacitado para hacerlo. Sin embargo, es claro que eso no sucede en Colombia.

Por el contrario, se ha convertido en una práctica común contratar a dedo, es decir, adjudicar sin ningún criterio objetivo millonarios acuerdos en los que, finalmente, está de por medio el dinero de todos los colombianos. No es de extrañar que, partiendo de esta falta de control y transparencia desde el inicio de un contrato, se desaten prácticas corruptas en varios niveles cuyas consecuencias van desde una evidente ineficiencia en la ejecución hasta los innumerables argumentos que van detrás de la repetida frase “esa platica se perdió”.

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Por ello, la consulta anticorrupción, que básicamente intenta atacar la corrupción desde las diferentes vías por las que se ha sostenido por décadas en el país, tiene todo un punto dedicado a combatir las manipulaciones en los procesos licitatorios y anular la famosa contratación con pliegos “sastre” o “a la medida”.

¿Cómo lo hará? Lo que propone el tercer mandato de este mecanismo de participación ciudadana es aplicar de forma obligatoria los pliegos tipo para todas las entidades públicas y territoriales y en todos los contratos con recursos públicos. Estos documentos establecen condiciones estandarizadas, así como factores técnicos y económicos de escogencia, de conformidad con cada modalidad de selección, y la naturaleza y cuantía de los contratos estatales. En resumen, evitan que los requisitos de determinada contratación pública sean ajustados a contratistas específicos, amañe que carga con intereses tanto de parte de funcionarios como de interventores y empresas privadas.

“El tercer punto busca prohibir y dirigir partidas y contratar a dedo. Lo que quiere es reducir los márgenes para que se maneje así el dinero público y establecer condiciones uniformes de oferentes que amplían la posibilidad de competencia y estimulan la transparencia”, explicó Angélica Lozano, senadora de la Alianza Verde y promotora de la consulta, en el pódcast El Despertador, realizado por este medio.

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Lo que sucede, ejemplificó Lozano, es que, “digamos, el Estado tiene un proyecto de infraestructura y debe construir una carretera, pero para esto indica que necesita una empresa que use buldózeres de energía solar. Aunque existan miles de posibles contratistas objetivamente capacitados que cuentan con buldózeres, sólo podrá entrar a participar en la licitación la única empresa que cumple con esa condición específica”. De esta manera, los pliegos sastre terminan descartando a la mayoría y dejando en las manos de “un fulano conocido”, como dijo la senadora, el manejo y la ejecución de los recursos del Estado.

Dicha medida evitaría situaciones como las registradas en el Observatorio de Contratación de 2017, publicado en febrero de este año y realizado por la Cámara Colombiana de la Infraestructura, que dejó en evidencia que, por ejemplo, en los municipios, el 85 % de los procesos del año pasado fueron adjudicados a únicos oferentes habilitados, y en los departamentos, el 64 % de ellos.

Ante estas tasas, la entidad mencionada insistió en la creación de pliegos tipo para los contratos públicos de infraestructura de orden nacional, ley aprobada por el Congreso y promulgada hace siete meses por el entonces primer mandatario, Juan Manuel Santos, pero que todavía no ha sido reglamentada. Además de evitar la corrupción a la hora de confeccionar los procesos licitatorios, la pluralidad de oferentes que permitirá la Ley 1882 de 2018 fue otro de los cambios más celebrados por las autoridades del gremio.

De hecho, de dicha norma nace un mito que rodea este mandato, que indica que es innecesario, pues la medida “ya existe”. Y sí, existe la norma, pero sólo para contratos que tienen que ver con infraestructura y para obras nacionales. Por otro lado, Colombia Compra Eficiente tiene unos formatos voluntarios para cada una de las modalidades contractuales, pero no son de uso obligatorio. Entonces, lo que pretende la consulta es, además de convertir la utilización de los pliegos en algo ineludible, migrarla hacia todos los demás sectores, como salud o educación, y aplicarla a nivel local. “Con esto estamos extendiendo una buena práctica”, reiteró Claudia López, también impulsora del mecanismo de participación ciudadana, a este medio.

“La contratación a dedo es un problema de todos los partidos políticos y sucede en todo el territorio nacional. No respeta departamento ni nivel de desarrollo. Por supuesto, no es lo mismo un pliego tipo para municipios de sexta categoría y grandes ciudades capitales y, por lo tanto, a la hora de reglamentarse se tendrán en cuenta todos los factores. Pero el sentido es uno: eliminar la manipulación de la contratación, exigir en ella transparencia”, concluyó Lozano, reiterando que, finalmente, serán los colombianos quienes decidan el próximo domingo si se le da luz verde a esta medida.

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Paulina Tejada Tirado - @PauliTejadaT

Política

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