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hace 10 horas

Casi $116 billones costaría reparar a las víctimas

Una comisión integrada por Procuraduría, Controlaría, Defensoría y la Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas alertó por el aumento de la violencia asociada al conflicto y a las luchas por el control en los territorios.

La comisión recomendó al Gobierno realizar un ejercicio de planeación presupuestal “que permita avanzar de manera decidida y en un tiempo razonable”, en el restablecimiento de los derechos de las víctimas. Archivo

Advirtiendo que “son insuficientes” las metas para reparar a las víctimas que consagra el Plan Nacional de Desarrollo (PND) del gobierno de Iván Duque, una comisión interinstitucional –conformada por la Procuraduría, la Controlaría, la Defensoría y la Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas– determinó que se requieren $115,9 billones para reparar a quienes se han visto afectados por más de seis décadas de conflicto armado en Colombia.

La comisión, que se encarga de hacer seguimiento y monitoreo a la Ley de víctimas (1448) y los decretos que determinan medidas para su reparación, señaló que el número de víctimas susceptibles de indemnización es de 6’495.713 (casi la población de Bogotá), sin embargo, apenas se han indemnizado 821.836, (el 12.6%).

“En el nuevo PND se establece una meta de 1’427.777 víctimas reparadas administrativamente. Lo que significa que, habiendo terminado la vigencia de la ley, no se alcanzará a indemnizar ni al 20 % de víctimas que tienen este derecho”, advierte, precisando que solo para indemnización, vivienda, reparación colectiva y atención psicosocial se requiere un monto de $66,5 billones.

El organismo llama la atención además sobre el aumento de la violencia asociada al conflicto y a las luchas por el control en los territorios. Según precisa, solo el año pasado se registraron 130 casos de desplazamientos masivos, afectando 32.808 personas.

“Estos eventos han desbordado la capacidad de las entidades territoriales y nacionales para la atención inmediata, de emergencia y sostenibilidad de los procesos de retornos y reubicaciones, impidiendo acceder a soluciones duraderas que posibiliten la superación de la situación de vulnerabilidad de las víctimas”, indica la comisión.

Frente a las alertas tempranas emitidas por la Defensoría, se señala que en 2019 hay registro de riesgo de violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario en 15 departamentos y 25 municipios. Se evidencia además una posible afectación de 1.672 indígenas y afrodescendientes en el municipio de Litoral de San Juan Chocó, y de 69.000 en Arauquita, Fortul, Saravena y Tame (Arauca).

Por otro lado, en cuanto a reparación colectiva, la comisión concluye que “no avanza de manera contundente”, pues de los 669 sujetos reconocidos, solo 140 cuentan con un plan aprobado y apenas seis han terminado la ejecución de las medidas de reparación.

En este contexto, el organismo expresa preocupación frente a los sujetos colectivos étnicos, pues el 70 % se encuentran en el primer paso de la ruta y solamente hay 30 casos de planes integrales de reparación colectiva aprobados y en implementación. A ello se suma que el nuevo modelo Operativo de Reparación Colectiva no fue consultado con los pueblos étnicos.

A propósito, la comisión indica que entre 2018 y 2019 los recursos dirigidos a las comunidades étnicas han disminuido: en el caso de los indígenas un 34%; en un 25% para comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales, y en un 43% para el pueblo Rrom, “lo que indica un retroceso en las acciones con enfoque diferencial que afecta el seguimiento específico de los recursos”.

En cuanto al balance de la restitución de tierras y derechos territoriales, el ente sostiene que, de 121.462 solicitudes de restitución, 64 % han sido negadas por la Unidad de Restitución de Tierras.

“En relación con la sostenibilidad de la restitución, las comisiones observan con preocupación la persistencia de los fenómenos del despojo y el abandono forzado en la zona rural. Específicamente en la región del Pacífico, la Orinoquía y la región Andino-Amazónica, las dinámicas violentas se derivan del fenómeno de la deforestación y posterior desarrollo de actividades destinadas al cultivo de coca, cultivos agrícolas industriales, ganadería extensiva y explotación minera”, concluyen.

Ante este panorama, la comisión recomienda al Gobierno efectuar un ejercicio de planeación presupuestal “que permita avanzar de manera decidida y en un tiempo razonable”, en el restablecimiento de los derechos de las víctimas.

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2019-08-06T17:42:18-05:00

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-Redacción Política ([email protected])

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Casi $116 billones costaría reparar a las víctimas

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