Así será el proyecto que busca ampliar inhabilidad a funcionarios que quieran ser presidentes

En marzo llegaría una iniciativa para que personas que hayan sido fiscal, procurador o contralor no puedan aspirar a la Presidencia sino cuatro años después de terminadas las labores en sus cargos.

De aprobarse discutirse y aprobarse este proyecto con celeridad, en 2022 no podrían aspirar a la Presidencia de la República personas como el exfiscal Néstor Humberto Martínez, el procurador Fernando Carrillo o el contralor Carlos Felipe Córdoba.
De aprobarse discutirse y aprobarse este proyecto con celeridad, en 2022 no podrían aspirar a la Presidencia de la República personas como el exfiscal Néstor Humberto Martínez, el procurador Fernando Carrillo o el contralor Carlos Felipe Córdoba. Archivo El Espectador

En junio de 2019 se hundió en el Congreso de la República un intento de reforma a la justicia que fue impulsada desde el partido del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, Cambio Radical. Sin embargo, un elemento que esa iniciativa contenía será la idea principal de un nuevo proyecto que se presentaría en marzo próximo, cuando se inicien las sesiones ordinarias en el Capitolio, y que buscará extender el tiempo inhibitorio para que un funcionario público que deja un cargo específico pueda aspirar a uno de elección popular. Por ejemplo, como presidente. 

El néctar de lo que será el nuevo proyecto de acto legislativo fue incluido en dicha reforma a la justicia por los senadores Germán Varón Cotrino, de Cambio Radical, y Antonio Sanguino, de la Alianza Verde, y consistía en una modificación de los incisos cuartos, quinto y sexto del artículo 126 de la Constitución.

La propuesta señalaba específicamente: “Quien haya ejercido en propiedad alguno de los cargos de la siguiente lista no podrá ser reelegido para el mismo. Tampoco podrá ser nominado para otro de estos cargos, ni ser elegido en un cargo de elección popular, sino cuatro años después de haber cesado en el ejercicio de sus funciones”.

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Los cargos en cuestión son el de magistrado de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, del Consejo Superior de la Judicatura, de la Comisión de Disciplina Judicial, consejero del Consejo Nacional Electoral, fiscal general de la Nación, procurador general de la Nación, Defensor del Pueblo, contralor general de la República o registrador nacional del Estado Civil.

La legislación actual señala que ninguna de las personas que ostentan o hayan ostentado estos cargos podrán aspirar a cargos de elección popular, sino hasta un año después de dejarlo. Es decir, la iniciativa ampliaría la inhabilidad por tres años más. El mensaje el claro y prevé un tiempo de “enfriamiento” de los exfuncionarios antes de entrar a hacer política y que, además, desde estos cargos se evite al máximo su utilización para fines electorales.

El senador Varón Cotrino le explicó a El Espectador que con esta propuesta, en caso de ser aprobada, no podrían aspirar ni el actual procurador, registrador, contralor o defensor del Pueblo. Tampoco podría hacerlo, por ejemplo, el exfiscal Néstor Humberto Martínez, quien renunció a su cargo como cabeza de la Fiscalía el 15 de mayo de 2019.

Si bien no está en los mismos términos, esta idea también va en la línea de una de las recomendaciones que entregó la organización Transparencia Internacional para combatir la corrupción en el más reciente Índice de Percepción de Corrupción 2019, en el que propone que los servidores públicos no hagan un salto rápido hacia la empresa privada u otros sectores de la economía, por ejemplo. Esta iniciativa busca básicamente lo mismo, pero hacia cargos de elección popular.

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2020-01-23T19:49:58-05:00

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-Redacción Política ([email protected])

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