Entre discursos y hechos de paz

Humberto de la Calle reconoció que con lo del Cauca la guerrilla incumplió su palabra y lastimó la confianza. Las Farc dicen que mantendrán la tregua unilateral indefinida y que hay que persistir en las conversaciones.

Humberto de la Calle, en su intervención ayer ante la prensa en La Habana. Al lado, el general (r) Jorge E. Mora. /EFE
La crisis que hoy atraviesa el proceso de paz de La Habana sólo deja una conclusión: se acabó el combustible de los discursos y se requieren hechos concretos que demuestren que la negociación es necesaria para la sociedad colombiana. Ayer, al término del ciclo 35 de diálogos en Cuba, la delegación de la guerrilla —al margen de sus habituales justificaciones y reclamos al Estado por los hechos sucedidos la semana pasada en Buenos Aires (Cauca)— reiteró su disposición a mantener el cese unilateral del fuego por tiempo indefinido. No obstante, del lado del Gobierno, el divorcio con un sector de las Fuerzas Militares es evidente.
 
Aunque voceros del Ejecutivo han querido restarle importancia a los abucheos del que ha sido blanco el presidente Juan Manuel Santos, el domingo durante la carrera “Por los héroes caídos” en Bogotá y ayer a su llegada a la asamblea de Proantioquia en Medellín, no cabe duda que las silbatinas acompañadas de arengas contra las Farc demuestran el malestar de la ciudadanía y de la Fuerza Pública frente a la incertidumbre de La Habana. El episodio del domingo viene antecedido además por diversas manifestaciones de los militares retirados desde el momento en que se le quiso dar otro rol al general (r) Jorge E. Mora, que constituye la prenda de garantía de los uniformados en la mesa de diálogo.
 
Si bien ayer las Farc recalcaron que el proceso de paz “no puede romperse por ningún motivo” y se debe “persistir en las conversaciones”, en la misma declaración dejaron entrever su insistencia en un cese bilateral del fuego. Y es precisamente este punto el que enciende las alarmas. Para tratar de equilibrar los anuncios de la guerrilla respecto al desescalamiento del conflicto, el presidente Santos apeló a la suspensión de los bombardeos. Y ese fue también el nudo de la discordia. Tanto así que en medio de la crisis de la última semana por la muerte de 11 militares en el Cauca, le tocó ordenar el reinicio de los bombardeos.
 
Entre los analistas del conflicto armado hay coincidencia en reconocer que la ofensiva aérea cambió el curso de la guerra. Por eso, si bien la decisión de no atacar por esa vía los campamentos guerrilleros fue una respuesta al cumplimiento de la tregua por parte de las Farc, en aras de humanizar la guerra, después de lo que ocurrió en Cauca, al presidente se le vino en contra su concesión, al punto de que se convirtió en el caballito de batalla de la oposición uribista. En el fondo de la postura del Gobierno y la subversión prevalece la misma dificultad: mientras no se establezcan mecanismos claros de verificación de cualquier forma de desescalar la guerra, todo vuelve a ser discurso oficial o guerrillero.
 
En ese tire y afloje, con calendario electoral a bordo, es claro que la política se mueve al vaivén de ganar el favor de la tropa y de aquellos sectores que defienden la estabilidad de las Fuerzas Armadas. Hoy se radicará en el Congreso un proyecto de ley que fija en cinco años de prisión la pena máxima para militares implicados en delitos por razones del servicio, promovido por el expresidente Álvaro Uribe y el Centro Democrático. Una forma de adelantársele a la mesa de diálogo, donde no se sabe aún si habrá justicia transicional ni cómo van a quedar las cargas judiciales para guerrilleros y militares.
 
Ayer, con su reiterada postura, la delegación de las Farc recordó las palabras de su comandante Timochenko cuando manifestó que “cada vez el Gobierno parece más empeñado en reducir los alcances del proceso de paz a la aceptación de condenas y penas por parte de los mandos guerrilleros”. En esta ocasión lo hizo para advertir que la sociedad debe tener claro que no será posible la firma de ningún acuerdo si se persiste en que el final del proceso es conducir a la insurgencia a los tribunales. Una especie de ultimátum alrededor del tema crucial del proceso: qué hacer con la justicia y sus exigencias.
 
Del lado oficial, el Gobierno insiste en que aquellas concesiones judiciales que se den a la guerrilla serán también para los militares, situación a la que se oponen desde el uribismo hasta el procurador, Alejandro Ordóñez, que consideran que ello implica “nivelar a soldados y policías con el terrorismo”. Desde la otra esquina, las Farc, con su tesis de cero cárcel, plantean una igualdad jurídica que pasa por los pactos internacionales de derechos humanos. Ese es el verdadero meollo de la discusión. Por eso la mesa entró en una especie de estancamiento y ni siquiera ha podido evacuar el tema de víctimas.
 
Entretanto, las negociaciones se tambalean cada vez que regresa el “macabro rostro del conflicto”, como lo resaltó ayer el jefe de la delegación del Gobierno en Cuba, Humberto de la Calle. La reacción de la gente en sus abucheos al primer mandatario es comprensible. También los reclamos de los sectores de la oposición, a pesar del aprovechamiento propagandístico del dolor de las víctimas. Así como lo que le plantean las Farc desde su perspectiva insurgente. Todo hace parte de la dialéctica de los discursos. Una razón más para reconocer que, sin hechos de paz, con las tensiones políticas de hoy, el proceso está en riesgo cada día.
 
De la Calle reiteró también que después de los hechos del Cauca se ha lastimado la confianza de la negociación y que la única forma en que un cese del fuego puede ser exitoso es con verificación. Lo demás sigue siendo un deber ser rodeado de buenos sueños para los nietos de las actuales generaciones. Pero las razonadas críticas contra las Farc son tan importantes como el reconocimiento de que algo anda mal en las relaciones entre el Ejecutivo y las Fuerzas Armadas. Nadie tiene la solución, pero tarde o temprano, cuando se sepa cómo quedará saldada la justicia, será posible empezar a intuir la luz del posconflicto al final del túnel.