“Lo de la silla vacía fue mala leche y propaganda sucia”: Rafael Guarín

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El consejero de Seguridad del Gobierno Nacional dice que no es crítico sino franco con la alcaldesa Claudia López, propone una ley antivandalismo y asegura que lo sucedido en Bogotá fue terrorismo.

¿Cuál es el análisis que hace el Gobierno frente a lo sucedido en Bogotá la semana pasada, con los hechos vandálicos y los ataques a los CAI?

Se trató de un ataque planificado, coordinado, sistemático y desplegado con capacidad de violencia a gran escala, que se tradujo en el incendio de cuarenta CAI, 29 más vandalizados, 62 carros y 149 motocicletas afectadas. Fueron heridos 294 policías, tres de ellos por arma de fuego y una joven agente fue apuñalada. La gran escala de estos ataques, sin antecedente reciente, y su relación con miembros de grupos armados organizados, los convierten en actos de terrorismo de baja intensidad. Lamentablemente, murieron ocho ciudadanos y 258 más heridos.

El Gobierno responsabiliza al Eln y a las disidencias, ¿qué pruebas tiene?

La información de inteligencia es abundante y la actuación de la administración de justicia en diversos casos demuestra que tanto el Eln como las disidencias de las Farc tienen el propósito no solo de llevar a cabo acciones de terrorismo de gran magnitud, como el carro bomba de la Escuela General Santander, que asesinó a 22 jóvenes cadetes de la Policía, sino que impulsan una estrategia de acción violenta no armada (al menos con armas de fuego) en la ciudad. Esto no es nuevo, es resultado de un largo proceso de aprendizaje y desarrollo de capacidades para llevar a cabo acciones de esta gravedad, que incluye la convergencia con otros grupos radicales y extremistas, colectivos barriales. La Fiscalía ha efectuado varias capturas que lo comprueban.

Si es así, que el Eln y las disidencias son las responsables y tienen esa capacidad, ¿no cree que en algo se está fallando por parte de los organismos de inteligencia del Estado al no tener previstas acciones para contrarrestar este tipo de hechos?

A la inteligencia le corresponde alertar sobre las intenciones delictivas. Eso se ha venido cumpliendo. La cuestión acá es que el Estado en su conjunto debe prepararse mejor ante esa nueva amenaza, en diversos campos, no solo en lo operativo sino en la administración de justicia. Por ejemplo, la impunidad rodea a quienes pretenden quemar vivos policías, incendiar CAI y atentar contra la vida e integridad de los miembros de la fuerza pública. De 315 capturados en los eventos del 9, 10 y 11 de septiembre, solo tres fueron objeto de medida de aseguramiento, ninguno de ellos en Bogotá. Esa situación estimula la repetición de actos criminales. Por otro lado, los hechos demuestran que se requiere más Esmad para atender situaciones como esa. Y ciertamente, la inteligencia debe focalizar mucho mas su acción para atender este nuevo escenario de confrontación. Nuestra inteligencia ha sido de las mejores del mundo para golpear estructuras armadas. Hoy estamos en un escenario distinto y su trabajo debe articularse estrechamente con la investigación criminal y la función de la Fiscalía General de la Nación y de los jueces.

¿No es ilógico pensar que los elenos y las disidencias ataquen con piedras y palos?

Para nada. En este nuevo escenario de confrontación urbana, es más efectivo un hombre desarmado que uno armado. Se desborda con violencia, pero sin armas de fuego, a unidades de policía y se les pone en una situación muy difícil, quienes tienen que asumirla, al menos en principio, sin usar las armas. Es convertir la debilidad en fortaleza. Es un salto estratégico de estos grupos. Esa violencia, que alcanza a ser terrorismo de baja intensidad, es una herramienta hoy más efectiva para esos delincuentes que los carros bomba. Es la reedición de la vieja estrategia Kale Borroka de Eta en el País Vasco. Lo que vemos es una estrategia sofisticada de coacción a la sociedad, desborde de las instituciones y quiebre del Estado de derecho.

Usted ha sido muy crítico de la alcaldesa Claudia López. En un trino, dijo que contribuía a incendiar a Bogotá al estigmatizar a todos los policías como violadores de derechos humanos. ¿No será que la pérdida de confianza en la Policía va más allá y tiene que ver con los videos de agentes disparando a la gente y con otros hechos, como policías envueltos en microtráfico o en otros actos delictivos?

Crítico no, franco. La alcaldesa es la primera autoridad de policía en la ciudad. No se puede estigmatizar a los policías y convertir a la institución en un aparato criminal por una acción deplorable y canalla, como fue el asesinato del ciudadano Ordóñez, por parte de dos individuos que actuaron no como policías, sino como criminales. En Bogotá se efectúan al día 13.293 procedimientos de policía, al mes son 404.338 y al año, 6’452.056, casi seis millones y medio. Frente a esa cantidad de intervenciones de la Policía, algunos inaceptables actos de sus miembros, por graves que sean, no pueden ser razón para calificarla como un aparato delictivo. Por supuesto, que los abusos de autoridad son extremadamente graves y solo la justicia rigurosa y la no repetición subsanarán las heridas en la confianza ciudadana.

¿Al fin quién tiene el mando de la Policía en Bogotá y en las ciudades del país: el alcalde, el comandante respectivo o el Gobierno nacional?

Para el Gobierno y el ordenamiento jurídico, la alcaldesa es la autoridad de policía en Bogotá.

Hay videos de los excesos de algunos policías. ¿Está fallando la pedagogía frente al respeto de los derechos humanos en la institución?

Los protocolos de acción de la Policía corresponden a los estándares internaciones y el currículo de capacitación también, pero, en materia de formación en derechos humanos, todo lo que sea haga adicional nunca sobra. Siempre es importante. La política marco de convivencia y seguridad ciudadana tiene como eje de la actuación de la Policía el respeto por los derechos humanos.

¿El Gobierno cierra la puerta definitivamente a una reforma estructural a la Policía? ¿Cómo recuperar la confianza perdida?

La reforma estructural aparece en la política marco de convivencia y seguridad ciudadana, que se presentó en diciembre pasado por parte del presidente Iván Duque. Está en marcha. Es un auténtico revolcón a la policía de vigilancia, orientado a lograr su profesionalización, garantizando que los mejores hombres y mujeres de la institución cumplan esa labor. Se condicionan los ascensos a haber hecho parte de la policía de vigilancia con buenos resultados y conducta irreprochable. Y se cambia el modelo de los cuadrantes por un modelo de vigilancia y control del espacio público. La confianza de la ciudadanía es objetivo central de esa transformación institucional.

Muchos hablan de una Policía desmilitarizada y con vocación civil, ¿le suena?

Los policías de vigilancia no tienen entrenamiento militar. Eso es puro cuento y desinformación. Hay unidades pequeñas y especializadas que tienen un entrenamiento para actuar en situaciones extremas de combate. Son excepcionales y la razón es que actúan en áreas de narcotráfico, donde deben estar preparadas para enfrentar a estructuras armadas del Eln, el Clan del Golfo y las disidencias de Farc. Nuestra policía de vigilancia es civil, no militar.

¿Y qué piensa de la idea de que la Policía pase al Ministerio del Interior? ¿Qué han analizado al respecto?

La calentura no está en las sabanas. Es como cambiar el sofá para terminar la infidelidad. Llevar la Policía al Ministerio del Interior es abrir un espacio a que se interfiera por intereses partidistas. Ese ministerio es el de la política. En Colombia eso fue fatal. Hay que preservar la integridad de la Policía y asegurar que, respetando sus roles y misiones, trabaje de forma articulada con las FF. MM. para garantizar la seguridad de los colombianos.

¿Qué opina de las propuestas que plantean poner restricciones al uso de la “tonfa” o pistolas Taser?

Las armas no letales se requieren, al igual que policías bien preparados para su empleo y en condiciones físicas y mentales para usarlas. Dichos elementos cumplen los estándares internacionales de protección de los derechos humanos. El adecuado uso de un arma no letal protege la vida e integridad de una persona.

Si el Gobierno nacional o la Alcaldía le dan la orden a la Policía de no disparar, ¿la Policía puede actuar de manera autónoma?

El uso del arma de dotación es la última opción, depende de las condiciones de tiempo, modo y lugar y debe evaluarse caso a caso. Es una decisión que corresponde a cada policía y debe regirse por las restricciones impuestas por el ordenamiento jurídico y el respeto a los derechos humanos. Quien actúa por fuera de ese marco asume las consecuencias disciplinarias y penales que corresponden.

Ya hay una lista de quienes instigaron los hechos vandálicos en Bogotá y la quema de los CAI, pero ¿qué va a pasar con los uniformados que dispararon sus armas de fuego?

La orden del señor presidente es de absoluta transparencia y de brindar todo el apoyo que requieran la Fiscalía y los organismos de control para establecer la verdad. Para eso pidió a la consejera de Derechos Humanos, Nancy Patricia Gutiérrez, y a mí hacer un acompañamiento a las investigaciones de la Policía. Por otra parte, se investiga a 58 uniformados por uso de armamento o pérdida de munición y se entregaron 37 armas de fuego de miembros de la Policía al Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, para que se efectúen las pruebas balísticas correspondientes. Eso es clave para esclarecer si con alguna de ellas se atacó a las personas heridas y muertas el 9 de septiembre. Si hubo mal proceder, quienes primero exigen sanciones efectivas son el Gobierno nacional y la Policía.

Muchas personas, sobre todo familiares de las víctimas, se sintieron ofendidos al ver al presidente Duque vestido de Policía, rindiendo homenaje a la institución, ¿qué decirles a quienes sufrieron la pérdida de un ser querido?

El presidente ha estado pendiente de las familias de quienes murieron y de que se realicen investigaciones judiciales independientes que hagan justicia. El homenaje a nuestros policías y soldados debe ser permanente, son héroes de Colombia. Así como se debe sancionar a quienes actúan al margen de la ley, se debe exaltar a quienes con gran sacrificio trabajan por la seguridad de todos. Colombia les debe mucho a nuestros policías, por eso salieron ciudadanos espontáneamente a arreglar los CAI y saludar con afecto a los agentes. A veces se olvida que la integridad y la vida de un policía valen tanto como las de cualquier otro ciudadano.

¿El Gobierno cree que hubo mala intención por parte de la Alcaldía en el episodio de la silla vacía?

En mi opinión personal, mala leche, mala condición y ánimo de propaganda sucia, usando a las víctimas para hacer politiquería. Vergonzoso.

Las tensiones entre el Gobierno y la Alcaldía de Bogotá son evidentes. ¿No cree que es desafortunado actuar por separado en un momento como este?

El Gobierno ha dado todo el apoyo a la alcaldesa, no solo en temas de orden público, sino para atender la pandemia. Lamentablemente, la respuesta es más de permanente campaña electoral que de responsabilidad ante asuntos tan graves. Insistiremos en ayudar a la Administración Distrital, es nuestra obligación, pero también en decir las cosas cuando se proceda con deshonestidad.

¿Usted cree que todo lo sucedido ha sido utilizado por la oposición para tratar de sacar réditos políticos?

Siempre.

¿Se les va a hacer seguimiento a quienes supuestamente desde las redes sociales se dedicaron a instigar los hechos vandálicos?

Lo que se que se necesita es una revisión detallada y juiciosa de la legislación y los procedimientos judiciales para enfrentar acciones de violencia urbana a gran escala. No puede ser que estos individuos tengan esa capacidad de destrucción, sean capturados delinquiendo y se vayan contentos para la casa. Las redes sociales no pueden seguir siendo espacio para instigar y coordinar esa violencia.

Lo he oído hablar de una ley antivandalismo, ¿cómo sería?

A eso me refiero. Hay que abrir el debate. Una estrategia de violencia a gran escala no puede responderse con la impunidad que hoy tienen los que en ella participan. Necesitamos asegurar que tengan penas severas de cárcel y medidas de aseguramiento rigurosas. Esto no es protesta, que es un derecho; es violencia, que es un delito. En España, sucesos tan graves como los del 9 de septiembre son objeto de los jueces de la Audiencia Nacional y son considerados terrorismo. Eran parte de la estrategia de Eta. Acá debemos dejar de creer que son simples personas extraviadas y darnos cuenta de la gravedad de la amenaza a la seguridad y a los derechos de todos.

¿Cómo va la revisión de la estrategia de seguridad del Gobierno? ¿En qué cree que se está fallando? Porque siguen las masacres y los asesinatos de los líderes sociales y comunitarios…

La mayoría de masacres están asociadas a la disputa por las economías ilícitas y a la acción de los grupos armados organizados. Cuatro años después de la firma del Acuerdo de La Habana, es claro que el problema no eran tanto las Farc sino las economías ilícitas. Las mismas que hoy reproducen aparatos criminales y violencia que afecta a nuestros líderes sociales. Continuamos recorriendo el país haciendo la revisión estratégica. Se adelanta, con el liderazgo directo del presidente Duque, un examen con el fin de fortalecer tres cosas: protección de la población, disrupción de economías ilícitas y desarticulación de estructuras armadas. Hemos avanzado en la línea correcta, pero debemos fortalecer más la judicialización, la investigación criminal y la capacidad para contar con más cupos carcelarios.

¿Qué son las Zonas Futuro y dónde se van a implementar?

Es la estrategia de focalización de recursos del Gobierno nacional para acelerar los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, fortalecer la protección de la población y transformar estructuralmente los territorios. Es la herramienta principal de la visión de seguridad multidimensional del Gobierno, que apunta a resolver los vacíos de institucionalidad o la precariedad de la misma, lo cual es considerado la más grave amenaza a la seguridad nacional. Están ubicadas en Catatumbo, Pacífico nariñense, Arauca, Chiribiquete y Parques Nacionales Naturales aledaños, Bajo Cauca y sur de Córdoba. Comprende 1.149 veredas de cincuenta municipios. Atienden no solo a las economías ilícitas y sus graves efectos de violencia, sino a proteger el agua, la biodiversidad y el medio ambiente, interés nacional principal y prevalente del país.

Hay quienes dicen que la seguridad se ha deteriorado en el país en el gobierno Duque...

Avanzamos en la línea correcta. Hay una general reducción de los delitos de alto impacto, entre ellos el homicidio y el secuestro. Se siguen dando golpes importantes a estructuras criminales en diferentes regiones del país, se ha logrado disminuir substancialmente las hectáreas de coca y la deforestación. Este país tiene aún muchos desafíos y problemas estructurales que buscamos resolver y que tienen relación directa con la seguridad. No es más tropa y más tropa; es más Estado, más mercado y más derechos para la gente. Eso requiere tiempo. Avanzamos bien.

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