Equilibrio de poderes, a la recta final

El Gobierno fracasó en su intento de imponer las listas cerradas. Las mayorías se impusieron y seguirá vigente el voto preferente.

La plenaria del Senado aprobó la columna vertebral de la reforma constitucional de equilibrio de poderes.Ministerio del Interior
La plenaria del Senado aprobó, en sexto debate, la reforma de equilibrio de poderes, iniciativa considerada por el Gobierno como la fórmula para enfrentar la crisis en la Rama Judicial, generada por la politización y los escándalos de trascendencia penal de los magistrados de las altas cortes, y para reorganizar la estructura del Estado, afectada en gran medida por la reelección presidencial.

El Gobierno fue derrotado en uno de los puntos de honor de la reforma: la implementación de las listas cerradas para elecciones, que buscaba el fortalecimiento de los partidos y dejar de lado las microempresas electorales que encarnan algunos candidatos. En este tema se impusieron las mayorías y las elecciones seguirán siendo con voto preferente —el ciudadano marca por el candidato de su preferencia—. No obstante, fue aprobada la lista cremallera, que obliga la inclusión de las mujeres de forma más equitativa.

También hubo críticas al aforamiento de altos funcionarios. El ganador fue el vicepresidente Germán Vargas, quien tendrá un fuero igual al del primer mandatario. Así, aunque ejerce funciones ministeriales y maneja un presupuesto de varios billones destinados a infraestructura y vivienda, un juicio en su contra lo asumirá una comisión especial en el Congreso.

Ante la inoperancia de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, a la hora de procesar a altos funcionarios, se crea la Comisión de Aforados, que investigará a los magistrados de altas Cortes, fiscal, procurador, defensor y contralor. La Comisión acusará ante el Congreso en pleno si es por indignidad política, y ante la Corte Suprema, si es por un delito. Si de inoperancia y escándalos se trata, también está el Consejo de la Judicatura, que también será eliminado a cambio de la Comisión Nacional de Gobierno y Administración Judicial con tres niveles: Consejo de Gobierno Judicial, Junta Ejecutiva de Administración Judicial y Gerencia de la Rama Judicial.

Un tema transversal de la reforma es la eliminación de la reelección presidencial y de altos funcionarios del Estado, por eso no podrán repetir en su cargo el presidente, el defensor del Pueblo, el registrador, el fiscal, el contralor general y los magistrados.

Para evitar la politización de las altas cortes y el carrusel de nombramientos, conocido como el “yo te elijo, tú me eliges”, los magistrados no podrán pasar de una corte a otra, ni contratar, postular o nombrar a familiares o personas que hayan intervenido en su postulación para el cargo. Se aumentan requisitos, calidades y condiciones para la elección de magistrados de las cortes. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado serán elegidos por la respectiva corporación tras concurso de méritos público.

Se inhabilita, por cinco años, a los magistrados que salen de una Corte para litigar ante la misma corporación. En cambio, el fiscal genera no tendrá inhabilidad, en parte por los “buenos oficios” de su lobista Olga Claros.

Para garantizar la representación de todas las regiones del país en el Senado, se crearon circunscripciones especiales en Arauca y Casanare; Amazonas, Putumayo y Caquetá; Vaupés, Guaviare, Guainía y Vichada, y San Andrés y Providencia. Habrá silla vacía para delitos de corrupción.