Ernesto Macías y Roy Barreras enfrentados por ley estatutaria de la JEP

El senador de la U afirma que el presidente del Congreso miente, pues no firmó la norma el mismo día que llegó a su despacho sino dos meses después. Ahora la norma esta en manos del presidente de la Cámara, Alejandro Carlos Chacón.

El presidente del Senado, Ernesto Macías, y el senador Roy Barreras. Archivo-El Espectador

Un nuevo enfrentamiento se viene presentando en redes sociales entre congresistas defensores del   Acuerdo de Paz y el presidente del Congreso, Ernesto Macías. El motivo es la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz. Norma que fue aprobada por el Congreso en diciembre de 2017, y declarada exequible por la Corte Constitucional el año pasado. Sin embargo, para que entre en vigencia, la norma debe ser firmada por los presidentes de la Cámara de Representantes y del Senado. Este último la envía a la Casa de Nariño para que el presidente Iván Duque la sancione. La queja del senador Roy Barrera fue que este trámite debería tardar máximo dos días, pero, según él, el proceso ha tardado dos meses por cuenta de la demora del senador Macías en firmarla.

(Lea aquí la carta de los congresistas de la U sobre la ley estatutaría)

El senador Barreras, acompañado por 12 congresistas de su partido, enviaron el pasado miércoles una carta al presidente Duque pidiendo que se sancione cuanto antes la ley y acusó a Macías de engavetarla con el ánimo de dilatar su sanción.  “el simple tránsito entre el Capitolio Nacional y la Casa de Nariño de cualquier ley para sanción nunca tarda más de ocho días”. Y agrega la carta: “engavetar durante un mes la ley estatutaria en la oficia del presidente del Senado, Ernesto Macías, y luego no dar razón clara de en qué lugar se encuentra, puede interpretarse como una maniobra dilatoria”. Incluso, los parlamentarios ironizan diciendo que esperan que la ley no haya sido enviada a través del correo 4-72, recordando lo que ocurrió con la carta que envió la JEP, a través de este medio, al gobierno norteamericano para solicitar las pruebas contra Jesús Santrich. Carta que aún n se sabe si llegó o no.

La carta enviada por los parlamentarios de la U produjo la respuesta del senador Macías, quien desde su cuenta en twitter afirmó que él mismo día que llegó la norma a su despachó la firmó y que al siguiente día fue enviada a la oficina del presidente de la Cámara, Alejandro Carlos Chacón. “Rechazo por injuriosa e infame la nota de 13 congresistas del Partido de la U, mediante la cual me sindican de “engavetar” la ley estatutaria de la JEP como “maniobra dilataría”. Mentiras. La firmé el mismo día que llegó a mi Despacho y de allí salió al día siguiente”, escribió Macías desde su cuenta en twitter. Más se demoró el presidente del Congreso en redactar el trino que el senador Barreras en contradecirlo. “Ley JEP lleva casi 2 meses en manos de @ernestomaciast. Firmarla dura 2 minutos. Y enviarla a Presidencia 2 días. Dice q la firmó y envió a Palacio el mismo día. Miente. Sólo la firmó 1 mes y medio después (jueves 31 enero) cuando reclamamos y aún sigue dando vueltas en el Congreso”.

El tercer interviniente en el tema es el representante liberal, Alejandro Carlos Chacón, quien informó que sólo hasta el jueves 31 de febrero llegó el articulado a la Cámara, que un día después se radicó en la Presidencia de la corporación y que sólo hasta el lunes de esta semana empezó el estudio de los textos. Incluso, fuentes cercanas a Chacón señalaron que esta semana debe quedar firmada y devuelta al Senado para que Macías proceda a hacerla llegar a la Casa de Nariño.  

En este cruce de mensajes, la representante Juanita Goebertus, de Alianza Verde, terció en la controversia afirmando que Chacón le pidió que le ayudará a comparar el texto enviado por el Senado y el fallo remitido por la Corte Constitucional. Tarea que, según la abogada tardó solo una hora. Pero más allá de los detalles procedimentales, se rumora sobre la supuesta intención del presidente Iván Duque de objetar la ley estatutaria, lo que desataría una nueva pelea de interpretaciones jurídicas, pues no existe antecedente en el país de una decisión de ese talante. Y de ser así, se provocaría un choque de trenes entre las tres ramas del poder público, además de dificultar el trabajo del Tribunal de Paz que busca punerle punto final jurídico al conflicto armado. 

(Conozca los detalles del enredo para sancionar la ley estatutaria de la JEP)