Ernesto Samper tuvo listo acuerdo para rescate del galeón San José

En 1994, no alcanzó a acomodarse en el sillón presidencial y ya estaba atrapado por el escándalo de la financiación de su campaña electoral por narcotraficantes del Cartel de Cali. Desde EE.UU., el Partido Republicano intensificó sus reclamos sobre el galeón San José, ya en un ambiente de abierto chantaje político, sabiendo que la estabilidad del gobierno colombiano dependía en gran medida de lo que se decidiera en Washington.

Explosión y hundimiento del galeón San José en 1708, tras ataque de su similar inglés Expedition, según ilustración del artista británico Samuel Scott. / Archivo
Explosión y hundimiento del galeón San José en 1708, tras ataque de su similar inglés Expedition, según ilustración del artista británico Samuel Scott. / Archivo

La influencia de los funcionarios que le escribieron fue mayor con los meses. El 20 de febrero de 1995 ya tenía sobre su escritorio tres páginas de Dan Burton, presidente del subcomité del Hemisferio Occidental, recordándole que la firma estadounidense Sea Search Armada (SSA) tenía derechos legales sobre el naufragio colonial, sus áreas aledañas y seis zonas más. Insistió con sanciones comerciales: “A mi juicio, las acciones tomadas por el Gobierno de Colombia, prohibiendo a la compañía norteamericana acercarse a su hallazgo y rescatarlo, y sus intentos por reducir el porcentaje de su propiedad, violan los términos del Andean Trade Preference Treaty (Atpa) y en consecuencia el presidente debe prohibir que se le extiendan las preferencias comerciales”.

Burton le argumenta que si su antecesor, el presidente César Gaviria, contrató durante su gobierno al cazatesoros Thomas Thompson y este verificó que el San José no está en las coordenadas denunciadas por SSA, debería permitirle ir a comprobarlo. En principio, Samper opta por el silencio, más preocupado por calmar el escándalo interno del Proceso 8.000, y el 19 de julio los republicanos, en cabeza del representante a la Cámara por el estado de Illinois, Philip Crane, Burton y Benjamim Gilman, presidente de Comité de Relaciones Internacionales, acuden al secretario de Estado, Warren Christhoper, para que haga algo. Acusan a Samper y a su embajador en Washington de no responder cartas ni llamadas, al Gobierno de amenazar a magistrados del Tribunal Superior de Barranquilla para que no decidieran a favor las demandas de SSA en busca de formalizar derechos sobre el tesoro (lo cual logró en 2007 por fallo de la Corte Suprema de Justicia) y anuncian estar respaldados por empresarios que no volverían a invertir en Colombia.

Los mismos personajes le escriben, el 29 de noviembre de 1995, al ministro de Relaciones Exteriores, Rodrigo Pardo, recordándole que se reunieron con él y con el embajador colombiano Carlos Lleras de la Fuente, el 1° de noviembre en Washington, y que esperaban soluciones al pleito, abierto en los años 80 durante el gobierno de Belisario Betancur, cuando SSA (entonces llamada Glocca Morra) fue reconocida por la Armada Nacional como descubridora del posible naufragio del San José.

El 18 de enero de 1996, quien aparece presionando es el embajador de EE. UU. en Colombia, Myles Frechette, ya constituido en el principal opositor a que Samper siguiera como presidente. Les notifica a los republicanos que habló con Pardo y que éste le prometió designar a un funcionario para el caso.

No pasó nada porque, en julio 24 de 1996, el congresista Gilman le escribe a la nueva canciller, María Emma Mejía, reclamándole acciones concretas y ella responde el 26 de agosto diciendo que en septiembre representantes del Gobierno se reunirán con voceros de SSA. Sigue el cruce de cartas hasta marzo 11 de 1997, cuando Gilman vuelve a amenazar con sanciones a Colombia en mensaje a la canciller y ella responde el 29 de abril diciendo que, como la Corte Suprema de Justicia decidió estudiar el caso del San José, el Gobierno colombiano cree “conveniente esperar por una decisión final antes de resolver definitivamente esta larga controversia”, posición que es ratificada en Washington por el embajador colombiano Juan Carlos Esguerra.

El 15 de mayo de 1997, los republicanos dejan constancia impresa en los anales del Congreso sobre la “violación de los derechos de SSA” frente a un tesoro que avalúan en “más de 2.000 millones de dólares de hoy”. El 23 de mayo, Gilman le notifica a la canciller Mejía que el Gobierno está dilatando el proceso y desde septiembre el senador que ya había pedido la renuncia del presidente Samper, el republicano Jesse Helms, entra en acción para reclamar el tesoro, denunciar que ningún funcionario se reunió con SSA y decirle al nuevo embajador en Colombia, Kurtis Kamman, que haga algo al respecto.

La presión llegó a tal punto que el abogado de SSA en Colombia, Danilo Devis, revela: “Personalmente, Ernesto Samper me contó que recibió hasta una llamada de Hillary Clinton, entonces primera dama (hoy principal aspirante a la presidencia de EE. UU.), intercediendo por una solución”.

Todo desembocó en una negociación secreta entre el gobierno de Samper, a través del abogado Luis Felipe Barrios Cadena (del bufete bogotano Michelsen, Barrios & Vélez), y SSA, representada por Devis. Barrios le propuso, el 8 de mayo de 1998: “En mi calidad de apoderado judicial de la Nación dentro del proceso de la referencia y el cumplimiento de las instrucciones impartidas por el señor presidente de la República, le informo que el Gobierno nacional se encuentra dispuesto a iniciar conversaciones tendientes a lograr un acuerdo que ponga fin a la disputa entre Sea Search Armada y la Nación que se ventila ante el Tribunal Superior de Barranquilla”.

El acuerdo era un contrato basado en la localización del San José y en dos etapas, una de búsqueda y otra de remoción y rescate. Se dejaba en claro que SSA asumía los costos operativos y que, si en el lugar no se encontraba el galeón, no podía reclamar nada más a Colombia. Si se hallaba el tesoro, primero se establecería qué bienes pertenecían al patrimonio cultural de la Nación y cuáles no y luego se establecería un sistema de avalúo. La firma norteamericana sólo recibiría pago en efectivo sobre lo que no constituyera patrimonio en proporción del 30 %, mientras que el 70 % sería para el Estado. Según Barrios, para la propuesta fue consultado el procurador general de la Nación y “manifestó que una transacción con las orientaciones ya indicadas es legalmente admisible”.

SSA respondió a la oferta el 18 de junio de 1998, en inglés y español: “Sea Search Armada ha estudiado detenidamente esa propuesta y está dispuesta a iniciar negociaciones que lleven a un acuerdo total sobre sus reclamaciones”. Adjuntó 18 consideraciones, varias técnicas, en cuanto a las reclamaciones civiles y “las áreas contractuales” y una audaz: pidió utilizar como modelo el contrato de asociación sobre petróleos que usaba el Gobierno colombiano y repartir los objetos rescatados 60 % para el Estado y 40 % para los norteamericanos, neto, libre de impuestos.

Coincidieron en acudir a peritos para valorar el tesoro y reclamaron para ellos los derechos internacionales de producciones audiovisuales o de cualquier carácter. SSA aceptó que, si no encontraban el San José, desistirían de las demandas y declararían extinto cualquier derecho suyo. En total pidió, apenas se firmara el contrato, el ingreso a Colombia de personal y equipos para trabajar en “el blanco inicialmente denunciado”, el San José, y en cinco “blancos” adicionales denunciados por ellos hasta el 16 de julio de 1985.

SSA asumiría los gastos si Colombia le ayudaba a financiar el proyecto prestando su nombre ante entidades como la Overseas Private Investment Corporation y el Banco Interamericano de Desarrollo. Y hubo coincidencia en una cláusula que recobró vigencia en el gobierno de Juan Manuel Santos con quienes le ayudaron a encontrar el galeón: “Todos los aspectos de las negociaciones serán secretos y confidenciales”. Por eso los detalles apenas ahora se conocen.

El gobierno de Ernesto Samper también se comprometía a no comunicar a terceros interesados ninguna parte de las negociaciones y menos de las coordenadas marítimas de los supuestos hallazgos, en especial a la Columbus, la firma de Thomas Thompson. Mientras tanto en el Congreso de Colombia se aprobó la Ley 397 de 1997, Ley General de La Cultura, que daba las herramientas jurídicas para actuar frente al salvamento del San José y cualquier otro galeón.

Con el acuerdo casi cocinado, Samper había ganado oxígeno y un margen de maniobra política ante el Congreso de EE. UU., pero, según Devis, las negociaciones con el jefe de Estado se frustraron porque, pocos días después de presentada la contrapropuesta de SSA, Horacio Serpa, su candidato a reemplazarlo, perdió en segunda vuelta electoral y Andrés Pastrana fue elegido presidente de Colombia.

 

* Editor dominical de El Espectador. Autor de Vivir un Mundial. Crónicas de Brasil 2014 (eLibros Editorial), James, su vida. Retrato de un país y de un héroe (Aguilar). * El galeón San José y otros tesoros será lanzado el 3 de octubre en Medellín, Universidad Eafit, en charla con Héctor Abad, y el martes 4 de octubre, en Bogotá, en la Librería Lerner del norte, en diálogo con Roberto Burgos Cantor.