“Creemos que es una maniobra dilatoria contra el proceso”. Eso es lo que piensa Juan Pablo Alvis, uno de los tres estudiantes que demandaron al presidente Iván Duque por incumplir la ley de cuotas cuando nombró a Daniel Palacios como ministro del Interior. Él, en conjunto con Juan David Díaz y Juan Mateo Lozano, emitieron una demanda contra el jefe de Estado porque en su gabinete no está conformado por por el 30 % de mujeres que dispone la ley. La solicitud la presentaron a la Sección Quinta del Consejo de Estado.
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El tribunal admitió la petición. Sin embargo, hace poco hizo caso al concepto de la Procuraduría y profirió un auto en el que dice que no es competente para conocer la demanda en primera instancia y que, por tanto, esta debe pasar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Los demandantes están en desacuerdo con la determinación.
“Luego del concepto de la Procuraduría, nosotros presentamos un memorial en el que nos opusimos a su solicitud. Sin embargo, el Consejo de Estado adoptó esa posición y transferirá el expediente para que sean ellos (el Tribunal Administrativo de Cundinamarca), quienes lo estudien y decidan sobre él. Pero no tuvieron en cuenta nuestros argumentos en contra”, expresó Alvis.
A ello agregó que lo más grave, a su juicio, es el tiempo que pasó desde que el Consejo de Estado admitió la demanda y el anuncio de enviar el proceso al otro tribunal. “Tuvo que pasar un mes y dos días para que el consejero ponente se diera cuenta de que no era competente para el caso”, insistió.
El demandante afirmó que es una “decisión absurda”. “Uno le pregunta a cualquier abogado administrativista y dicen que el competente para conocer de estos procesos en primera instancia es la Sección Quinta del Consejo de Estado”, enfatizó. Alvis se mantiene en la idea de que es una decisión venida de los cabellos y que va en contra de los precedentes que hay sobre ley de cuotas, en los que ha actuado anteriormente el Consejo de Estado para su estudio en primera instancia.