¿Es viable regular la protesta social?

Al Congreso de la República llegará un proyecto que condiciona las marchas en el país. Contempla multas de hasta $82 millones para violentos y la compra de pólizas para resarcir daños.

La propuesta impediría, por ejemplo, que las marchas lleguen hasta la Plaza de Bolívar. Mauricio Alvarado - El Espectador

Justo cuando el país completa más de 20 días de protesta social por cuenta del paro nacional —que, pese al buen comportamiento ciudadano, no ha estado exento de vandalismo y violencia—, esta semana se conoció el borrador de un proyecto de ley que pretende regular el derecho a la manifestación en Colombia. Si bien la iniciativa, de  15 artículos, reivindica la protesta como  derecho fundamental y hace énfasis en la movilización pacífica, incorpora también una serie de obligaciones y responsabilidades que se prevé levantarán ampolla. 

En el proyecto, de autoría del senador conservador Juan Diego Gómez, se advierte que cualquier manifestación permeada por vandalismo o violencia será declarada ilegal; que será  obligación de sus promotores, patrocinadores y participantes garantizar que no haya afectaciones; que estará prohibido obstruir una vía de forma prolongada (por más de 10 horas) y que no se permitirá la participación de encapuchados o aquellos que no permitan su identificación.

Sin embargo, hay artículos aun más controversiales. Entre ellos, que los organizadores deberán adquirir una póliza de seguros que cubra los daños y no se podrán realizar concentraciones o marchas a menos de 500 metros de hospitales, puertos marítimos y fluviales, aeropuertos y bienes considerados patrimonio cultural, categoría en la que se encuentra, por ejemplo, la Catedral Primada en Bogotá, lo que cerraría la puerta a eventuales manifestaciones en la Plaza de Bolívar, sitio icónico y punto de encuentro por excelencia de marchas. 

Adicionalmente, se autoriza que la Policía, en caso de que tenga que intervenir por hechos de violencia, recurra al uso de armas de electrochoque o taser. Eso sí, no podrán emplear artefactos de fuego y su actuar siempre debe estar ajustado a la proporcionalidad. 

Por otro lado, en materia de castigos, aunque se contemplan sanciones pedagógicas para quienes atenten contra la protesta pacífica, hay multas que van desde los $4’140.000 hasta $82’811.000 para los vándalos. Además, los infractores podrían perder beneficios como créditos con el Icetex o becas otorgadas por el Estado. 

Se crea también el denominado Fondo para la Democracia, que indemnizará a los afectados por los daños causados durante las protestas hasta por $41’400.000 y que, además de recoger  dineros de las multas, podrá captar recursos de la entidad estatal a la que pertenece el grupo que promueve la manifestación. De esta manera, por ejemplo, se podrían tomar dineros del Ministerio de Educación para el Fondo, en caso de hechos de violencia en una protesta de estudiantes.

Para Gómez, quien admite que hay artículos polémicos, el proyecto no pasa de ser un borrador y aún está sujeto a revisión, por lo que se tiene previsto que —de aquí a marzo de 2020, cuando será radicado— se adelanten foros y encuentros con diferentes sectores para pulir una iniciativa conjunta. Incluso, sostiene que se estudian propuestas como prohibir el uso de arengas que inciten al odio. 

“El objetivo de este proyecto es pagar una deuda con el constituyente, limitar el poder del Estado y evitar la estigmatización de la protesta. Para eso trabajaremos en audiencias y foros. Todo está en discusión en búsqueda de saber cuáles son los parámetros y compromisos. Queremos que haya una ponderación de derechos: que se respete la protesta, pero que se garanticen los derechos de quienes no participan en ella”.

Para los analistas, aunque es positivo que haya un marco para la movilización social en Colombia, no se puede pasar por alto asuntos que podrían limitar y condicionar el derecho a la protesta. De acuerdo con Andrés Nieto, experto en seguridad ciudadana y docente de la Universidad Central, un primer punto a precisar son los protocolos del uso de la fuerza por parte de las autoridades, incluyendo planes de capacitación, sensibilización y mesas de trabajo con Fuerza Pública y sociedad civil. Sin embargo, agrega, lo que más inquieta es lo referente a los costos de las pólizas que se deberían adquirir: “¿Y si los organizadores no tienen dinero para pagarla? ¿No se podrían movilizar? De ser así, estaría en contravía del derecho mismo a la movilización”. 
El ambiente en el Congreso

La propuesta de Gómez no es la única que aterriza en tiempos de convulsión social. También esta semana, su copartidiario en la Cámara, Jaime Felipe Lozada, radicó un proyecto de ley que, en voz suya, busca “apretar el cinturón a los vándalos y encapuchados”. Se trata de una iniciativa que responsabilizará a los padres de familia de los daños patrimoniales o extrapatrimoniales que puedan llegar a protagonizar  sus hijos. Según él, España es un referente en cuanto a este tipo de legislación. “Hace algunos años se aprobó esta ley y algunas cifras que  indican que después de aprobada se disminuyeron los hechos de violencia entre 30 % y 42%”, dijo. 

En otras palabras, los padres, de aprobarse este proyecto, tendrán que “meterse la mano al bolsillo y pagar por los daños”. Las sanciones ascienden a los 50 salarios mínimos vigentes. A diferencia de la iniciativa de Gómez, el representante sostiene que su propuesta no pretende regular la protesta social. “No lo puedo hacer, ni nadie puede. La manifestación es un derecho constitucional”. 

Aunque son dos proyectos distintos, coinciden en los castigos a los responsables de los perjuicios a los bienes públicos. Lozada le añadirá a su iniciativa la cancelación de la matrícula estudiantil, idea que, al igual que el proyecto de Gómez, complementa  la pérdida de beneficios en el Icetex o becas del Estado. “Este es un proyecto que va a legitimar la protesta social, va a resaltar la marcha pacífica, la marcha cultural y musical, la marcha”, asegura el parlamentario. 

Al interior del Capitolio no se atreven a hablar de las particularidades del proyecto del senador Gómez hasta que no esté radicado. Desde el punto de vista del representante uribista Gabriel Santos, los casos de violencia o de uso excesivo de la fuerza en el caso de la Policía, deben ser individualizados. Es decir, para él no es válido que todos los manifestantes paguen por los desmanes de unos pocos, así como que se crucifique a toda  la institución por el abuso de algunos uniformados. “Creo en la individualización y el juicio imparcial, tanto para  vándalos como para autoridades que no actúan con los protocolos”. 

A diferencia de Santos, que procura ser precavido, los parlamentarios Armando Benedetti (la U), Inti Asprilla (Alianza Verde) y Juan Carlos Losada (Partido Liberal), rechazan de tajo cualquier proyecto que pretenda “regular” la protesta social. Según Benedetti, “todo intento de reglamentar las manifestaciones es fascismo”. Y apeló por legislar a favor de estas expresiones ciudadanas, “no asfixiarlas”, opinó. 
Tanto Asprilla como Losada coincidieron en que la propuesta estigmatiza la protesta pacífica. “Al proyecto lo llamaría el delirio de la extrema derecha. El senador Gómez desconoce tratados internacionales suscritos por Colombia y la misma jurisprudencia de la Corte Constitucional. Esta iniciativa busca erradicar la manifestación”, dijo el representante verde. De paso, le vaticinó su hundimiento o caída en la misma Corte de llegar a ser aprobado. 

A su turno, Losada rescató uno de los puntos del borrador del decreto. “El único que veo medianamente razonable es el que nadie puede impedir su identificación. Quienes organizamos movilizaciones, lo hacemos con la cara descubierta y no tenemos miedo de que sepan quiénes somos. Como a todos, nos molesta que haya gente que se encapuche para promover actos violentos”. Criticó, por ejemplo, la propuesta de las pólizas: “Es absurdo, muchas de las organizaciones sociales que promueven las marchas no tienen estructura financiera para pagar esto”. También la exclusión de las protestas de monumentos como la Plaza de Bolívar: “Eso significaría movilizarse en lugares marginales y ahí se pierde todo el efecto”. Así como la pérdida de beneficios en el Icetex, cosa que para él “es una amenaza para no salir en las calles”.

Al margen de los puntos a favor y en contra, el borrador del proyecto —que ya está en manos del Gobierno— sigue en construcción y será tarea del Congreso en el próximo período definir si en realidad puede regularse la protesta o basta con definir reglas que sean más claras para las partes. La discusión apenas comienza, mientras las movilizaciones siguen en las calles. 

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Javier González Penagos - Natalia Tamayo Gaviria / @Currinche - @nataliatg13

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