Escazú, con pronóstico negativo en el Congreso

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El tratado que consagra la protección de líderes ambientales no cuenta con los votos suficientes para su ratificación en Colombia. La bancada oficialista y los gremios, sus principales contradictores.

De votarse en estos días, el Acuerdo de Escazú no sería aprobado. El ambiente en las comisiones Segunda de Senado y Cámara es adverso. A pesar de haber sido firmado a finales de 2019 por el Gobierno y de tener mensaje de urgencia del presidente Iván Duque, los partidos oficialistas son los mayores opositores a la ratificación del tratado ambiental, que fue firmado por 24 países de la región y que hasta el momento ha sido ratificado por 10 firmantes -se necesitan por lo menos 11 para que lo acordado en 2018 en la ciudad de Escazú (Costa Rica) entre en vigencia-. El problema es que hay países como Chile, que lo impulsó pero se negó a firmarlo, y Perú, país firmante pero que en los últimos días no lo ratificó, que han puesto en duda el futuro de este acuerdo ambiental.

Colombia podría convertirse en la undécima nación que lo ratifique y así ser el causante de que entre en vigor, pero la atmósfera en el Legislativo hace pensar que, al menos por el momento, no será así y no se aprobará lo suscrito por el Gobierno. Pero es que desde el mismo inicio la posición del Estado frente al acuerdo no ha sido favorable. En un primer momento, el Ejecutivo se negó a adherirse al pacto multilateral. Los argumentos del gobierno Duque en ese entonces fueron que no era necesario firmarlo, pues supuestamente las herramientas establecidas en este ya existían en el país. Los argumentos de la Procuraduría y de organizaciones ambientales a favor no fueron escuchados en ese momento.

No obstante, gracias al paro nacional de noviembre de 2019, la posición del Ejecutivo cambió. Entre las peticiones elevadas por el Comité del Paro en la conversación nacional estaba adherirse al que es considerado como el primer Acuerdo que incluye disposiciones para el cuidado y la seguridad de los líderes ambientales. A pesar de la reticencia inicial, desde el Gobierno, a través del embajador Guillermo Fernández de Soto, se celebró la adhesión debido a que “ratifica el indeclinable compromiso del presidente Duque con la promoción de los derechos humanos y la protección del medioambiente. Asimismo, marca un hito histórico para el cumplimiento de Colombia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas”.

Desde su aprobación, el 4 de marzo de 2018, el Acuerdo de Escazú ha atraído los focos del mundo ambiental. Es el primero en ponerle la lupa y pedir garantías para la vida de los defensores ambientales, una labor que particularmente en Colombia es de alto peligro. Asimismo, tiene como principio básico las comunidades, por lo que se la juega para garantizar que estas tengan acceso pleno a la información sobre los procesos ambientales en sus territorios y a que puedan participar de las decisiones sobre proyectos que los afecten. Además, bajo una línea similar, establece elementos para fortalecer la justicia frente a posibles crímenes ambientales.

A pesar de las posibles ventajas del Acuerdo, pasaron poco más de seis meses sin que la ratificación de Escazú llegara al Congreso. Apenas aterrizó en esta legislatura, acompañada de un mensaje de urgencia, lo que llevó a que el tema tuviera que ser discutido de forma conjunta por las comisiones Segundas, encargada de asuntos internacionales en cada corporación. A pesar de la prelación pedida por el Gobierno, poco se ha adelantado en el último tiempo: se han llevado a cabo dos audiencias públicas, una por corporación, y se ha pospuesto en cuatro ocasiones el inicio de la discusión. Una de ellas por la imposibilidad de los ministros citados para asistir y ahora último por programación de las plenarias.

Estas demoras son tan solo un síntoma de la empinada cuesta que tiene que recorrer el Acuerdo para que sea aprobado tanto en Cámara como en Senado. Congresistas le confirmaron a El Espectador que actualmente “no hay ambiente” para que salga adelante la ratificación del acuerdo y que, si se llegara a votar en los próximos días, la respuesta del Legislativo sería un rotundo no. Según cuentan algunos consultados, los gremios se han movido con fuerza para que no se ratifique el Acuerdo, algo que se ha evidenciado en las audiencias públicas, donde ninguno de estos le dieron el visto bueno, catalogándolo como un freno a la economía en plena pandemia y un espanto para la inversión extranjera.

Según el senador Antonio Sanguino, de los verdes, la Comisión estaba animada a presentar ponencia positiva, pero el impulso se perdió ante la presión de los empresarios y gremios como Fedegán. Precisamente su líder, José Felix Lafaurie, esposo de la senadora María Fernanda Cabal, lanzó duros comentarios en Twitter en contra de Escazú: “Es peor que cien acuerdos de impunidad entre Santos y las Farc. La soberanía colombiana sí queda en tela de juicio”. Por su lado, Cabal publicó un video de más de 21 minutos bajo el título #NoAEscazú. Para ella, el Acuerdo no es necesario porque el país “está a la vanguardia en la protección ambiental” y porque frenaría la economía por inseguridad jurídica.

Pero Cabal no ha sido la única en su partido en ir en contra de Escazú. El senador Ernesto Macías pidió que se suspendiera su discusión hasta que se hiciera una consulta previa para que la población se pronuncie sobre el tema. En una senda parecida, el representante Juan David Vélez, presidente de la Comisión Segunda, reconoció que hasta el momento la ponencia iría negativa pero no la han radicado a la espera de que el proyecto se discuta. Vélez fue otro de los que dijo que los ejes de Escazú ya se están aplicando en el país y reconoció que normalmente la ratificación de estos acuerdos es de trámite y que lo más probable es una respuesta negativa ante el pronunciamiento de los gremios.

La opinión adversa también viene de Cambio Radical, cuyo líder natural, Germán Vargas Lleras, publicó una dura columna en contra del Acuerdo, bajo el argumento de que “hará imposible cualquier proyecto de desarrollo en el país”. Según miembros de ese partido, la orden es que la bancada no mueva un dedo a favor de Escazú, ni siquiera los ponentes designados. Hay otros sectores indecisos, encabezados por el senador conservador Juan Diego Gómez, que se dice ser ambientalista: “Es un proceso sensible y polémico. No hemos decidido”. Y criticó el afán de algunos sectores, pues “ante las dudas, votarían es en contra de la izquierda. Los ánimos están caldeados tras el debate del ministro Trujillo”.

Hasta el momento solo estaría seguro el sí de los seis que radicaron ponencia positiva, entre ellos el liberal Carlos Ardila, quien expresó que no es cierto que el proyecto sea innecesario, como lo han dicho algunos sectores, sino que “los gremios se han movido muy fuerte y han logrado meter en el relato dominante una serie de mitos”. Aseguró que la importancia del Acuerdo recae en que se está “preservando la vida a los defensores ambientales y se les brindan garantías jurídicas a los proyectos”. Sanguino, otro de los ponentes, también destacó el enfoque de preservar la vida de los líderes ambientales, pero llamó la atención en que “paradójicamente la oposición respalda al Gobierno y la oposición viene de su bancada. No sabemos si el Gobierno se está lavando las manos”.

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