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El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, se refirió este miércoles al fallo de la Corte Suprema de Justicia —que concluyó que el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) hace una intervención sistemática, violenta y arbitraria en la protesta social— y anunció que el Gobierno solicitará a la Corte Constitucional “la selección para la revisión del fallo proferido por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia el 22 de septiembre de 2020”.
El fallo de la Corte Suprema le ordenó al Trujillo que debía pedir disculpas, dentro de las 48 horas siguiente a la sentencia, por los excesos que cometió la Fuerza Pública, en especial el Esmad en las manifestaciones de noviembre de 2019. Sin embargo, el ministro optó, en el momento, por señalar que las actuaciones de excesos de ese escuadrón corresponden a actuaciones individuales.
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“La Fuerza Pública, en particular el Esmad, no incurre institucionalmente en excesos, y en los casos a partir del 21 de noviembre de 2019, en los que pudo existir exceso por parte de la Fuerza Pública, estos corresponderían a actuaciones individuales de algunos de sus integrantes, por inobservancia de la Constitución, la ley, los reglamentos y protocolos”, señaló el jefe de la cartera de Defensa.
En esas manifestaciones ocurrió el homicidio del joven Dilan Cruz, cuando fue impactado por un proyectil tipo “bean bag” disparado por el Esmad de la Policía Nacional. La Corte suspendió el uso de ese tipo de arma que la Policía cataloga de “baja letalidad”, una decisión que va en línea con una petición que hizo la Procuraduría en la misma dirección luego de la muerte de Cruz..
Trujillo insistió en su defensa de la Fuerza Pública en un momento en que el actuar de la Policía está en tela de juicio, sobre todo a raíz del asesinato del abogado Javier Ordóñez el pasado 9 de septiembre, en medio de un procedimiento policial. Ordóñez fue detenido en la calle por estar bebiendo y lo que vino de ahí en adelante fueron descargas múltiples de un taser para someterlo, su traslado a un CAI y, finalmente, una muerte que Medicina Legal ya calificó como violenta - homicida.
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“La fuerza pública cuenta con protocolos ajustados a los estándares internacionales sobre los Derechos Humanos, para proteger la vida, derechos y libertades, la integridad, bienes y honra de los residentes en Colombia. Estos incluyen los derechos de las personas que participan en las manifestaciones públicas y pacíficas, así como los de quienes no lo hacen”, dijo el ministro Trujillo.
Según el funcionario, “la actuación del Esmad se produce exclusivamente ante las acciones violentas e irracionales que constituyen delito, atentan contra los derechos de las personas y no son manifestaciones pacíficas”.
También argumentó que Colombia es uno de los 105 países del mundo que cuenta con escuadrones antidisturbios “que continuamente actualizan y mejoran sus protocolos de actuación”. “El Gobierno Nacional continúa con el proceso de modernización y transformación de la Policía Nacional establecida en la política de convivencia y seguridad ciudadana (…) El Gobierno Nacional seguirá enfrentando al vandalismo y todas las formas de violencia y terrorismo, como es su obligación constitucional”.
¿Qué dice el fallo de la Corte Suprema?
En términos generales, la sentencia de la Corte señala que el Esmad incurre de manera sistemática en agresiones y en el uso desproporcionado de la fuerza. Con esto se convierte en una amenaza “seria y actual” para quienes protestan pacíficamente y desconociendo los manuales que está obligado a seguir y los mandatos constitucionales que los rige.
En ese mismo sentido, el tribunal le pidió al Gobierno Nacional expedir un protocolo para la reacción de la Fuerza Pública en medio de las manifestaciones, cuyo nombre sugerido fue ""Estatuto de reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del Estado, y protección del derecho a la protesta pacífica ciudadana".
Además de ordenar al Gobierno pedir excusas por los excesos del Esmad y de exigirle neutralidad frente a la manifestación, también ordenó que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de este fallo, el Esmad y cualquier institución que efectúe actividades de policía, suspenda el uso de escopetas calibre 12, de donde salió el proyectil que impactó a Dilan Cruz, hasta que se haga una verificación exhaustiva que constate la existencia de garantías para la reutilización responsable y mesurada de dicho instrumento.
Reacciones desde el Congreso
“Ministro de Defensa, con preocupante arrogancia, desconoce y desprecia a la Corte Suprema de Justicia en esa alocución. Ni una sola palabra en relación con las víctimas ni de reconocimiento y respeto a decisiones de la justicia. Mensaje que desinstitucionaliza”. Roy Barreras, senador del Partido de la U.
“Hago un llamado a que dejen de polarizar tanto. Aquí simplemente se acude al Estado social de derecho, que permite que la Corte Constitucional dé la última palabra sobre una providencia de la Corte Suprema de Justicia que, en todo caso, ha sido controversial. Es importante decirles a los colombianos que la Fuerza Pública está para proteger a los ciudadanos y no es sistemático que los agreda”. Edward Rodríguez, representante del Centro Democrático.
“Es muy doloroso que el Gobierno de Iván Duque no sea capaz de tener un poco de sensibilidad y empatía con la ciudadanía. Negar los excesos de fuerza, deslegitimar a los jueces y estigmatizar la protesta social pacífica es puro comportamiento de una dictadura”. Mauricio Toro, representante de la Alianza Verde.
“Lamento que el Gobierno le haga ‘conejo’ a la Corte Suprema de Justicia. Es más fácil y mejor para nuestra sociedad y el país que le pidan perdón a la familia de Dilan Cruz, asesinado en protestas el año pasado, y que emprendamos esa reforma a la Policía que va a fortalecer y a mejorar la seguridad”. Angélica Lozano, senadora de la Alianza Verde.
“La decisión de la Corte Suprema pone en el escenario nuestro proyecto que busca regular y reglamentar el artículo 37 de la Constitución a través de una ley estatutaria, en la que definimos elementos importantes como eliminar la estigmatización y criminalización de la protesta, proteger los derechos de quienes se manifiestan y de quienes no, garantizar protocolos que eviten el abuso y los excesos por parte de la Fuerza Pública y prohibir la incursión de encapuchados en estas manifestaciones”. Juan Diego Gómez, senador del Partido Conservador.