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El partido Centro Democrático, que en las pasadas elecciones presidenciales consiguió el 39 % de los votos y pasó a segunda vuelta con una amplia ventaja, ya tiene listo el borrador que quiere llevar al Congreso en la próxima legislatura para cambiar la Constitución y empezar así a respaldar las sugerencias para el sector de la justicia que su candidato, Iván Duque, plasmó en su plan de gobierno. El Espectador conoció el proyecto de acto legislativo que elaboró esta colectividad política liderada por el expresidente Álvaro Uribe. Estas son sus principales propuestas**.
Se acabarían las altas cortes
La iniciativa del Centro Democrático plantea la creación del Tribunal Constitucional Supremo, “un solo órgano de cierre que concentre las jurisdicciones que hoy están en cabeza de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado”.
Tanto la Corte Constitucional como la Suprema se eliminarían y pasarían a ser “salas especializadas” dentro de este gran tribunal. El Consejo de Estado no se eliminaría del todo, “conservará la esencia de su carácter de órgano consultivo” y sería segunda instancia para los aforados constitucionales, con excepción del presidente y del fiscal general.
El Consejo Superior de la Judicatura también vería su fin: se reemplazaría por la Dirección Ejecutiva de la Rama Judicial, la cual estaría integrada por la Junta Directiva de Administración de la Rama Judicial y la Gerencia de la Dirección Ejecutiva de la Rama Judicial. “La Dirección Ejecutiva de la Rama Judicial es un órgano eminentemente administrativo y no tiene competencia para conocer de acción judicial alguna”.
El presidente nombraría al fiscal general
El sistema hoy dice que al fiscal lo elige la Corte Suprema de Justicia a partir de una terna que compone el presidente de la República. El Centro Democrático propone que sea el presidente quien elija al fiscal y que ese nombramiento lo ratifique el Senado. El presidente también nombraría directamente a magistrados del Tribunal Constitucional Supremo o en el Tribunal de Juzgamiento para la Alta Magistratura si hay una vacancia que demore más de tres meses.
Magistrados, sin funciones electorales
“El papel determinante que desempeñan las altas cortes frente a la elección de fiscal general de la Nación, procurador general y contralor ha supuesto un desequilibrio considerable que afecta la independencia de los organismos de control”, dice la propuesta. El Tribunal Constitucional Supremo no tendría nada que ver en la selección de estos funcionarios, aunque el Consejo de Estado sí presentaría la terna para procurador al Senado. Al contralor lo escogería el Congreso en pleno, y el Consejo Nacional Electoral, al registrador.
Adiós a la Comisión de Acusación
Se propone un nuevo organismo que se ocupe de investigaciones, acusaciones y quejas disciplinarias contra los magistrados del Tribunal Constitucional Supremo, el fiscal general y magistrados del Tribunal Disciplinario, otro nuevo órgano de esta propuesta, que tendría la función de sancionar a los jueces y magistrados que no sean de las altas cortes.
Este tribunal estaría dividido en dos salas: una de acusación e investigación y una de juzgamiento. Para ambas salas, los magistrados serán elegidos por el Congreso. En la de investigación ternará la Cámara de Representantes y elegirá el Senado. En la de juzgamiento sería al revés.
El único aforado que no quedaría en sus manos es el presidente de la República. Él o ella sería acusado por la Cámara de Representantes ante el Senado, tal como ocurre hoy.
Más para la Policía y para el Gobierno
Este proyecto de ley buscaría quitarle funciones a la Fiscalía con el propósito de, asegura el documento, descongestionar la Rama Judicial. Para ello propone dos cosas. La primera, que el Gobierno cree un órgano investigativo que estructure toda la investigación criminal, función que se encuentra en manos de la Fiscalía. La segunda, que sea la Policía la que se encargue de conocer y tramitar los delitos menores.
**Nota de la Editora Judicial: después de publicada esta nota, miembros del Centro Democrático le señalaron a El Espectador que esta iniciativa no correspondía a una propuesta para ser presentada en la próxima legislatura, sino a un proyecto de acto legislativo que ya había expuesto la senadora Paloma Valencia en el Congreso. Por eso, El Espectador presenta una rectificación al respecto para sus lectores.