Estados Unidos y la guerra y la paz de Colombia

La designación del exdiplomático y empresario norteamericano Bernard Aronson como enviado especial del gobierno de Estados Unidos para el proceso de paz de Colombia, constituye un avance para la negociación de La Habana.

ArchivoNegociaciones con la guerrilla de las Farc
Desde antes de que se formalizara la creación de las Farc y el Eln a mediados de los años 60, ya Estados Unidos estaba atento a la evolución del modelo insurgente en Colombia. Sin contextualizar décadas anteriores en las que el influjo norteamericano fue definitivo en el derrotero de los asuntos nacionales, en tiempos contemporáneos hay un hecho fundamental que marca el comienzo de una larga intervención norteamericana en los asuntos internos de Colombia, en especial en sus definiciones de orden público.
 
Cuando triunfó la Revolución Cubana en 1959, el objetivo claro de Estados Unidos fue impedir que una situación similar se presentara en algún otro país de América Latina. Eran los tiempos de la Guerra Fría y el fantasma del comunismo o de otras expresiones de izquierda rondaba por el continente. En diversas naciones fueron surgiendo grupos armados con el objetivo de la toma del poder, y de México a la Patagonia, desde Washington se extremaron los esfuerzos para impedir una segunda Cuba en América Latina.
 
Al tiempo que en el plano diplomático, las presiones de Estados Unidos llevaron a que varias democracias del continente rompieran relaciones con Cuba, en la agenda bilateral y colectiva, se le fue dando forma en Estados Unidos al programa de la Alianza para el Progreso, que pretendía una nueva relación entre Washington y los países de América Latina. Este programa fue la carta de presentación del presidente demócrata John F. Kennedy, y Colombia fue una de las naciones donde se lanzó públicamente.
 
En esencia, la Alianza para el Progreso, planteada para diez años, pretendía impulsar un modelo económico de industrialización y fortalecimiento de las instituciones del Estado, con componentes sociales tales como una reforma agraria, o modificaciones sustanciales a los sistemas de educación y salud. Obviamente, el interés norteamericano era privilegiar la extensión de este modelo de desarrollo en aquellas naciones donde se advirtiera amenaza del comunismo o expresiones similares.
 
Por esa razón, Colombia surgió como un destino natural para que la Alianza para el Progreso tomara forma. El propio presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy hizo presencia en Bogotá en diciembre de 1961, en una visita en la que el primer mandatario del país, Alberto Lleras Camargo, resaltó la importancia de las relaciones con Washington, al tiempo que los observadores internacionales entendieron que el país despuntaba como una punta de lanza de la nueva geopolítica de Estados Unidos en el continente.
 
Sin embargo, con el correr de los años, de los planes sociales para extender acciones cívico militares se fue pasando a la necesidad de aplicar con preferencia un componente militar, en otras palabras, que para acabar con los focos de comunismo en Colombia, se hizo necesario pensar primero en un proyecto de ofensiva militar antes que llegar con la faceta social. En los días finales del gobierno de Alberto Lleras y los comienzos de la administración de Guillermo León Valencia, esta vuelta de tuerca se hizo irreversible.
 
Entonces cobró protagonismo el llamado Plan Laso (Latin American Security Operation), que en 1962 fue presentado como un programa de 300 millones para asegurar la legitimidad del Estado en varias regiones afectadas por el orden público. En particular, esta acción se dispuso para ser aplicada en las llamadas “Repúblicas Independientes”, denominación que se le dio a aquellos territorios del país en los cuales grupos armados ilegales de inspiración comunista amenazaban al Estado y sus autoridades.
 
En medio de intensas discusiones políticas en el Congreso y otros escenarios públicos, el Plan Laso se transformó en la llamada Operación Marquetalia, desplegada a partir de 1964 para confrontar a las nacientes Farc en sus zonas fundacionales. En palabras del investigador francés Pierre Gilhodes, “en Colombia se inventó el enemigo en nombre de una respuesta continental, y se presionó sobre un presidente para aplicar una teoría gemela, complemento de la Alianza para el Progreso”.
 
La Operación Marquetalia se desarrolló en el sur del Tolima, la región de El Pato, en el Huila, o la zona de Río Chiquito, en el Cauca, regiones donde ya existían grupos de autodefensa campesina de inspiración comunista. Aunque las Fuerzas Armadas anunciaron que las Repúblicas Independientes habían sido controladas, en la práctica se transformaron en las Farc, u otros grupos armados. Un posterior informe reportó que tan solo entre 1960 y 1965, la ayuda militar de Estados Unidos en Colombia ya llegaba a millones de dólares.
 
Desde entonces, aunque sin involucrarse directamente, el gobierno de Estados Unidos fue aumentando paulatinamente su ayuda militar en Colombia. Cuando caía el telón de los años 60, las misiones norteamericanas en el país habían además diseñado controvertidas estrategias para enfrentar la amenaza de los grupos guerrilleros. La justificación para que Washington fuera un permanente aliado de los gobiernos colombianos era su propia política exterior claramente en contravía con la expansión del comunismo.
 
Mientras esta alianza se fue desarrollando a lo largo de los años 70, la identidad de intereses entre Colombia y Estados Unidos fue encontrando otro escenario afín de confrontación armada: el narcotráfico. A lo largo de la década, desde distintas regiones de Colombia se fueron formando carteles del narcotráfico, cada vez más lesivos para la seguridad ciudadana y para la economía norteamericana. Aunque en el país fue tardía la reacción de las autoridades, en Washington quedaron en la mira.
 
De esta manera, cuando promediaban los años 70, ya Colombia sufría la amenaza de al menos cuatro grupos guerrilleros (Farc, Eln, Epl y M-19),  de bandas armadas, de paramilitarismo en connivencia con unidades del Estado o de las Fuerzas Militares, y unos bien organizados carteles del narcotráfico. En ese orden de ideas, para Estados Unidos, la situación de Colombia siguió siendo una prioridad, sobre todo a partir del momento en que las organizaciones del narcotráfico desbordaron los límites geográficos.
 
En medio de nacientes guerras por el cruce de intereses entre insurgencia, paramilitarismo, narcotráfico y Estado, los gobiernos de Colombia y Estados Unidos convinieron en 1977 la firma de un tratado de extradición de nacionales. La idea era sellar una alianza para confrontar conjuntamente la amenaza del tráfico ilícito de drogas, pero como era de esperarse, se convirtió en el detonante de una nueva confrontación. Desde entonces, la extradición se convirtió en eje de las relaciones políticas de las dos naciones.
 
Aunque el Tratado de Extradición entre Estados Unidos y Colombia solo tuvo ley aprobatoria hasta 1980, la discusión sobre la necesidad de implementarse antecedió una crisis impensable en el país. Por esa misma época hubo cambio de gobierno en Estados Unidos y el republicano Ronald Reagan optó por renovar su política exterior declarando al narcotráfico como su nuevo enemigo internacional. Con este cambio, la geopolítica norteamericana volvió a tener a Colombia en el foco de sus intereses inmediatos.
 
A mediados de los años ochenta, los vasos comunicantes de la violencia colombiana ya habían causado un caos total. Las guerrillas habían doblado sus frentes de guerra, el paramilitarismo demostraba sus excesos de barbarie, y el narcotráfico dejaba ver una faceta terrorista y corruptora que cogió sin defensas al Estado y a una sociedad que no estaba preparada para tanto horror. A lo largo de los años, el protagonismo de Estados Unidos estuvo muy cerca de las autoridades colombianas tratando de frenar el caos.
 
Fue la época en la que el entonces embajador de Estados Unidos en Bogotá, Lewis Tambs, acuñó el término de “narcoguerrilla”, para advertir una característica que estaba tomando el modelo insurgente, al menos desde la perspectiva de las Farc: lucrarse de las utilidades del narcotráfico, cobrando una especie de impuesto a quienes se atrevieran a sembrar coca en los territorios de su influencia. Desde ese momento, en Washington se tuvo claro que las Farc iban a convertirse en una multimillonaria organización.
 
Sin embargo, en aquellos tormentosos años 80, la prioridad no era la narcoguerrilla sino los carteles de la droga enfrentados contra el Estado y la sociedad. Los días de Pablo Escobar, sus socios y sus secuaces, escudados bajo la organización de “Los Extraditables”, para mostrar su rostro terrorista. La época de los carros bomba, de las masacres sucesivas de campesinos, de los magnicidios políticos, y un Estado impotente para contener los ríos de sangre de las organizaciones unidas y separadas por el delito. 
 
Cuando cesó la guerra de Escobar Gaviria con su muerte en 1993, ya el país sabía que sin el apoyo de Estados Unidos la ofensiva contra el narcotráfico hubiese sido diferente. Tan solo en el cerco final al jefe del Cartel de Medellín, fue determinante la ayuda norteamericana. La mayoría de las más contundentes acciones contra el narcotráfico tuvieron como aliados a la DEA o la CIA, agencias directamente relacionadas con los intereses del gobierno norteamericano y su ofensiva contra el narcotráfico. 
 
No obstante, a mediados de los años 90, las relaciones entre Bogotá y Washington tuvieron un momento crítico. En desarrollo de la lucha contra el Cartel de Cali, se precipitó el denominado escándalo del proceso 8.000, y las consecuentes investigaciones contra el gobierno de Ernesto Samper por la narcofinanciación de su campaña política. En ese momento, no solo Estados Unidos tuvo una tensa relación con la administración Samper, sino que diseñó la forma de garantizar el control de sus políticas y sus intereses.
 
En la medida en que Samper le hacía frente a las acusaciones políticas y judiciales internas, desde Estados Unidos fueron evidentes las presiones. Primero descalificando a Colombia como un país que no contribuía suficientemente a la lucha contra el narcotráfico, y de una manera más directa, a través del embajador norteamericano en Bogotá Myles Frechette, quien se convirtió en un permanente crítico del gobierno de la época, mientras otros funcionarios se atrevían a decir que Colombia era una narcodemocracia.
 
Al final del capítulo Samper-Estados Unidos, no solo el primer mandatario terminó sin visa en Estados Unidos, sino que el Estado se vio forzado a legislar para impedir que las relaciones políticas y económicas entre las dos naciones pasaran a un escenario más crítico. Fue el momento en que el Congreso revivió la figura de la extradición a Estados Unidos a partir de 1997, que se aprobó una ley de extinción de dominio con carácter retroactivo, y que se redefinieron los términos de la lucha conjunta contra el narcotráfico.
 
Concluido el capítulo Samper y las tormentosas relaciones de su gobierno con Estados Unidos, se abrió camino otro momento clave de la historia reciente: la era Pastrana y su accidentado proceso de paz en la región del Caguán (Caquetá). Para esa época, 1998, ya Colombia vivía una situación calamitosa. Las guerrillas, especialmente las Farc, ejercían un poder que les permitía grandes ataques a unidades militares, mientras el paramilitarismo, asociado con el narcotráfico, dejaba un rastro de barbarie sin nombre.
 
Andrés Pastrana se la jugó por la paz y al mismo tiempo que ordenó el despeje militar de 42.000 kilómetros cuadrados para adelantar diálogos de paz con la insurgencia, interesó al gobierno de los Estados Unidos para que apoyara la iniciativa. En diciembre de 1998, el subsecretario adjunto de Estado para Asuntos Andinos, Philip Chicola, se reunió en Costa Rica con el comandante Raúl Reyes y otros delegados de las Farc, en un hecho que se pronosticó como crucial para el naciente proceso de paz. 
 
Sin embargo, en marzo de 1999, el interés norteamericano en el proceso de paz se enfrió del todo, tras conocerse que unidades de las Farc habían asesinado a sangre fría en el departamento de Arauca a tres líderes indigenistas norteamericanos que estaban apoyando las comunidades Uwa en su confrontación con las exploraciones de la Occidental Petroleum. Las Farc nunca aportaron una explicación convincente de este triple crimen, y en cambio Estados Unidos sumó esta causa a sus prontuarios judiciales. 
 
En esas circunstancias, en vez de persistir en su apoyo a un cada vez más deteriorado proceso de paz entre el gobierno Pastrana y las Farc, el gobierno de los Estados Unidos priorizó la puesta en marcha del denominado “Plan Colombia”. A imagen y semejanza del Plan Laso de los años sesenta, en esta ocasión desde la administración demócrata de Bill Clinton, se aprobó un plan de ayuda superior a los 800 millones de dólares para fortalecer a las Fuerzas Militares en su lucha contra el narcotráfico. 
 
Con el paso de los días, el proceso de paz del Caguán fracasó y en cambio el Plan Colombia se convirtió en el blindaje de la Fuerza Pública colombiana. Aunque tradicionalmente era la Policía la encargada de hacerle frente al narcotráfico, a partir de entonces el Ejército también se involucró en la misma lucha. Detrás de la necesidad de confrontar e tráfico ilícito de estupefacientes, las Fuerzas Armadas quedaron dotadas de suficientes equipos para consolidar también la lucha antiinsurgente.
 
Cuando concluyó la era Pastrana y empezó el modelo de Seguridad Democrática de Álvaro Uribe, la ayuda norteamericana había cambiado el curso de la guerra. Con un factor adicional, después del ataque a las torres gemelas en Nueva York, el gobierno norteamericano le dio una nueva identidad a los enemigos de su política exterior. Ahora el terrorismo estaba en su mira y desde Colombia, la amenaza comunista de los años 60 o el narcotraficante de los 80, se reeditaba con nuevos frentes de intervención.
 
Para finales de 2001, ya Estados Unidos tenía tanto a las Farc como a sus archienemigos de las Autodefensas Unidas de Colombia como organizaciones terroristas. Por lo tanto, sus principales líderes empezaron a ser incluidos en la lista de los extraditables. Sin mucho margen de maniobra porque también despuntaba en el horizonte la Corte Penal Internacional, apenas empezó el gobierno Uribe, los grupos de autodefensa o paramilitares optaron por emprender un proceso de paz con el gobierno.
 
Tanto en la dura confrontación de la administración Uribe con las Farc como en su accidentado proceso de paz con las autodefensas, Estados Unidos fue dejando ver la forma de ir regulando ambos caminos. En la lucha contra las Farc, por ejemplo, sobre todo después de que esta organización secuestró a tres contratistas norteamericanos, en 2003, se activaron varias peticiones de extradición. Lo mismo aconteció con algunos líderes del paramilitarismo, a quienes claramente les recordó sus cuentas pendientes por narcotráfico.
 
El 2 de enero de 2004, fue capturado en Ecuador el jefe guerrillero Ricardo Palmera, alias Simón Trinidad. El 30 de diciembre del mismo año fue extraditado a Estados Unidos. Con esta acción, el gobierno norteamericano respaldó a la administración Uribe y al mismo tiempo le hizo ver a las Farc el trato judicial ideado para sus líderes. Menos de un año después ya se había estructurado en Washington un dossier completo contra los principales líderes de la guerrilla. Todos fueron pedidos en extradición.
 
El Tribunal del Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, en abril de 2005 acusó a 50 mandos superiores y medios de la organización, asegurando entonces que el 70% de la coca cultivada en Colombia estaba controlada por las Farc. Entre los mandos incluidos en el reclamo de extradición, Estados Unidos incluyó a Manuel Marulanda, Raúl Reyes, Iván Márquez, Pablo Catatumbo, Fabián Ramírez, Timochenko, Alfonso Cano, el Mono Jojoy, Joaquín Gómez o Romaña.
 
En esas condiciones, Estados Unidos dejó en claro a las Farc su distancia absoluta. No solamente por el secuestro de Keith Stansell, Marc Gonsalves y Tom Howes, sino también por el dossier del narcotráfico. En la pragmática de la guerra, en los años sucesivos, buena parte de los éxitos militares de la administración Uribe, tuvieron un componente norteamericano. Tan solo por citar dos acciones, la Operación Fenix en Ecuador contra Raúl Reyes y la Operación Jaque, tuvieron apoyo de Estados Unidos.
 
En cuanto al paramilitarismo, también el asunto terminó cruzado por Estados Unidos. En mayo de 2008, cuando el gobierno Uribe constató que los grupos de autodefensa buscaban reactivar sus rutas de narcotráfico y reagrupar sus contingentes de guerra luego de fracasar el proceso de paz, los 14 principales jefes fueron extraditados a cárceles norteamericanas. Don Berna, Jorge 40, Hernán Giraldo, Gordolindo, o el Tuso Sierra hoy rinden cuentas por narcotráfico en Estados Unidos, eso sin saldar sus cuentas en Colombia.
 
Entre unos y otros enemigos de la sociedad y el Estado, el gobierno norteamericano se fue ajustando con los intereses de la era Uribe. Así lo dispuso también con el gobierno Santos, pero cuando este dio su giro hacia la negociación política del conflicto armado en La Habana, también encontró la fórmula para apostarle a la nueva estrategia de Colombia para capitular su guerra. Inicialmente fueron 62 congresistas norteamericanos anunciando su respaldo a la negociación en Cuba y después la propia Casa Blanca.
 
A comienzos de 2013, el actual secretario de Estado, John Kerry, además mano derecha del presidente Barack Obama, públicamente habló del interés de su nación para contribuir al proceso de paz. “Colombia ha sufrido demasiado por la inseguridad y la violencia asociada con un conflicto interno que lleva décadas. El presidente Santos ha dado el difícil paso hacia la búsqueda de una solución política y ha indicado que las lecciones aprendidas de pasados procesos de paz serán tenidas en cuenta”.
 
Estas palabras de Kerry fueron el punto de partida de un paulatino acercamiento, sobre la base de que Estados Unidos está en favor de cualquier negociación que fortalezca la democracia, el imperio de la ley y los derechos humanos. Poco a poco, estas manifestaciones públicas fueron aumentando y en la medida en que el gobierno Santos y las Farc fueron avanzando en la suscripción de acuerdos, se ha venido notando el interés norteamericano por asomarse definitivamente a la búsqueda de esta salida.
 
El último paso se anunció la semana anterior. Desde ahora el exdiplomático y empresario Bernard Aronson es la voz de Estados Unidos en el proceso de paz de Colombia. Ya tiene experiencia en un papel similar frente al conflicto armado que vivió El Salvador. Ahora se espera que su papel sea determinante para garantizar el fin del conflicto en Colombia. De cualquier manera los críticos u observadores del tema saben que Estados Unidos probará que en su geopolítica, el país es su aliado mayor.