“¿Estamos ante la ‘madurización’ del régimen?”: Roy Barreras

“El Centro Democrático viene desconociendo las instituciones sistemáticamente y no solo eso: ha intentado demolerlas”, dice Roy Barreras. / Mauricio Alvarado - El Espectador

Usted denunció esta semana que Ernesto Macías, presidente del Senado, interpuso una tutela ante el Consejo Superior de la Judicatura con la intención de frenar la votación sobre las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la JEP, después de darles un “regalo” a sus magistrados: dejar en sus manos el nombramiento del reemplazo de una togada que renunció, en lugar de que el Congreso lo eligiera, como corresponde en derecho. ¿Sugiere un intercambio de favores con el fin de que el fallo de tutela resultara favorable al uribismo?

El senador Macías se atrevió a desconocer la decisión legítima de la Cámara de Representantes de negar las objeciones e interpuso esa insólita tutela ante el Consejo de la Judicatura, justo unos días después de que el propio Macías evitara convocar al Congreso pleno para aceptar la renuncia de la magistrada María Lourdes Hernández. Después se debía proceder a nombrar a su reemplazo, como lo ordena la Constitución, en el Capitolio. En su lugar, Macías permitió que la Judicatura continuara practicando el carrusel de nombramientos por el que ha sido tan cuestionada. Sin duda, él esperaba que lo premiaran con las medidas cautelares que solicitó para paralizar la votación de mañana y poder continuar dilatando la decisión. Afortunadamente, al negarle las cautelares, se puso en evidencia que el presidente del Senado engañaba a los colombianos anunciando una sesión para mañana, al tiempo que intentaba sabotearla con esa tutela.

¿Por qué la tutela que interpuso Macías es un acto de “sabotaje”?

Porque con esa tutela, penúltimo ejemplo de la actitud engañosa y dilatoria del senador Macías, quedó al descubierto su propósito de seguir dilatando la discusión y de hacerle daño a la JEP. Después de negarse, durante semanas, a citar a sesión para votar las objeciones, a costa de paralizar toda la agenda legislativa, tuvo que programarla para mañana, pero solo por la presión de la plenaria y por el derecho establecido en el Estatuto a la Oposición a definir el orden del día.

¿Qué gana con esa dilación?

Impedir que la JEP opere a plenitud para que se consolide la paz y, sobre todo, para que se conozca la verdad. Mientras más dilaten, mayor inseguridad jurídica siembran y más tiempo ganan para presionar el voto de los congresistas; para atemorizar al Legislativo y para seguir inventándole obstáculos infames a la ley estatutaria, como el del falso “narcomico”. Ellos, Macías y a quienes representa Macías, no están improvisando: tienen un plan estratégico para cumplir su propósito de hacer trizas la paz y lo están ejecutando metódicamente. Su próxima jugada será intentar impedir, mañana, que se vote en bloque, como se ha hecho siempre, e imponer una votación objeción por objeción, con lo cual seguirían dilatando la decisión y prolongando la inseguridad jurídica que estimula el crecimiento de las disidencias y el regreso a la guerra.

Usted también ha dicho que el Centro Democrático ha puesto en entredicho la separación de poderes, el acatamiento a los fallos judiciales, la autonomía de votar y tomar decisiones de la Cámara de Representantes y la independencia del Senado. ¿Por qué el partido de Gobierno pone tanto en juego?

El Centro Democrático viene desconociendo las instituciones sistemáticamente y no solo eso: ha intentado demolerlas. Recuerde que propusieron cerrar las cortes y reemplazarlas por un tribunal único, y cerrar el Congreso y reemplazarlo por una Asamblea unicameral como la de Venezuela. Lo del castrochavismo era cierto, pero implantado por el uribismo. No hay exageración: en la última etapa han desacatado el fallo de la Corte Constitucional, desobedecido al procurador general, puesto en duda la decisión de la Cámara de Representantes, interpuesto una tutela para acallar el Senado; han perseguido y estigmatizado con falsas acusaciones y entrampamientos a los defensores de la paz, incluida la propia presidenta de la JEP; han intentado desprestigiar a periodistas y medios de comunicación que no les son abyectos. ¡Todo en las últimas semanas! ¿Estamos ante la “madurización” del régimen? Por eso he dicho que el senador Macías actúa como un “Diosdado”, no sé si por su cuenta o siguiendo instrucciones del Centro Democrático.

En defensa de la actitud de Macías, habría que reconocer que él, como usted mismo lo acepta, dio vía libre para que la oposición ejerciera su derecho de determinar el orden del día...

Usted preguntaba antes que por qué “han puesto tanto en juego” cuando arriesgan la democracia y el Estado de derecho, paralizan el Congreso y desacatan la cosa juzgada constitucional. La respuesta es simple: le temen a la verdad y, con tal de frenarla, prefieren regresarnos a la guerra que enfrentar la circunstancia de que ella se sepa. A propósito, Macías no aceptó el derecho de la oposición como hubiera debido. La oposición exigió que se votara el miércoles pasado. También lo pedí mediante una proposición apoyada por más de 40 senadores. Macías se negó y dilató la votación hasta mañana, lunes. Prefirió perder otra semana entera en una legislatura en la que no se ha aprobado nada. Óigase bien: ¡Nada!

En las últimas horas el senador Álvaro Uribe ha pedido un acuerdo interpartidista para “salvar” 2 de las 6 objeciones que planteó el presidente Duque contra la ley estatutaria: ¿significa que el Gobierno y su bancada se consideran perdidos?

Prevén que van a perder y, entonces, el senador Uribe propone un “acuerdito” con “dos bobaditas”. La primera de ellas, nada menos que entregarle al comisionado Ceballos, funcionario abiertamente hostil a la paz, la potestad de excluir de los listados de desmovilizados de las Farc a quienes a él se le ocurra, sin necesidad de contar con la autorización de la JEP. Esto es grave: si se aprueba esa objeción presidencial, él podría sacar del proceso a todos los exmiembros de la guerrilla, hoy desarmados y dirigentes de su partido político. Y, al otro día, podrían meterlos a la cárcel con un par de entrampamientos, y, de paso, podrían extraditarlos. Eso sí es hacer trizas la paz. Y rapidito.

Uribe, varios de sus senadores y el fiscal general han insistido en que debe aprobarse la objeción sobre los supuestos “colados” a los que usted se refiere, y la que protegería a los narcos de la extradición... Este par de afirmaciones tan escandalosas puede convencer a algunos senadores de cambiar su voto. Súmele las jugosas dádivas que, según se dice, está ofreciendo el Gobierno a la oposición...

Para tranquilidad de todos, debo recordar que no es cierto que puedan ingresar “colados” a la JEP ni “que solo el comisionado los podría detectar”. Sergio Jaramillo diseñó el sistema de filtro más eficaz que haya existido en cualquier proceso de paz. Ya hay un comité técnico de verificación de información, conformado por todas las centrales de inteligencia y la propia Fiscalía General. A esa instancia y a la JEP, la Corte Constitucional les reiteró la potestad de revisar y excluir infiltrados de los listados. Por lo demás, esas listas ya están cerradas y purgadas. ¡Enhorabuena! ¡No hay más listados, no hay posibilidad de más colados! Y la otra objeción que Uribe propone aprobar es la que permitiría extraditar a los agentes del Estado, militares o terceros que financiaron a los paramilitares, aun cuando estén cumpliéndoles a las víctimas, de manera que, con su extradición, también se extradite la verdad, como ocurrió con los “paras” que fueron sacados, en una madrugada, del país. Este artículo es el que, de manera perversa, han disfrazado de “narcomico”, engañando a los colombianos. No es cierto que se elimine la extradición. La facultad de la Corte Suprema que examina la legalidad de la extradición de los llamados “narcos puros” sigue intacta. Y la JEP no la puede obstaculizar, porque a esta jurisdicción solo van los sujetos del conflicto.

No se puede negar que siempre existe la posibilidad de que haya colados en un proceso de negociación de paz. Recuerde lo que sucedió, precisamente, durante la desmovilización de los paramilitares en los gobiernos del propio Uribe...

Las cifras oficiales del Ministerio de Defensa, en 2003, indican que había 8 mil paramilitares y que se desmovilizaron ¡42.000!, es decir, hubo más de 30 mil colados narcos, falsos “paras”, etc., porque en el proceso de Ralito no hubo ningún filtro: los listados que le entregaban los jefes paramilitares al comisionado Luis Carlos Restrepo eran verdad sabida y buena fe guardada. ¿Recuerda a alias Gordolindo o a los Mellizos, y a tantos otros? Lo que da grima es que quienes hicieron ese proceso tan mal hecho reclamen ahora porque hubo unos colados que, en buena hora y gracias al sistema que diseñamos, fueron detectados.

En el debate sobre las objeciones a la estatutaria de la JEP el gobierno Duque y su partido han contado con la entusiasta participación y el apoyo del embajador de Estados Unidos. ¿Cómo califica la intervención de este diplomático en asunto interno tan delicado?

El embajador Whitaker es funcionario de Estados Unidos y cumple con su país. Con los compañeros de la Comisión de Paz hemos desayunado, en varias ocasiones, con los embajadores de Noruega, Francia, España, Unión Europea, con el propio embajador Whitaker y, además, con funcionarios del Departamento de Estado, en Washington. Eso es normal. Lo que sí sería terrible es que el “chiste” del senador José Obdulio Gaviria sobre el retiro de la visa a los magistrados de la JEP se convierta en una amenaza real. Revocar visas como mecanismo de presión para que el Congreso de un país vote en un sentido u otro es un atentado a la soberanía. Estados Unidos tiene una política antidrogas que incluye la extradición. Colombia es víctima de la maldición del narcotráfico y ni el Acuerdo de Paz ni la JEP pretendieron resolver ese problema global. La JEP tampoco amenaza ese instrumento ni las objeciones son una solución para el narcotráfico.

Usted pertenece a la U y si bien es cierto que su partido publicó un comunicado de respaldo al representante John Jairo Cárdenas, a quien se le retiró la visa después del tenso desayuno con Whitaker, también lo es que en lugar de pedir respeto hacia él, su colectividad le solicitó al embajador “un espacio de diálogo para analizar estas circunstancias”. Francamente, me pareció poco digno. ¿Estuvo de acuerdo con ese escrito?

No escribí ese comunicado. Me expresé, directamente, en solidaridad con un compañero que ha sido gran defensor de la paz. Y hay que hacer este reconocimiento: para un miembro de la U, como el congresista Cárdenas, resultaría mucho más fácil acomodarse en el nuevo gobierno. Muy pocos, en su momento, protestamos y preferimos la independencia. Por eso, también valoro hoy la coherencia de los partidos que nos acompañaron en la construcción de la paz: la U, el Partido Liberal y Cambio Radical. Las tres colectividades estamos firmes. Más valerosa sería la decisión de negarlas si implica superar el miedo a las amenazas de persecución nacionales o internacionales, en caso de que estas existieran.

No hay que descartar que el Gobierno logre conquistar las mayorías en estas horas antes de la plenaria de mañana. Si se aprueban las objeciones presidenciales, ¿el Acuerdo de Paz se moriría? ¿Los exguerrilleros deberían coger, de nuevo, camino hacia el monte?

Eso es lo que pretende el senador Uribe. Lo acaba de confesar cuando dijo con desparpajo, en el Congreso, que prefería a los guerrilleros disparando en el monte que hablando. Pese a todo, la JEP seguirá operando, porque tiene mandato constitucional y todo el respaldo internacional. Sin embargo, la ausencia de la ley estatutaria entorpece y demora sus procedimientos. Hay que recordar que, no obstante, el esfuerzo dilatorio gubernamental, este es inútil porque la Corte Constitucional ha reiterado que cualquier cambio que allí ocurra será objeto de su análisis. Y, por lo tanto, reiterará, sin duda, que es cosa juzgada constitucional.

“Se está dando inicio a... la profundización de la violencia”

Se rumora con insistencia que se están armando montajes judiciales contra los opositores y el ambiente de confrontación entre líderes políticos es francamente peligroso ¿Percibe que el clima es propicio para pasar de las palabras fuertes y los gritos, a las balas y las detenciones arbitrarias? Por favor, conteste con la mayor sinceridad...

Desafortunadamente, sí. La historia de Colombia es, como se dice en un texto reciente del profesor Francisco Gutiérrez y sus colaboradores, una historia de violencias persistentes que son causadas, precisamente, porque quienes están dedicados a sembrar el odio y la venganza, y a revivir esos ciclos. Una de las características de la profundización de la violencia es la persecución a los opositores y el exterminio físico, legal o moral del contradictor. Me parece evidente que estamos dando inicio, en este gobierno, a una etapa como esa. Ojalá el presidente Duque tome cartas en el asunto pues creo que es más una posición de los sectores radicales del Centro Democrático, que del talante presidencial actual.

“Franca señal de deterioro”

Usted alguna vez dijo que le tenía la más grande admiración a Álvaro Uribe a quien creía “de la talla histórica de Simón Bolívar” ¿Se arrepiente de su “pasado”, hoy, cuando está en la antípoda política del expresidente?

Empiezo por decirle que no termino de purgar ese pecado de hace doce años. Pero, también, que el pecado no es el que usted menciona. La gente no recuerda o no sabe que yo no voté por Álvaro Uribe, en 2002, por las dudas que le expresé, a él mismo, sobre Pedro Juan Moreno. Voté por Noemí Sanín. Y no lo hice por la reelección porque no era parlamentario. Llegué al Congreso en 2006 y me encontré a Uribe ya presidente. Conocí a Juan Manuel Santos quien, desde entonces, nos planteó su proyecto de fortalecimiento de las Fuerzas Armadas para luego hacer la paz. Sí me arrepiento de un pecado: creí, como la mayoría, que con el liderazgo de Uribe se podía controlar la inseguridad y la violencia. Me equivoqué y en buena hora me bajé de ese espejismo engañoso. Uribe nos enseñó a odiar y a temer a un enemigo que, ahora sabemos, él necesita mantener vivo para sustentar su discurso guerrerista. Llegar a decir que prefiere 80 veces a los guerrilleros matando,  que oír sus palabras en el Congreso, es un franca señal de deterioro. Es lo que Zygmunt Bauman llamó la “maldad líquida”.