“Estamos ante una oportunidad histórica”: diálogo con Andrés Hernández

Para Andrés Hernández, si bien ha habido avances en la lucha contra la corrupción, todavía queda mucho por hacer. / Gustavo Torrijos-El Espectador

Foto: Cristian Garavito / El Espectador

¿Cuál es el diagnóstico que tienen en Transparencia por Colombia sobre la corrupción en el país?

Nosotros consideramos que si bien ha habido avances —uno mira los últimos 20 o 30 años de lo que ha pasado y ve que hay una evolución en instrumentos, en herramientas y en iniciativas de lucha contra la corrupción—, lo que se ha logrado hasta ahora es insuficiente, por tres grandes retos estructurales que identificamos, sobre todo relacionados con la institucionalidad pública.

¿Cuáles son esos tres grandes retos?

El primero tiene que ver con la forma como se accede al poder político en Colombia, y esto quiere decir que hay unos mecanismos que permiten que intereses particulares y corruptos logren tener una incidencia, en muchos casos, mayor que la que debería generar un representante electo respecto al bienestar general de la sociedad. Y la forma como esto sucede arranca con el financiamiento de las campañas. Hay quienes resaltan, comparándonos con otros países, que aquí hay elecciones, que son periódicas y que nuestra democracia es fuerte, pero el problema radica —y ese es el punto de entrada a la corrupción— en la manera como se están financiando esas campañas, que no es transparente. Eso da pie a que luego la forma como se ejerce el poder responda a intereses particulares y no a intereses más amplios, y va cruzado, por supuesto, con otros elementos, como, por ejemplo, la relación entre Ejecutivo y Legislativo, tan cuestionada en los últimos años con la llamada “mermelada”.

¿No pasa eso por la incapacidad de que haya justicia?

Ese es el segundo reto, que pasa precisamente por la capacidad de investigación y de sanción del Estado. De entrada, vemos que en muchos de los casos que ha habido en los últimos años, la justicia termina lastimosamente cooptada también por la corrupción. No estoy diciendo que todo el sistema judicial, pero sí hay hechos muy graves. En Transparencia Internacional me dicen que les explique cómo el fiscal anticorrupción sale preso por corrupción, y están los escándalos de los magistrados de la Corte Suprema. Eso es muy diciente de las debilidades del país en la materia. Tenemos que fortalecer las capacidades de sanción e investigación en los órganos de control y en el mismo sistema judicial. Y hay otro asunto clave: necesitamos fortalecer las garantías y la protección al denunciante: ciudadanos, periodistas y líderes sociales. Está comprobado que para poder tener una estrategia efectiva de lucha contra la corrupción la denuncia es una herramienta fundamental.

Van dos, ¿cuál es el tercer reto?

Tiene que ver directamente con aspectos de la gestión pública, en concreto, sobre dos puntos: contratación y empleo. Lo primero es algo que todos conocemos, donde se sabe que hay riesgos y se han dado hechos de corrupción muy graves, a la luz de las mismas debilidades en nuestra normatividad, por ejemplo, un exceso de contratación directa o una gran cantidad de sistemas de excepcionalidad a la ley, que al final es muy fácil hacerle el quiebre y direccionar los recursos hacia donde muchas veces están quienes financiaron las campañas. En lo del empleo público, lo que tenemos es un exceso de contratistas del Estado, donde no hay garantías para tener estabilidad en la función pública, un mecanismo que fácilmente es capturado por políticos y grupos ilegales, para pagar favores o para ubicar a su gente de confianza. Aquí cuando un alcalde gana, ese mismo día lo llaman y le dicen: este es su secretario de salud o de cualquier otro despacho.

“Toca reducir la corrupción a sus justas proporciones”, dijo Julio César Turbay, y hay gente que dice: “Roben, pero que hagan obras”. ¿Será que el asunto se volvió cultural?

No creo, lo que pasa es que la magnitud y el impacto de la corrupción es tan grande, que como víctimas terminamos normalizando una situación que no debería ser normal. Ningún país del mundo está exento de corrupción, pero sí hay unas condiciones que impiden que las víctimas de la corrupción logren cambiar esa situación. Aquí criticamos el tamal y la lechona el día de la elección y no miramos más el tema estructural de por qué la gente acepta eso. Nos quejamos de que no denunciamos, pero no de las falencias en los mecanismos y las garantías en el país para hacerlo. Creo que es más un tema de comportamiento social, porque no se puede afirmar que por haber nacido en Colombia, automáticamente se tenga que ser corrupto o, como dijo Miguel Nulo, que “la corrupción es inherente a la condición humana”.

Una percepción que se tiene es que la corrupción es inherente al sector público. ¿Y el privado qué?

Hace varios años, cuando empezó a tener fuerza a nivel global el tema de la lucha contra la corrupción, había una frase que aún se repite: para bailar tango se necesitan dos. Ello para referir que es un problema tanto de lo público como de lo privado. Yo digo que no es un tango, no es de uno ni de otro, es una especie de fiesta en la que todo el mundo baila con todo el mundo. En una encuesta que hicimos con la Externado sobre prácticas de soborno en las empresas, ellas mismas decían que es normal y casi que necesario. Decían, por ejemplo, que para poder contratar con el Estado tocaba pagar o se sabían que los pliegos de condiciones están acomodados a favor de una empresa amiga. Es claro que el empresariado tiene un rol muy importante y la verdad es que muchos lo vienen asumiendo. Las empresas tienen que fortalecerse internamente y ser muy cuidadosas en su interacción con el ámbito público, en la contratación, en el mismo financiamiento de campañas y cuando prestan servicios.

Hay un tema espinoso ahí y es el de la reglamentación del ‘lobby’…

Yo diría que obligatorio. Hoy en Colombia existen muchas firmas de lobby que hacen su trabajo de manera decente, lo que pasa es que no lo tenemos los suficientemente regulado y no se está haciendo sobre la mesa. Todos tenemos derecho a hablar con nuestros congresistas, por quienes votamos, pero eso debe hacerse de manera abierta a quien quiera hacer un escrutinio. El problema no es que se quieran gestionar los intereses, sino que se gestionan de manera opaca y eso no se ha podido hacer en el Congreso. Ha habido 13 intentos de ley en los últimos 10 años y no pasan porque precisamente hay intereses para impedir que se transparente esa relación.

Frente a todo este diagnóstico, ¿sirve la consulta anticorrupción?

Lo primero es que por fin vamos a utilizar un mecanismo de participación ciudadana en un tema muy grueso de país y estamos ante una oportunidad histórica. Si miramos sus contenidos, es claro que no se va a cambiar de un día para otro el problema de la corrupción, pero hay unos temas claves. Por ejemplo, el fortalecimiento de la rendición de cuentas de Congreso, gobernaciones, alcaldías, asambleas y concejos, que es por donde pasa gran parte de la gestión del Estado, es fundamental. Si logramos tener un sistema más ordenado, concreto y permanente, que además nos permita regular el lobby, damos un paso adelante. Si logramos que los funcionarios elegidos por voto popular divulguen las tres declaraciones —de bienes y patrimonio, de renta y de conflicto de intereses que hoy son una regla de oro en la lucha contra la corrupción a nivel internacional— damos un paso adelante. Si logramos que se acaben los privilegios a los condenados por corrupción, damos un paso adelante. A todos nos indigna lo que la ley hoy permite: una pena máxima de ocho años, le rebajan a la mitad por confesar, luego por buen comportamiento se van a la casa por cárcel y salen en dos años, sin devolver la plata.

Igual, lo más importante es dar un mensaje de mandato ciudadano de no más corrupción…

Ese es el punto de fondo. Hemos visto en Brasil, en Guatemala, en Honduras y en República Dominicana a la gente saliendo a las calles a manifestarse en contra de la corrupción. Ahora es el turno de Colombia, tenemos la oportunidad de hacer que el tema siga presente en la agenda nacional. El valor más importante de la consulta está en la movilización y en el mandato ciudadano.

Y si no se alcanzan los votos necesarios, ¿el camino serían los proyectos anticorrupción que presentó el nuevo gobierno de Iván Duque?

Los proyectos están bien intencionados, aunque vale la pena hacerles ajustes. Yo tenía la expectativa, en lo personal, que el paquete anticorrupción del Gobierno fuera más amplio, no solamente limitado a ciertos elementos. Si la consulta no pasa, qué lástima, pero no quiere decir que la lucha se queda ahí. La única manera de luchar contra la corrupción no es sólo a través de leyes, hay otras cosas que hay que seguir ajustando en la práctica y hay cosas que hacen que el tema siga siendo prioritario para Colombia. Hay compromisos internacionales firmados bastante estrictos, como el de la OCDE. El gobierno Santos lo que hizo fue lograr cumplir con ciertos parámetros para lograr el ingreso, pero ahora se viene la implementación de esos parámetros y ahí hay unos temas claves, por ejemplo, de responsabilidad penal de personas jurídicas y otro que se discute a nivel internacional es el de divulgar quiénes son los verdaderos propietarios de las empresas que son los que se están haciendo ricos con estos temas. Son compromisos de Estado y más aún cuando en el día a día vemos que la corrupción amenaza la institucionalidad.

En el Índice de Percepción de Corrupción, Colombia mantiene desde hace cuatro años una calificación de 37 sobre 100 puntos, ¿no ha servido para nada lo que se ha hecho?

Ese índice marca la percepción. Los esfuerzos son importantes, son útiles y se necesitan, pero la percepción tarda mucho en cambiar, porque la gente no quiere ver normas sino resultados. Quiere ver a los condenados por corrupción realmente cumpliendo penas y no en casa por cárcel. Se han dado algunos cambios, pero estos serían más perceptibles y concretos si existiese una legislación que los soporte. Lo que se ha hecho es útil pero no es suficiente.

El lío es que todo tiene que pasar por el Congreso y, la verdad, no creo que allá quieran reformarse…

Muy pocos, quizá. Por eso estamos en la consulta, porque las leyes no pudieron pasar en el Congreso cuando se plantearon. Pero sí, lo paradójico es que esos puntos tendrían que pasar otra vez por el Congreso, esperamos, eso sí, que sea ahora con un mandato ciudadano contundente y en el plazo de un año, no alargando las cosas, como sucede por la vía legislativa.

¿Será que estamos condenados a ser un país de corruptos?

No y en esto sirve mucho la mirada y comparación con otros países. A veces somos muy duros y no lo suficientemente benévolos en reconocer que aquí hay cosas que han cambiado. Ojalá podamos seguir en esa ruta de cambio. Aquí hay ciertas líneas que podemos aprovechar, hay un mecanismo previsto en la ley y tenemos que aprovecharlo saliendo a votar. Pero no creo que estemos condenados y pienso que el contexto de las cosas va por una ruta de cambio. Nosotros hace unos seis meses arrancamos con un centro de asesoría legal anticorrupción. Siempre nos llegaba gente con casos y decíamos que éramos la Fiscalía, pero ahora adaptamos una metodología donde los ayudamos a orientar sus denuncias, a decir si es corrupción, a que recopilen las pruebas que se necesitan y a que pongan las acciones requeridas. Nos ha ido muy bien con eso y se han puesto muchas demandas y tutelas. A veces somos muy duros y hay gente muy valiente en el país. Se está generando un cambio.