'Estamos atados de manos'

El presidente del Consejo Nacional Electoral plantea la necesidad de recibir apoyo de la Fiscalía para, incluso, interceptar teléfonos en las investigaciones de delitos electorales.

El magistrado Carlos Ardila Ballesteros, del Partido Cambio Radical, es el presidente del Consejo Nacional Electoral desde octubre de 2012. / Gabriel Aponte - El Espectador
El magistrado Carlos Ardila Ballesteros, del Partido Cambio Radical, es el presidente del Consejo Nacional Electoral desde octubre de 2012. / Gabriel Aponte - El Espectador

El problema sigue siendo el mismo: falta de autonomía administrativa y financiera. A lo que ahora se suma la decisión del Consejo de Estado de anular una resolución interna que le daba al Consejo Nacional Electoral (CNE) facultades especiales para revisar los escrutinios y documentos en cualquier etapa del proceso de elección.

Por eso, el presidente del organismo, Carlos Ardila, radicó en el Congreso de la República dos proyectos de ley que apuntan a subsanar esas situaciones que, según dice, tienen hoy amarrado de manos al CNE. En diálogo con El Espectador explica sus alcances y, de paso, cuestiona la poca atención que el país político le presta a la Organización Electoral.

¿A qué apunta el proyecto sobre revisión de escrutinios?

En Colombia, en los temas de escrutinio, los candidatos tienen poca posibilidad de defenderse, porque el Código Electoral los remite, en la mayoría de los casos, a demandar ante el Consejo de Estado. Eso hace que ese tribunal se congestione y que los fallos demoren mucho, pudiendo el Consejo Electoral ganar tiempo. Aunque la reforma política de 2009 nos dio facultades para revisar los escrutinios y nosotros establecimos una reglamentación para ello, en octubre del año pasado el Consejo de Estado emitió un fallo diciendo que eso no se podía hacer y que si queríamos un protocolo teníamos que acudir a una ley estatutaria. La idea es establecer las reglas de juego para esa revisión de escrutinios.

Y si esa ley no sale, ¿qué puede pasar?

Estaremos como en los años anteriores a 2009, es decir, que el que tenga una queja que no esté exactamente en el procedimiento electoral tradicional, deberá acudir ante el Consejo de Estado. Otra vez a pleito de tres años, porque no hay manera de que nosotros le revisemos y le definamos el tema.

¿Ve voluntad política para aprobarla?

Yo creería que los partidos la van a sacar adelante, porque necesitan ese tipo de garantías.

¿Y los tiempos sí alcanzan para que esté lista en junio?

Siendo estatutaria, debe ser aprobada en una sola legislatura y además debe ir a revisión de la Corte Constitucional. Si no, tocaría volver a presentarla, pero tendría que salir en septiembre u octubre para que alcancen los tiempos. Aunque sería un riesgo y altamente probable que no alcance a estar el fallo de la Corte a marzo de 2014.

¿Sigue pensando que con ese fallo del Consejo de Estado el CNE quedó con facultades de nada?

Es un punto de vista muy personal. Una facultad que tenemos es revisar las inscripciones de candidatos y anularlas si están inhabilitados. Tenemos una resolución interna y un protocolo definido para eso y lo que he dicho es que cualquier abogado de algún candidato manifiestamente inhabilitado va a interponer la excepción de inconstitucionalidad diciendo que según el Consejo de Estado no podemos hacer eso hasta que haya una ley estatutaria. Allí vamos a tener un enredo. Lo mismo pasará con la trashumancia o trasteo de electores. El Consejo de Estado lo que ha dicho, más o menos, es que no podemos dictar resoluciones para ninguno de esos temas.

¿Y entonces el CNE para qué sirve?

Para las otras funciones: vigilar encuestas, controlar a los partidos, lo de la propaganda. Pero en el debate electoral propiamente dicho, las funciones que nos han dado en los últimos años prácticamente quedan en el aire. Sin dientes, como siempre se ha dicho. El CNE vendría siendo como un policía de tránsito en la séptima con 72 de Bogotá, a las 6:10 de la tarde, sin pito, sin uniforme y sin libreta de partes. Por ejemplo, la ley ordena que debemos ir al contencioso para que les quiten la curul o la credencial a las personas elegidas que hayan violado los topes de campaña. Estamos investigando desde el año pasado lo sucedido en Cota (Cundinamarca) y Puerto Gaitán (Meta), y no hemos sido capaces. Un cantante contratado por una campaña, se presenta ante nosotros y dice, bajo gravedad de juramento, que aunque él cobra $20 millones, al candidato en cuestión le cobró $2 millones. ¿Cómo hacemos nosotros para probar lo contrario? Esa es una tarea de policía judicial y no tenemos esa capacidad, ni el personal, ni el presupuesto. Deberíamos tener una estructura investigativa que nos permitiera llegar a ese tipo de decisiones. Nosotros no podemos ni interceptar una línea telefónica. Aquí sólo recibimos declaraciones bajo juramento, cuando somos los primeros que sabemos que a diario se violen los topes de las campañas.

¿Y qué necesitarían exactamente para recaudar esas pruebas?

Un apoyo de policía judicial o del CTI, para ordenar pruebas de seguimiento, de interceptaciones, pero no tenemos acceso a eso.

¿Es por eso que en otro proyecto, también recientemente radicado, insisten en lo de la autonomía presupuestal?

Así es. La idea es sacar una reforma constitucional que nos dé autonomía administrativa y financiera. Está autorizada, pero no tenemos personal, no hay una oficina de control interno y hasta los conductores son empleados de la Registraduría prestados.

Pero ese tema de la autonomía administrativa es de toda la vida. ¿Por qué?

Es que cuando no hay época de elecciones, nadie se interesa. Y cuando hay elecciones, entonces dicen que cómo van a cambiar las reglas a mitad de juego. Entonces no vamos para ninguna parte. Y cuando logramos mejorar nuestro funcionamiento, con resoluciones internas, el Consejo de Estado nos dice que eso no es así.

¿Qué es exactamente lo que les preocupa a los partidos sobre topes de gastos de campañas?

Vamos a hacer una reunión con los directores de partidos el 2 de abril. A ellos les preocupa que si ahora lo de los topes es por lista (antes era por candidato) y una lista al Senado se puede gastar cerca de $30 mil millones, entonces un partido que tenga cinco o seis candidatos tendrá seis mil millones por cada uno, mientras que otro partido que inscriba 20 o 30 candidatos, a cada uno le tocan 100 o 150 millones y que eso no es justo. Es cuando yo les contesto: la ley la hicieron ustedes.

¿Y el tema del umbral, que pasó a ser del 3% en las próximas elecciones?

No hay nada que hacer, el que no tenga ese 3% de los votos válidos perderá su personería jurídica. Serán unos 450 mil votos. Están en peligro Cambio Radical, los verdes, el PIN y de pronto el Polo.

¿Qué tan lejos está implementar el voto electrónico en Colombia?

Pues yo recibí una carta del Polo Democrático donde dice que Colombia es un país con un sistema electoral corrupto y que hay que implementar el voto electrónico. El registrador plantea que no hay dinero y ese es un tema del Ministerio de Hacienda. La ley dice que para 2014 debe estar funcionando, pero no lo veo tan fácil.

A uno le queda la sensación de que en las elecciones de 2014 volverán las quejas y denuncias de irregularidades y no pasará nada…
Es posible que sea así. No estoy en condiciones de decirle que no y lo más grave es que en el CNE estamos atados de manos.