Un panorama agrio

Este es el balance de un año sin los mandatos anticorrupción

De los siete puntos de la consulta votada en 2018, solamente uno fue aprobado, cuatro se hundieron y el resto sigue en trámite. Hoy, la Alianza Verde firma un compromiso para aplicar cinco de ellos en Bogotá.

La Consulta Anticorrupción de 2018 fue respaldada por 11.674.951 colombianos.Mauricio Alvarado- El Espectador

A los ojos del mundo resultaba absurdo que en Colombia se elevara una consulta popular para animar a la ciudadanía a votar en contra de la corrupción. Sin embargo, las promotoras de esta iniciativa, la senadora Angélica Lozano y la hoy candidata a la Alcaldía de Bogotá, Claudia López, ambas de la Alianza Verde, entendieron después de muchas luchas al interior del Congreso que esta movilización electoral era necesaria, que la gente debía depositar en un tarjetón su inconformidad e insatisfacción con la clase política, la misma que manifestaba recurrentemente en las redes sociales, que era la última vía para acorralar a Gobierno y Legislativo para que no dilataran más el cambio que necesita el país.

(Para contexto: Fracaso anticorrupción: ¿qué queda vivo del paquete radicado por el Gobierno?)

Hoy, un año después de que millones de personas se manifestaran en las urnas diciendo #7VecesSí, eslogan de la campaña de la consulta anticorrupción, la realidad política sigue igual, pese al compromiso que adquirieron el presidente, Iván Duque, y el Congreso de tramitar en la primera legislatura, 2018-2019, los mandatos votados: la reducción del salario de los funcionarios de alto nivel (incluidos los parlamentarios), cárcel para corruptos, contratación transparente a través de los pliegos tipo, presupuestos públicos participativos, rendición de cuentas, publicidad de la declaración de renta y registro de intereses, y el límite de períodos en el poder. De estos, solo uno logró superar todos los debates, mientras cuatro se hundieron. Los calificativos para describir la lucha legislativa por sacar adelante estos temas son negativos, por mucho, agrios para algunos.

No en vano, algunos creyeron que la consulta era un absurdo. En principio, cuando se tramitó la propuesta de preguntarle a la ciudadanía sobre la corrupción, se recogieron cuatro millones de firmas que la apoyaron. Al respecto, Lozano dijo: “Esta ha sido la iniciativa con mayor respaldo ciudadano en la historia del país. Tuvimos más firmas válidas que la segunda reelección de Uribe y la inscripción de la candidatura de Vargas Lleras. Si esto tiene casi cinco millones de nombres, claramente no es porque tengamos cinco millones de afiliados verdes, sino porque es un pacto de país”. En su último debate fue aprobado por unanimidad en el Senado un escenario optimista para lo que sería el día de las urnas. Lo que no esperaban las promotoras fue la oposición que hicieron figuras políticas de peso electoral, como el expresidente Álvaro Uribe.

(Le interesa: Consulta anticorrupción: mandato popular irrespetado)

Pese a la resistencia uribista, la consulta obtuvo más de 11’600.000 votos y le faltaron solo 468.922 para alcanzar el 33 % del umbral electoral que exigía la ley para que el Congreso le diera obligatorio cumplimiento. De lejos, un resultado arrasador, mayor que el que obtuvo el presidente Duque en la segunda vuelta. Esta situación, que involucraba a todos los partidos políticos y la ciudadanía, llevó a que el primer mandatario implementara una mesa técnica interpartidista para trabajar los siete puntos de la consulta y convertirlos en proyectos y actos legislativos, con el compromiso de darles mensaje de urgencia. El mismo mandatario, el 18 de septiembre del año pasado, manifestó ante los medios que esperaba que a finales de 2019 las iniciativas fueran una realidad.

Cincuenta días después de la radicación del paquete, el 7 de noviembre, el presidente Duque cumplió con el mensaje de urgencia a los proyectos de ley de rendición de cuentas, publicación de declaración de bienes y rentas, conflicto de intereses y probidad administrativa (el de aumentar responsabilidades penales a los corruptos). Una acción que para las promotoras llegó tarde, según las promesas de que a finales de 2018 el paquete anticorrupción sería sancionado por el jefe de Estado. Hoy, cuando se cumple un año de la manifestación ciudadana en las urnas, ¿cuál es el balance?

Reducción del salario

“El proyecto se archivó en primer debate de la Comisión Primera de la Cámara, luego de que 37 de los 38 representantes se declararon impedidos. Terminé quedándome sola en la votación, por lo que la iniciativa se hundió a falta de quórum”, explicó la representante verde Juanita Goebertus. A este tema, Lozano agrega: “Nueve meses después de esto, el presidente Duque firmó un decreto y aumentó de nuevo el salario de los congresistas a $32’741.000”.

Mayor responsabilidad penal para los corruptos

Este punto venía compuesto de varias iniciativas legislativas. Una de ellas eliminaba el beneficio de casa por cárcel para los corruptos y era la que en un principio iba más adelante en el trámite, pues se vinculó a un proyecto de la Fiscalía que estaba en marcha en el Congreso. “Faltando la conciliación de los textos, una supuesta confusión en la asignación de conciliadores dio como resultado la muerte del proyecto por tiempos de vencimiento. Devastante golpe y burla al país”, manifestó Lozano. Para la actual legislatura, se radicó de nuevo. Por otro lado, sigue viva la propuesta de inhabilitar a los corruptos para contratar nuevamente con el Estado. Le quedan dos debates.

(Lea: Hundido proyecto de ley que eliminaba beneficio de casa por cárcel para corruptos)

Contratación transparente (pliegos tipo)

Le falta un debate en la plenaria de la Cámara para ser realidad, pero Lozano advierte que viene con un mico: descontextualiza el concepto de lo que es un pliego tipo. Esta iniciativa busca eliminar la práctica de contratos sastre, diseñados para un solo proponente, para, en cambio, estandarizarlos y hacer un mayor control fiscal.

(Proyecto de pliegos tipo, aprobado en tercer debate)

Presupuestos públicos con participación de la ciudadanía

“Es uno de los proyectos más tristes, porque ni siquiera logró pasar su primer debate en Comisión Cuarta del Senado por falta de quórum”, dijo la representante Goebertus. Lo cierto es que esta era una de las iniciativas que necesitaron mensaje de urgencia, pero nunca llegó. Como bien se lee de este mandato, se pretendía vincular a la ciudadanía exponiéndole las partidas presupuestales y las rendiciones de cuentas. Para esta legislatura, fue nuevamente radicado y está a la espera de que se asignen ponentes.

Rendición de cuentas

El único proyecto aprobado en su totalidad en este primer año. Se encuentra en revisión constitucional. “Hay que decir que unos de los elementos más interesantes de la iniciativa, como la publicidad del voto de los congresistas, la agenda y la gestión de partidas presupuestales, fueron eliminados”, advirtió Goebertus. Congresistas, diputados, concejales y ediles estarán en la obligación de rendir informes de gestión.

Publicación de la declaración de renta

Con este proyecto se pretende hacer públicos la declaración de bienes y rentas, el impuesto sobre la renta y el registro del conflicto de intereses. Para esto se radicaron dos iniciativas, a las que les falta el último debate en plenaria de la Cámara de Representantes. En las discusiones anteriores, algunos congresistas han procurado que la publicación de estos documentos sea por orden judicial o de órganos de control, escenario que no cambiaría las condiciones actuales. Hay otros peros que se quieren adherir, como el de no exigir estos papeles a los cónyuges y familiares de los parlamentarios.

Límite de períodos

“Los atornillados le han hecho daño al país, han estancado el desarrollo de la política. Este mandato era clave para que en los cuerpos colegiados puedan ser elegidos por máximo tres períodos en la misma corporación. La legislatura anterior hundió esta iniciativa dos veces. La primera vez fue archivada en segundo debate en Cámara de Representantes y la segunda con la reforma política (que había adherido este tema) en su segunda vuelta. Este año fue radicado nuevamente y está pendiente por designar ponentes”, explicó la senadora Lozano.

En conclusión, un año después el balance es adverso y más por el apoyo que se le dio en el Congreso a la realización de la consulta, que no se vio reflejado en el trámite de los siete mandatos. “Yo realmente no he visto un tema más difícil en el Capitolio como los proyectos anticorrupción. Veo que en discusiones más polarizantes, como las objeciones a la JEP o escenarios difíciles electoralmente, como los de Bogotá (segunda vuelta para la Alcaldía), logramos ponernos de acuerdo, pero con esto he encontrado una resistencia muy dura y un interés en no cambiar prácticas políticas tradicionales”, enfatizó la representante Goebertus.

Aun así, la Alianza Verde insiste en dar la batalla. Para celebrar un año de la consulta, hoy la bancada se citará en la Plaza de Bolívar a firmar el compromiso de aplicar cinco de los siete puntos en Bogotá.

 

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2019-08-26T19:46:36-05:00

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Natalia Tamayo Gaviria - @nataliatg13

Política

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