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Aunque el viraje que ha dado la comunidad internacional alrededor de la lucha contra las drogas ha sido un avance importante tanto para los países productores como consumidores, lo cierto es que sigue siendo tímido frente a los retos que este flagelo representa para los Estados. El caso de Colombia, en particular, se ha convertido en un verdadero dilema pues, mientras ha venido liderando el debate en el plano internacional para buscar nuevos enfoques en la llamada guerra global contra las drogas, las cifras indican que, pese a ese cambio, las hectáreas sembradas con cultivos ilícitos siguen creciendo a pasos agigantados.
La explicación para tal situación –que hoy se aproxima a las 300.000 hectáreas sembradas con cultivos considerados de uso ilícito-, se ha venido explicando desde el gobierno anterior con Juan Manuel Santos: el Acuerdo de Paz con la exguerrilla de las Farc, la suspensión de la aspersión con glifosato y el valor del dólar frente al peso son apenas algunos de los motivos que arguyó el entonces mandatario. No obstante, los programas de sustitución voluntaria y la erradicación no forzosa recién están comenzando, asunto que, en parte, hace que el gobierno norteamericano dé un margen de maniobra para tomar decisiones como, por ejemplo, no descertificar a Colombia.
Lo cierto es que el debate en torno a este polémico asunto será llevado a los países miembro de la Organización de Naciones Unidas, reunida por 73 vez en Nueva York, y este mismo lunes, el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, se prepara para abordar la crisis con sus principales aliados. Así será en desarrollo del evento ‘Llamado global a la acción en el problema mundial contra las drogas’, del que surgirá un documento al que tuvo acceso El Espectador y cuyo contenido evidencia los pasos que dará la comunidad internacional de cara a esta discusión. El texto evidencia la timidez para afrontar nuevos enfoques, pero, al mismo tiempo, los nuevos retos a afrontar.
“Reconocemos que el problema mundial de las drogas presenta desafíos en evolución, incluidos los nuevos productos sintéticos emergentes (…) Nos comprometemos a abordar y contrarrestar (…) los vínculos entre el tráfico de drogas, la corrupción y otras formas de delincuencia organizada, y, en algunos casos, terrorismo”, señala el documento. En el mismo sentido, el documento del ‘Llamado global a la acción en el problema mundial contra las drogas’ establece cuatro compromisos concretos que parten de desarrollar planes de acción:
1. Reducir la demanda de drogas ilícitas a través de la educación, el conocimiento y la prevención del abuso.
2. Ampliar los esfuerzos de tratamiento para salvar vidas y promover la recuperación.
3. Fortalecer la cooperación internacional en los sectores judicial, policial y de salud.
4. Cortar el suministro de drogas ilícitas al detener su producción, ya sea a través del cultivo o fabricación y flujo a través de las fronteras.
El próximo año, la ONU tiene previsto convocar a un nuevo debate global contra las drogas en el marco de un nuevo periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General para revisar las políticas que han adoptado los Estados contra las drogas consideradas de uso ilícito. Colombia, México y Guatemala, principalmente, fueron los países pioneros que llevaron el debate ante la comunidad internacional en desarrollo de la Cumbre de las Américas de 2012 y allí se planteó la necesidad de revisar la política prohibicionista ante la más clara conclusión en estas décadas de guerra global antidrogas: que esta fracasó.
El paso más importante que se dio a partir de entonces, y que quedó consignado en un documento especial expedido en la UNGASS 2016, firmado en Nueva York (Estados Unidos), es el de reconocer que los Estados ya no buscan un mundo ‘libre de drogas’ sino ‘libre del uso indebido’ de drogas. “Reafirmamos nuestra determinación de (…) promover una sociedad libre del uso indebido de drogas a fin de ayudar a garantizar que todas las personas puedan vivir con salud, dignidad, paz, seguridad y prosperidad, y reafirmamos nuestra determinación de abordar los problemas sociales, de salud pública y de seguridad derivados del uso indebido de drogas”.
Finalmente, en el documento de 2016, los Estados firmantes establecen como recomendación, entre muchas otras, adoptar medidas de prevención del consumo a través de información precisa sobre los riesgos del uso indebido de drogas, “promoviendo competencias y oportunidades que permitan elegir modos de vida saludables y promover un desempeño positivo de las funciones parentales y entornos sociales saludables, y garantizando el acceso a la educación y la formación profesional en condiciones de igualdad”.