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El presidente Juan Manuel Santos ya venía anunciando, desde principios de febrero de este año, que pronto iba a tomar medidas en el Ejecutivo para atender a la población migrante, proveniente de Venezuela, que se ha visto obligada a ingresar a territorio colombiano por la crisis política, social y económica que atraviesa el país vecino. En respuesta, ya dejó listo, a finales de este mes, el decreto que otorga de herramientas a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres para que comience el censo de venezolanos que han llegado a Colombia en dicha calidad.
(Lea: El éxodo de más de medio millón de venezolanos a Colombia)
A partir del próximo viernes 6 de abril, es decir, en menos de una semana, la mencionada entidad comenzará a materializar el registro de migrantes venezolanos, pero con efectos informativos. Es decir, este procedimiento no otorgará ningún tipo de estatus migratorio y “no constituye autorización de permanencia o regularización”, como aclara el decreto firmado por el primer mandatario. Tampoco servirá para reemplazar documentos de viaje y no genera derechos civiles o políticos que, por ejemplo, les permita participar del proceso electoral que se avecina, el próximo 27 de mayo.
De acuerdo con las autoridades, hasta enero de este año, el registro oficial daba cuenta de unos 350.000 venezolanos irregulares que han atravesado la frontera hacia territorio colombiano, sin tener en cuenta en dicha cifra los que han cruzado por vías ilegales y que no han reportado su ingreso. Y es que, según la UNGRD, desde 2017 la entrada masiva de venezolanos a territorio colombiano ha aumentado significativamente y “dicha migración no sólo se adelanta a través de los puestos oficiales de control fronterizo sino también por rutas de acceso irregular al país, motivo por el que no ha sido posible su registro”.
Para el debido registro, la entidad creó una herramienta que caracteriza el tipo de población que ingresa al país en elementos como sexo, edad, trabajo, composición familiar, profesión o capacidad de vincularse formalmente a algún tipo de labor en el país, entre otros aspectos. Una herramienta similar a la que tiene para el Registro Único de Damnificados, que separa a la población afectada por eventos naturales o antropogénicos no intencionales, y trabajará de manera mancomunada con la Defensoría del Pueblo y con las distintas personerías municipales.
“La información contenida en el Registro Administrativo de Migrantes no podrá ser utilizada para la imposición de medidas sancionatorias a la población registrada, tales como multas, deportaciones o expulsiones de cualquier tipo”, indica el decreto firmado hace algunos días por el presidente Santos, y se aclara que el registro se llevará a cabo durante un plazo de dos meses, prorrogables en caso de ser necesario.