La estrategia de los impedimentos

El exprocurador Edgardo Maya, por medio de conceptos de altos juristas, defiende la legitimidad de su aspiración.

Los candidatos a la Contraloría: Edgardo Maya (izq.), Carlos Ardila (cen.) y Gilberto Rondón (der). / Prensa Senado - César Leonardo Vargas

El pulso por la elección del reemplazo de Sandra Morelli en la Contraloría, entre el exprocurador Edgardo Maya Villazón y los exrepresentantes a la Cámara Gilberto Rondón y Carlos Ardila, ha pasado por el escenario político, donde el presidente Juan Manuel Santos ha cobijado como su candidato a Maya Villazón; en el Congreso, el Partido Liberal, de la mano del exmandatario César Gaviria, jalona la aspiración de Rondón; los demás partidos no han hecho pública su decisión y Ardila parece haber quedado fuera de carrera. Pero ahora el debate se ha centrado en los posibles impedimentos.

En el centro de la discusión está la aspiración de Maya Villazón, de quien señalan no podría ser candidato porque cumpliría la edad de retiro forzoso (65 años) mientras esté ocupando el cargo, también por una supuesta violación de la norma en su postulación y, por último, por haber sido conjuez de una alta corte durante el último año antes de la elección, que se dará el martes en el pleno del Congreso.

En la arena jurídica, Maya Villazón tiene sus argumentos y con varios conceptos de altos juristas defiende la legitimidad de su postulación. El primero tiene que ver con su labor de conjuez: un documento del excontralor Juan Carlos Galindo conceptúa que “los conjueces no ocupan un cargo público y mal puede afirmarse que está inhabilitado para ser contralor, es decir, la participación en determinados procesos judiciales no es obstáculo”.

Planteamiento apoyado por el exmagistrado de la Corte Constitucional Jorge Arango Mejía, quien basado en planteamientos como que la responsabilidad del conjuez no implica cargo alguno, que no forma parte de la estructura administrativa laboral, que son particulares que ejercen la función de administrar justicia y que en la estructura del Estado no existe la figura de conjuez como cargo público, concluye “que no cae en la órbita de la prohibición el artículo 267 de la Constitución”.

Frente a la edad de retiro, otro documento dice que no existe una disposición que consagre la edad de 65 años como causal de retiro forzoso del contralor y explica que “aunque el decreto ley 267 de 2000, que dicta las normas del régimen especial de la carrera administrativa de la Contraloría, establece como causal de retiro de los empleados de carrera y de libre nombramiento y remoción la edad de retiro forzoso, lo cierto es que tal supuesto de derecho no aplica al cargo de contralor, porque su denominación no corresponde ni a la de “funcionario de carrera” ni a la de “funcionario de libre nombramiento y remoción”.

Como de argumentos se trata, ante una solicitud de acompañamiento a la elección, el procurador Alejandro Ordóñez presentó un documento que podría hacer tambalear la aspiración de Maya Villazón. Tiene que ver con la labor de conjuez sobre la cual señala se podría configurar una causal de nulidad electoral. Además, se refiere a que Maya Villazón fue postulado por dos magistrados que en el pasado fueron elegidos por él. Sobre esos dos temas advierte que no son del resorte de la Procuraduría y que tendría que definirlo la jurisdicción contenciosa administrativa.

Lo que tiene preocupados a los parlamentarios de este concepto es que advierte: “la elección comportaría una actuación disciplinaria en contra de los electores”, es decir, la Procuraduría podría abrir investigación contra los parlamentarios si alguno de estos planteamientos efectivamente constituyen una inhabilidad.

Tesis de parte y parte que solo podrán ser resueltas el martes en la elección. Por ahora los candidatos con mayor opción, Maya Villazón y Rondón, siguen tratando de cautivar el respaldo de los diferentes partidos. La situación no es fácil y la elección será a voto limpio.