La estrategia del Gobierno para que el narcotráfico sea delito político

Los congresistas de la Unidad Nacional podrían remitirse a la jurisprudencia, específicamente a la sentencia CP 117-2015 de la Corte Suprema para alegar que el narcotráfico es conexo a la rebelión.

Archivo El Espectador
Aunque en la ponencia del Congreso para aprobar la Ley de Amnistía para los guerrilleros de las Farc no se contempla el narcotráfico como un delito conexo al delito de rebelión, el Gobierno acudirá a una decisión de la Corte Suprema de Justicia que le daría vía libre a esta propuesta que se cayó cuando el acuerdo de paz fue renegociado, luego del triunfo del No en el plebiscito del 2 de octubre. (Vea aquí el especial "A construir la paz")
 
Esta es la historia. En el 2013, la embajada de Estados Unidos en Colombia pidió al Gobierno colombiano que se aprobara la extradición de Juan Vicente Carvajal Isidro, el jefe financiero del Frente Décimo de las Farc, para “comparecer a juicio por un delito federal de narcóticos, porte ilegal de armas de fuego y concierto para delinquir”.
 
A pesar de que la Corte Suprema de Justicia decidió dar un concepto favorable para que Carvajal fuera extraditado, esta sentencia se convertirá la carta del Gobierno durante las discusiones que habrá en el Congreso alrededor de la amnistía a los guerrilleros de las Farc y la posibilidad de que no sean juzgados por la justicia ordinaria por delitos relacionados con el narcotráfico.
 
La sentencia CP117-2015, de septiembre del año pasado, señala claramente que el hecho de que este frente cobrara un “impuesto” a los productores de cocaína, “evidencia es la conexidad del tráfico de estupefacientes con la rebelión”.
 
Además en su decisión, el alto tribunal expone la necesidad de que se contemple la conexidad del narcotráfico a un delito político, asegurando que “la Corte sí está llamada a considerar la conexidad del delito común con aquél, toda vez que la restricción constitucional de no extraditar por delitos políticos, debe ser comprendida en armonía con el artículo 22-7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.
 
También aclara que los Estados, al ser autónomos a la hora de juzgar a sus ciudadanos, pueden amnistiar e indultar los delitos de narcotráfico. Con esos argumentos, los congresistas de la Unidad Nacional podrían sacar adelante una de las grandes manzanas de la discordia con la oposición. Por eso, aunque en la ponencia de la Ley de Amnistía, Indulto y Tratamientos Especiales no figure el narcotráfico como un delito conexo, este podría resultar aprobándose durante las discusiones alrededor de este punto del acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc.