¿Estructuras delincuenciales de políticos en Colombia?

Así lo anunció el vicefiscal Jorge Perdomo. A estas personas se les investiga por delitos de fraude a inscripción de cédulas y falso testimonio.

El vicefiscal Jorge Fernando Perdomo les pidió a los ciudadanos que no se “dejen utilizar por los politiqueros”. / Archivo - El Espectador

Desde gente que cambia su voto por tejas, cemento o dinero, hasta candidatos que se hacen elegir con la ayuda de guerrilleros o paramilitares. Delitos electorales ha habido desde hace tiempo en Colombia; sin embargo, la Fiscalía General de la Nación busca que no ocurra lo mismo con las elecciones regionales de octubre de este año. Con ese fin llamó a 618 personas a interrogatorio.

Un megaproceso que busca combatir dos delitos en particular: fraude en inscripción de cédulas y falso testimonio, cuyo objetivo, según el vicefiscal Jorge Fernando Perdomo, es “establecer cuáles son las estructuras políticas delincuenciales que están usando con los ciudadanos, que en muchos casos desconocen estas normas y que aprovechándose además de la necesidad los llevan a través de dádivas a sitios para inscribir sus cédulas”, en lo que se conoce como trashumancia electoral.

Perdomo sostuvo, además, que este no es un ejercicio de persecución al ciudadano, “queremos que a través de estos interrogatorios podamos analizar caso por caso para establecer las estructuras delincuenciales de políticos que están delinquiendo e intentando incidir en las elecciones de octubre” de 2015.

Perdomo dijo, a su vez, que los ciudadanos tienen que saber que sólo pueden votar en el sitio donde residen o trabajan. “Cualquier otro voto en otro municipio puede constituir un delito (...) No se dejen utilizar por los politiqueros que juegan con las necesidades de la gente para realizar estas maniobras de trasteo de votos, maniobras que son sancionadas en el Código Penal”.

El ente investigador tiene la mira puesta, sobre todo en seis regiones del país donde se presenta la mayor cantidad de delitos electorales: Atlántico, Norte de Santander, Santander, Boyacá, Meta y La Guajira. Por ejemplo, aunque el municipio de Restrepo (Meta) cuenta con 10. 571 habitantes, hay 14.568 ciudadanos inscritos para votar. Una cifra que no cuadra. La Fiscalía apunta a aquellos municipios en los que se ha presentado un aumento considerable e inusitado de inscripción de cédulas.

De hecho, en un informe de la Misión de Observación Electoral (MOE), revelado por este diario recientemente, se advierte que en por lo menos 69 municipios hay más personas inscritas para votar que habitantes. Municipios como Restrepo, Cabuyaro y Puerto Gaitán (Meta), Puerto Colombia (Atlántico), La Jagua del Pilar (La Guajira) y Villanueva (Santander) están en la lista. En otros 93 municipios, de acuerdo con la MOE, se ha presentado un aumento inusitado en la inscripción de cédulas.

Esta es apenas una de las medidas que adelantan las autoridades para evitar el trasteo de votos. En junio pasado, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, anunció la transferencia de $37 mil millones a la Registraduría “para garantizar los comicios el próximo mes de octubre, que sean transparentes, con mayores avances tecnológicos, como el uso de la biometría y que permitan también combatir la trashumancia, es decir, el uso de cédulas que se llevan de un municipio a otro para alterar los resultados electorales”.

Por su parte, el Consejo Nacional Electoral ha anunciado varias investigaciones para evitar que los camiones con votantes por las carreteras de Colombia sigan siendo parte del paisaje. Desde el pasado 7 de abril, con base en una resolución de este año, el CNE puede iniciar investigaciones de oficio y no tiene que esperar al cierre de la inscripción de cédulas para hacerlo.