La eterna fórmula de una constituyente

La propuesta de asamblea nacional constituyente para reformar la justicia desató un alboroto político que no parece tener salida.

Con la Constituyente de 1991 se crearon la Corte Constitucional, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y el Consejo Superior de la Judicatura. /Archivo - El Espectador

Vuelve y juega la constituyente. Esta vez la idea es de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, encabezada por el fiscal Eduardo Montealegre y los presidentes de tres de las cuatro cortes. El motivo: su convicción de que la reforma constitucional que terminó su trámite en el Congreso, conocida como el equilibrio de poderes, no resuelve los problemas estructurales de la justicia ni preserva el principio de la separación de los poderes públicos, ni responde a la necesidad de adaptar el poder judicial a un escenario de posconflicto.

Como era de esperarse, más se demoró en ventilarse la propuesta, acompañada de una larga argumentación para advertir sobre vicios de procedimiento o inconveniencia nacional, que en desatarse una cadena de reacciones en favor y en contra de la idea. Desde el presidente Santos y el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, que invitaron a los jerarcas de la justicia a dialogar, hasta el presidente de la Corporación de Jueces y Magistrados, Hermens Lara, quien reclamó medidas cautelares para frenar los efectos de la reforma en el Congreso.

En el fondo se advierte que el acto legislativo del equilibrio de poderes, lejos de proveer verdaderas soluciones, genera una controversia entre dignatarios de los tres poderes públicos, sin que la sociedad tenga otra opción que avivar el debate en el país de los abogados. El fiscal Montealegre y los presidentes de la Corte Suprema, el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura aseguran que la reforma debilita el poder y la autonomía de las entidades encargadas de proteger los derechos de todos los ciudadanos. El ministro de Justicia, Yesid Reyes, lo niega y dice que es para acabar el “yo te elijo, tú me eliges”.

Es un enfrentamiento público que de entrada demuestra que los representantes de la justicia son renuentes a perder algunas de sus facultades y que desde el Congreso se advierte oportunismo para aprovechar el trámite del proyecto en el objetivo de afianzar su poder. Hace tres años, cuando el legislativo había concretado otra reforma a la justicia, ésta se quemó en la puerta del horno y provocó un escándalo por el rosario de anomalías que a última hora le quisieron colgar los miembros de la comisión de conciliación de la iniciativa para favorecerse.

“Insistir en la reforma a la justicia vía Congreso es un esfuerzo inútil. Creer que el Legislativo puede aprobar esa iniciativa es tan ingenuo y utópico como pensar que la Corte Constitucional va a viabilizarla”, observó hace cuatro años el exsenador Darío Martínez Betancourt, y sus palabras parecen corresponder a la actual coyuntura. Según dice Martínez, ya que el Gobierno es el dueño de la propuesta, el Congreso es el escenario del pleito, pero quienes tienen la última palabra son los magistrados, que pueden echar abajo todo lo acordado.

Es decir, el histórico choque de trenes que se repite cada vez que se quiere promover una reforma profunda del sistema judicial en Colombia. En esta ocasión, según la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, porque crea una comisión de aforados que despoja al Congreso de funciones jurisdiccionales —al eliminar la Comisión de Acusación—, acaba con el Consejo Superior de la Judicatura o regula las funciones nominadoras de las cortes, el régimen de inhabilidades o la reelección de algunos de los cargos en el sistema judicial.

De todos modos, este nuevo florero de Llorente llega antecedido por varios hechos que ponen en evidencia lo que tarde o temprano se iba a producir. Cabe recordar que el presidente Santos denunció públicamente que algunos magistrados del Consejo de la Judicatura estaban presionando a los congresistas para evitar la supresión de esa corporación. Después se armó alboroto por la presencia de la lobista del fiscal Montealegre, la abogada Olga Claros, quien de curul en curul logró la eliminación de un artículo que afectaba a su jefe.

La senadora Viviane Morales ya había advertido sobre lo que iba a pasar. Cuando se opuso a que se aprobara un artículo para consagrar la inviolabilidad de los magistrados, comentó que iban a levantar su voz contra la reforma. Hoy la carta que se jugaron el fiscal Montealegre; el presidente de la Corte Suprema, Leonidas Bustos; el del Consejo de la Judicatura, Wilson Ruiz, y el del Consejo de Estado, Luis Rafael Vergara, le da la razón. Se aproxima una nueva crisis que tiene como telón de fondo la reforma de un poder que viene de capa caída.

Claro está que detrás de su intención de desacreditar la reforma a la justicia, la carta de Montealegre, Bustos y otros dignatarios de la justicia viene acompañada de una sugestiva propuesta: la convocatoria de una asamblea nacional constituyente. Por coincidencia o no, la misma idea que ha venido ventilando la guerrilla de las Farc desde La Habana y la que han propuesto, desde distintas orillas, sectores como el Centro Democrático y el Polo. Un escenario que en esta ocasión llega sugerido para avanzar hacia la consolidación de la paz.

En el fondo, la idea no deja de ser atractiva y los firmantes de la propuesta la justifican diciendo que la reforma del equilibrio de poderes no avoca temas cruciales para un escenario de posconflicto, como la rendición de cuentas de quienes se acojan a la justicia transicional. Sin embargo, con la consabida frase de quienes ven en la constituyente un paso incierto, el ministro de Justicia, Yesid Reyes, advirtió que sería “un salto al vacío”. Sencillamente porque en toda asamblea constituyente se sabe bien cómo comienza pero nunca cómo va a terminar.

Por eso, en el ambiente quedó claro que la reacción a la carta de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial es de doble mirada. Por ejemplo, el excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga observó: “El gran problema que afronta hoy Colombia es la justicia y la solución no es esta reforma de equilibrio de poderes, que es un paño de agua tibia”. Un poco más allá, su copartidario y compañero de fórmula, Carlos Holmes Trujillo, agregó: “Estoy de acuerdo con la solicitud de la Rama Judicial de que se convoque una constituyente”.

En cambio, la excandidata del Partido Conservador Marta Lucía Ramírez, en una carta al jefe de su colectividad, David Barguil, le pidió que rechace la solicitud de Montealegre, Bustos y otros, porque convocar hoy a una constituyente generaría una gran inestabilidad institucional, con consecuencias funestas para el manejo económico y la gobernabilidad, “por la complejidad y riesgos derivados de la negociación que se adelanta en La Habana”. De paso añadió que la reforma actual no es todo lo esperado, pero al menos limita el poder electoral de las cortes.

En el interior de la rama hay incluso quienes disienten respecto a la constituyente. La prueba es que el vicepresidente de la Corte Suprema, el magistrado Fernando Giraldo, apartándose de la postura asumida por su colega Leónidas Bustos, estuvo de acuerdo con los reparos a la reforma de equilibrio de poderes, pero no con la constituyente. Ante el alboroto suscitado, el presidente del Congreso, José David Name, no vio otro camino que convocar al diálogo entre el Gobierno y las altas cortes, sin echar por la borda los ocho debates que se surtieron en el Congreso.