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Dieciséis parlamentarios de la Unión Europea (UE) le manifestaron al gobierno de Colombia su preocupación por el incremento de la violencia, previó a las elecciones para elegir autoridades locales y regionales, el próximo 27 de octubre.
“Como miembros del Parlamento Europeo, quisiéramos transmitirle nuestra preocupación ante el clima de violencia preelectoral que se está viviendo en el país”, señalan en una misiva dirigida al embajador de Colombia ante Bélgica y la misma UE, Felipe García, cuyas firmas encabeza el español Miguel Urbán, miembro del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea. La misiva también fue copiada a la embajadora de la comunidad en Bogotá, Patricia Llombart Cussac.
El documento, revelado por la Agencia Anadolu, recoge uno de los recientes informes de la Misión de Observación Electoral (MOE), en el que se señala que 43 precandidatos han sido víctimas de violencia desde octubre del año pasado, cuando se inició la inscripción de las candidaturas, hasta su cierre, el pasado 27 de julio. Nueve de estas personas fueron asesinadas.
Además, después de esta última fecha, ya con el inicio formal de la campaña, y hasta el 20 de septiembre, la situación continuó agravándose: al menos 54 candidatos fueron víctimas de violencia: siete asesinados, seis sufrieron atentados, dos fueron secuestrados y 40 recibieron amenazas. “Según nos han comunicado, la situación es tan dramática que en algunos municipios incluso se ha considerado la posibilidad de cancelar las elecciones. De hecho, según la Defensoría del Pueblo, hay 402 municipios en riesgo de sufrir violencia política”, dice la carta.
Los europarlamentarios recalcan que los hechos se han producido en medio de un clima de violencia sistemática y criminalización contra las personas defensoras de derechos humanos y líderes y lideresas sociales. “Las cifras que diversas instituciones oficiales y no gubernamentales han presentado sobre las agresiones contra defensores y defensoras son alarmantes e indican que Colombia sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo para la defensa de los derechos humanos”, dice la misiva.
En este sentido, remite a otro informe de Indepaz, que consigna que desde la firma del Acuerdo de Paz en el Teatro Colón, el 24 de noviembre de 2016, hasta el 20 de julio de 2019, han sido asesinadas 765 personas reconocidas como líderes en sus comunidades, excombatientes que se acogieron al proceso firmado en La Habana y algunos de sus familiares.
En la carta, los legisladores europeos recuerdan que el Punto 2 del Acuerdo Paz establecido con la hoy desmovilizada guerrilla de las Farc, contiene una serie de medidas que buscan la apertura democrática y el aumento de la participación de la ciudadanía colombiana en la política, los asuntos públicos y la construcción de la paz. “Sin embargo, este parece ser uno de los bloques que cuenta con una menor implementación”, dicen.
Por otra parte, en cuanto a la implementación de lo pactado, afirman que las medidas adoptadas hasta ahora por el gobierno del presidente Duque, frente a las garantías para la defensa de los derechos humanos, son “insuficientes, no oportunas y no integrales (…) persiste una visión de la protección basada meramente en medidas físicas, otorgadas por la Unidad Nacional de Protección (que además ha sido al centro de varios escándalos de corrupción), y no en la prevención y abordaje de las causas estructurales de la violencia”, señalan los parlamentarios.
Igualmente manifestaron su preocupación por la falta de resultados de la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía, entidad que está financiada en parte con fondos europeos. En su concepto, los parlamentarios consideran que las funciones de esta nueva entidad, cuya misión es desmantelar las estructuras sucesoras del paramilitarismo y esclarecer los vínculos con las elites políticas, económicas y militares, “deben ser potenciadas y respetadas”.
“Queremos manifestar nuestro más profundo rechazo a este clima de violencia, nuestro compromiso con la paz, el cumplimiento y la implementación de los acuerdos, y nuestro apoyo y solidaridad al pueblo colombiano”, concluyen los europarlamentarios, haciendo además una serie de solicitudes y recomendaciones para hacerle frente a la violencia preelectoral, entre ellas, que se reanuden los diálogos con la guerrilla del ELN, que fueron suspendidos por el presidente Iván Duque.
Asimismo, piden que se renueve de forma integral el mandato de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU por al menos tres años, y que se inste a la Fiscalía General de la Nación a que adelante las “investigaciones pertinentes” que esclarezcan los hechos y lleven a la captura de los autores materiales e intelectuales de la violencia contra líderes políticos, sociales y defensores de derechos humanos.