Eventual candidatura de Vargas Lleras, a salvo

Aunque hay temor por las interpretaciones que se puedan hacer del fallo que tumbó a Oneida Pinto en La Guajira, la situación del vicepresidente se rige por la reforma el Equilibrio de Poderes, que estableció una inhabilidad de un año para poder aspirar.

Lo dicho, en un país de abogados como Colombia, las interpretaciones de las leyes son un ejercicio cotidiano. Por eso, la noticia publicada por El Espectador sobre las supuestas implicaciones del fallo del Consejo de Estado que tumbó a la gobernadora de la Guajira, Oneida Pinto, frente a una eventual candidatura presidencial del hoy vicepresidente Germán Vargas Lleras, generó toda clase de reacciones en los círculos políticos y una ardua polémica.

Sobre todo cuando el mismo representante a la Cámara Rodrigo Lara, director de Cambio Radical, expresara públicamente sus temores por lo que considera ha sido el “cambio de las reglas de juego” por parte del alto tribunal, estipulando que los periodos de los alcaldes y gobernadores son de cuatro años y su inhabilidad no es de 12 meses como lo consagró una ley aprobada en 2011 por el Congreso, algo que podría ser utilizado por los rivales políticos de Vargas Lleras para tratar de trabar su posible aspiración.

“El Consejo de Estado termina interpretando y legislando porque desconoce una ley que se aprobó en el Congreso en 2011 y la interpreta diciendo que los periodos son de cuatro años y la mitad del fallo lo dedica a explicar por qué. Es una interpretación de la propia cosecha del magistrado y eso se prestará para que se diga que el periodo del vicepresidente es de cuatro años (…) Aunque el fallo es para alcaldes, hoy vivimos en un mundo de absoluta incertidumbre jurídica. Las reformas constitucionales que expide el Congreso son objetadas, son demandadas y hoy no hay seguridad jurídica, no hay seguridad constitucional, todo está sujeto a la libre interpretación”, manifestó Lara en entrevista con RCN Radio.

Sin embargo, de acuerdo con varios constitucionalistas y juristas consultados por este diario, los temores de Cambio Radical son infundados. ¿La razón? En la reforma constitucional del Equilibrio de Poderes se definieron los parámetros que aplican al vicepresidente, cuando decida aspirar a la primera magistratura del Estado. Fue exactamente en el artículo 9°, con el que se eliminó la reelección presidencial, en el que se establece además que dicha prohibición no cobija al vicepresidente “cuando la ha ejercido por menos de tres meses, en forma continua o discontinua, durante el cuatrienio”.

De hecho, la norma señala que para no inhabilitarse en su postulación, el vicepresidente tendrá que renunciar un año antes de la elección. Dicha regla aplica también para ministros, directores de departamento, administrativo, magistrados de las altas cortes y del Consejo Nacional Electoral, procurador general, defensor del Pueblo, contralor general, fiscal general, registrador nacional, comandantes de las Fuerzas Militares, auditor generala, director de la Policía, gobernador o alcalde.

Vale recordar que durante la discusión de la reforma de Equilibrio de Poderes, algunos legisladores intentaron atravesar un palo en la rueda a Vargas Lleras al introducir en el articulado, exactamente en el sexto debate, una inhabilidad de cuatro años y luego de dos años para que el vicepresidente pudiera lanzarse a la Presidencia, proposición que finalmente no prosperó. En conclusión, siendo el equilibrio de Poderes una reforma constitucional, está por encima de la ley que tumbó a Oneida Pinto.