Exfuncionarios, abogados, académicos y algunos senadores piden objetar la JEP

Iván Duque Márquez, presidente de Colombia. / EFE

A través de una carta, más de 30 exfuncionarios, congresistas, abogados y académicos le pidieron al presidente Iván Duque objetar la ley estatutaria de la JEP, con el argumento de que esta normativa, de ser sancionada, afectaría uno de los poderes públicos del país.

“La pretensión de inhibir, a propósito de la ley estatutaria, la esencial tarea del Ejecutivo, entraña el efecto de mutilar gravemente la órbita de uno de los poderes públicos y de deformar el régimen constitucional del gobierno, con graves efectos para el futuro, lo cual equivale, con respecto a la hipótesis concreta, a un soterrado golpe institucional al Estado de Derecho”, escriben en la carta, en la que también le exponen los derechos jurídicos que tiene Duque para objetar cualquier proyecto de ley.

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“El Gobierno Nacional es titular de la facultad de objetar por razones de inconstitucionalidad o inconveniencia, y, consiguientemente, abstenerse de firmalo, devolviéndolo al Congreso para un examen de su contenido a la luz del criterio del poder Ejecutivo”, explican.

Según comentan, objetar la ley estatutaria, contrarrestaría “el sistema de frenos y contrapesos que equilibran las competencias de las ramas del poder público”.

En ese sentido, sostienen que el proyecto de ley estatutaria no podría ser objetado por inconstitucional, debido a que la Corte Constitucional lo declaró exequible. “Vale añadir que la Corte, en seguimiento fiel de la ley suprema, ha reconocido que la atribución constitucional del Gobierno para objetar por inconveniencia proyectos de ley en una fase necesaria dentro del trámite de producción de la legislación”.

Igualmente, pidieron que en este proceso de revisión jurídica, se haga un análisis detallado a los “criterios con base a en los cuales se definen la procedencia del otorgamiento de amnistías e indultos”.

Además, el planteamiento que hacen para la revisión, coinciden con la mayoría de las reformas que el uribismo anunció buscará hacer por medio de actos legislativos. Por ejemplo, la conexidad de delitos políticos, el incumplimiento de las obligaciones por parte del compareciente a la JEP, la pérdida de beneficios por reincidencia en delitos como el secuestro, narcotráfico y homicidio, la extradición de estos, entre otros.

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Advierten, por último, que dichas objeciones no pretenden eliminar la JEP o causar detrimento del contenido esencial y estructural del tribunal transicional. Algunos de los firmantes son los exministros de Estado, Hugo Palacios Mejía, Fernando Londoño Hoyos, Carlos Holguín Sardi y Carlos Martínez Samahan; el exfiscal general, Luis Camilo Osorios; los exparlamentarios, Enrique Gómez Hurtado y Samuel Hoyos; los académicos Juan Carlos Cárdenas Niño, Hernán Gonzalo Jiménez e Ignacio Restrepo; el empresario José Félix Lafaurie y algunos senadores del Centro Democrático.  

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