Exguerrilleros y escoltas, un debate viejo

En la época de La Violencia en Colombia, entre la primera mitad del siglo XX y principios de la segunda, cuando liberales y conservadores se debatían a muerte por el poder, los gobiernos —como hoy— hacían sus más arduos intentos para llegar a un país sin conflicto armado. En ese momento, movimientos guerrilleros afines a distintas corrientes se levantaban en armas para combatir lo que ellos consideraban un Estado represor, y así surgieron los grupos en los Llanos Orientales.

Con el fin de derrocar el mandato del conservador Mariano Ospina Pérez, la insurgencia llanera —que abanderaba las ideologías de los del “trapo rojo”, o sea, los liberales— llevó a cabo varias acciones para lograr tal fin a pesar de que, desde Bogotá, el plan se había abortado. Lo que le valió, por supuesto, la persecución de las autoridades y que, años más tarde, acabaría con la amnistía concedida por el teniente general Gustavo Rojas Pinilla a sus máximos comandantes, entre ellos Guadalupe Salcedo.

Sin embargo, quedó un integrante que se rehusó a abandonar las filas guerrillas, que respondía al nombre de Dúmar Aljure Moncaleano quien, en el momento de vincularse a la guerrilla, era cabo segundo del Ejército. “Cuando nosotros empezamos a conversar sobre un eventual Acuerdo de Paz con el Gobierno en 1989, le recordamos el antecedente de Aljure. Sus antecedentes registran que después de eso, hizo parte del extinto DAS rural”, contó a El Espectador el senador de la Alianza Verde Antonio Navarro, exmiembro del M-19.

Pero, ¿toda esta historia para qué? Esta semana, el Congreso aprobó en último debate la ley orgánica que le permite a la Unidad Nacional de Protección (UNP) ampliar sus gastos de funcionamiento para adherir a su planta de personal 1.200 escoltas (máximo), que se encargarán de proteger a los miembros de las Farc que así lo requieran, en el tránsito que harán de la legalidad a la vida civil. Estas más de mil personas serán excombatientes de la guerrilla que, de hecho, ya están completando toda una serie de exámenes y capacitaciones para ser contratados.

Sin embargo, la iniciativa —producto de la implementación de los compromisos adquiridos en las conversaciones de paz de La Habana— no ha caído nada bien. Especialmente en sectores que siguen recalcitrantes frente a todo lo que implique desarrollar jurídicamente el Acuerdo de Paz. Así lo ha dicho el propio expresidente y hoy senador del Centro Democrático Álvaro Uribe quien, durante su intervención en la plenaria de la corporación, cuestionó que se les vayan a entregar las armas del Estado a exguerrilleros que, justamente, acaban de entregar sus propias armas.

Lo que tal vez pasó por alto es que él también tuvo a un exguerrillero como escolta encargado de su seguridad cuando era gobernador de Antioquia, como se lo recordó el senador Navarro, a lo que Uribe respondió que “nunca reparo escoltas. No nombro ni veto. Me acabo de enterar”. Y es que, según recuerda Navarro, ese programa funcionó muy bien, especialmente porque eran esquemas de seguridad mixtos; es decir, compuestos por personal del DAS, a pesar de que varios de ellos fueron señalados dentro de los procesos que investigaron los asesinatos de los excandidatos presidenciales Carlos Pizarro y Bernardo Jaramillo.

Por eso, lo que se aprobó esta semana en el Senado en último debate no es nada nuevo. Ha ocurrido en procesos anteriores y así lo ratificó el propio Diego Mora, director de la Unidad Nacional de Protección (entidad que asumió la tarea de garantizar la seguridad a personalidades de alto riesgo). Según contó a este diario, de los 260 miembros del M-19 que fueron incorporados al DAS como escoltas tras la firma de la paz con esa guerrilla, en 1990, hoy quedan alrededor de 35 escoltas y otros tantos están en la Fiscalía General de la Nación. Incluso, hay unos —muy pocos— de los antiguos grupos guerrilleros Quintín Lame y Epl.

“Por eso, no entendemos las críticas que han lanzado en contra de este proyecto que, contrario a generar mayor inseguridad, lo que nos va a permitir es brindar oportunidades de trabajo a personas que dejaron sus armas para entrar a la vida civil, ante el riesgo de que se vayan a una banda criminal. Por eso, el estigma de guerrillero desapareció para nosotros. Acá son escoltas como cualquier otro”, explicó Mora. Esos escoltas, sin embargo, no están prestando servicio a ningún alto funcionario del Estado, salvo a algunos congresistas, como el senador Navarro, que siente mayor protección con sus excompañeros de lucha armada. No en vano, según reveló a El Espectador, ha tenido que solicitar el cambio de algunos integrantes de su esquema de seguridad por física falta de confianza.

Pero lo mismo no piensa otro exintegrante del M-19 que, como Navarro, ha llegado a convertirse en un dirigente político importante y de antaño, a pesar de su pasado guerrillero. Como se sabe, dentro de las filas del Centro Democrático milita el senador Everth Bustamante, elegido por primera vez como congresista de Colombia dos días después de haberse firmado el Acuerdo de Paz entre esa guerrilla y el gobierno del entonces presidente Virgilio Barco, con 56 mil votos, por las circunscripciones de Bogotá y Cundinamarca, que en ese momento no estaban separadas. “Desde ese momento me pusieron escoltas bajo el sistema de seguridad mixto, tres eran del DAS y los otros tres eran de la Policía. A partir de ahí llevo 27 años con escoltas de la Policía y de los organismos de seguridad del Estado”, recordó el hoy senador uribista. Bajo esa premisa, argumentó que la base de todo proceso de paz debe ser la confianza y el respeto por los sistemas de seguridad que ofrece el Estado. “Por eso, yo nunca tuve escoltas del M-19 y eso hace que no comparta la decisión del Gobierno sobre la incorporación de 1.200 exmiembros de las Farc a la UNP. Eso demuestra desconfianza y genera una doble lectura. Son personas sin respeto por las normas del Estado”, agregó.

Cosa distinta piensa Aída Avella, actual presidenta de la Unión Patriótica (UP), movimiento surgido de las negociaciones de paz de mediados de los años 80 con las Farc, que derivó en el exterminio del partido por completo, pues la mayoría de sus dirigentes fueron asesinados. Para ella, este proyecto es más que necesario en medio de un país en el que se registran, casi a diario, amenazas a líderes sociales y defensores de derechos humanos y, en un período no menor, el asesinato de varios de ellos. “Toda la gente que estuvo con los escoltas del DAS fue la que murió. Nombraban escoltas para hacernos seguimiento. Los adiestraban para ello”, recordó.

Y el lastre de la UP, sin duda, es un episodio que no se puede repetir. De hecho, de esa base partieron los miembros del Secretariado de las Farc para impulsar acuerdos como este, ante la evidencia de que aún quedan reductos del paramilitarismo que se encargarán de perseguirlos, como ya lo han venido haciendo con asesinatos a familiares y miembros de la guerrilla, según ha revelado la Misión de la ONU. Son válidas las críticas que han surgido en algunos sectores, pero también lo es rememorar apartes de la historia para demostrar que esquemas de seguridad como el que se propone podrían funcionar.

En últimas, como lo señala el politólogo Juan Fernando Londoño, “tenemos un deber ético como país y es garantizar, a quienes han cumplido con el desarme, que el Estado va a ser el garante de sus vidas, pero para esa garantía hay que entender que, aprendiendo de las lecciones del pasado, es mejor tener personas de confianza de los guerrilleros que hagan parte de esos esquemas. El debate tendría que estar más centrado en cuál es el mejor mecanismo para garantizar las vida en este proceso de reinserción”.