Presiente Duque pide reactivar circular roja a jefes del Eln que están en Cuba

hace 3 horas

Exministro de salud Alejandro Gaviria: Prohibir no, regular sí

El académico y estudioso del fenómeno del narcotráfico y de las estrategias internacionales para combatirlo, habla sobre la poca incidencia que podría tener el decreto presidencial que ordena la incautación de las dosis personales de droga. Insiste en que el prohibicionismo “ha fracasado estruendosamente” en todo el mundo, y, pese a que esa tendencia está de moda, asegura que le gustaría que se abriera el debate sobre el uso regulado y recreativo de la marihuana.

“Partamos de una premisa: ni los consumidores ni los cultivadores de coca son criminales”: Gaviria. / Cristian Garavito

El presidente Iván Duque firmó el decreto que permite confiscarles a los ciudadanos, en las calles, cualquier dosis de droga que porten. Desde su óptica de exministro de Salud y de experto en políticas antidrogas, ¿ese decreto contradice el concepto constitucional sobre la legalidad de la “dosis para uso personal”?

No soy abogado ni experto en jurisprudencia, pero quisiera traer a cuento los postulados de Carlos Gaviria, expresados hace ya casi 25 años, en 1994, en su famosa sentencia sobre la despenalización de la dosis mínima. Decía Gaviria que nuestra Constitución es democrática y libertaria, y que, por lo tanto, solo las conductas que interfieren gravemente con la libertad de los otros, pueden restringirse. El decreto va, creo yo, en contravía de un principio fundamental del liberalismo: “el único propósito con el que puede ejercerse legítimamente el poder sobre un miembro de una comunidad civilizada, contra su voluntad, es impedir el daño a otros”.

Altos funcionarios del actual gobierno, que pretenden acabar con el permiso para portar la dosis mínima, sostienen que la permisividad ha sido responsable del incremento en el consumo, en niños y adolescentes. Y, también, la causa del auge del microtráfico en colegios y universidades ¿Está de acuerdo con esas afirmaciones?

El consumo de sustancias ilícitas sí ha aumentado en Colombia. La prevalencia, sobre todo en la de marihuana, se ha multiplicado por dos en las últimas dos décadas. Eso es innegable. Pero las causas son menos claras. En una investigación de hace algunos años, pude mostrar, por ejemplo, que el aumento es posterior a la sentencia de 1994 y que la pendiente es la misma antes y después. El incremento, además, ha sido similar en otros países de América Latina. La percepción de riesgo sobre el uso de marihuana ha disminuido en todo el mundo y este hecho ha llevado, probablemente, a más consumo. Cabe señalar también que, al menos, la gran mayoría del consumo de marihuana no es problemático.

Para muchos ciudadanos prevenidos, un marihuanero - como llaman despectivamente a quien fuma yerba- es igual a un adicto a la cocaína, al bazuco o a la heroína ¿Por qué “no es problemático”?

Estudios científicos, por ejemplo uno publicado hace algunos años en la prestigiosa revista inglesa de medicina The Lancet, muestran, de manera clara, que el consumo de marihuana es menos perjudicial para la salud que el consumo de alcohol y de tabaco. Esto es, la estigmatización del marihuanero no corresponde a la evidencia. Casi siempre la política antidroga ha sido contraria a la evidencia científica. La ideología prima en este tipo de discusiones. La historia se está repitiendo, aparentemente.

También se ha dicho que, además de la confiscación de la dosis personal que porte un transeúnte, se impondrán multas. ¿Cree que estas sanciones son eficientes en la lucha contra el microtráfico?

Las políticas preventivas del consumo de drogas no son fáciles. Las mejores solo han logrado reducir el consumo en 15% y, usualmente, están orientadas a disminuir, al mismo tiempo, el consumo de sustanciales ilícitas, de alcohol y de tabaco. Estas políticas atacan también otras conductas riesgosas, incluido el pandillismo y el matoneo. No conozco ningún estudio que muestre que las multas funcionan en este contexto. Los estudios sugieren, más bien, que resultan en microcorrupción y abusos policiales.

En la política prohibicionista, este tipo de medidas se basa en la creencia de que hay menor riesgo de consumo si se les evitan, a las familias, las ‘tentaciones’. Usted ha estudiado este tema también desde la academia ¿Evitar la proximidad física de estudiantes o adultos consumidores con las drogas, es suficiente?

En general, la disponibilidad puede llevar a un aumento del consumo. Así lo muestran los datos. Pero esa idea o creencia sobre las ‘tentaciones’ no tiene sentido, desvía el debate. El prohibicionismo ha fracasado estruendosamente en todo el mundo, y lleva, casi siempre, a un mayor consumo. Lo que se necesita es una regulación adecuada. El caso del tabaco muestra que una buena regulación puede hacer compatibles los objetivos de salud pública y los principios liberales. Prohibir no, regular sí.

¿Regular en lugar de prohibir? ¿En cuáles casos?

Me gustaría, por ejemplo, que se abriera el debate sobre la regulación (no la prohibición, insisto) del consumo de marihuana, más allá de lo medicinal.

¿Habla usted del consumo recreativo de marihuana? ¿Por qué?

Sí, estoy hablando del consumo recreativo. Y, sí, estoy hablando al mismo tiempo de esquemas regulatorios, como los de California, Colorado y otros estados de Estados Unidos, además del caso de Uruguay.

Según datos oficiales de la Policía, entre el primero y el 12 de octubre se han incautado 20,38 kilos de sustancias psicoactivas en todo el país, de los cuales, en Bogotá encontraron 5 kilos y, por poner otro ejemplo, en Caquetá solo 1.13 kilos; además, se impusieron 12 mil 400 multas. Esas cifras, ¿qué le sugieren?

Habría que poner esas cifras en contexto. Parece una cifra irrisoria. Pero sea lo que fuere, el éxito de la política no puede medirse por el volumen de incautaciones sino por la disminución del consumo y por el respeto a los derechos humanos. Y ambas cuestiones están por verse.

Hablando de la lucha global contra el narcotráfico, usted y otros académicos sostienen que por seguir las políticas antidrogas de Estados Unidos, Colombia ha pagado el costo más alto del mundo en vidas truncadas y ha sufrido el daño más grave a sus instituciones democráticas. ¿Todavía sostiene esa tesis en el mundo de hoy?

Por supuesto. Los hechos son evidentes. Hace poco leí un artículo del historiador Jorge Orlando Melo, sobre Medellín, en los años sesenta. Era provinciana, tradicional, una especie de pueblo grande, de costureras. En quince años, entre 1975 y 1990, el narcotráfico transformó a Medellín en la ciudad más violenta del mundo. Los homicidios han caído durante las últimas décadas, pero miles de muertos después, Colombia sigue exportando el 80% de la cocaína que llega a Estados Unidos.

O sea, ¿todas las guerras contra el narcotráfico y contra los carteles de los años 80, no sirvió de nada?

Si el objetivo de la guerra contra las drogas era disminuir el volumen de cocaína exportado por Colombia a Estados Unidos, es así: no ha servido mucho.

El gobierno anterior tomó decisiones en esta materia, pese al disgusto de Estados Unidos, pero hoy todo parece haber cambiado. En su opinión, ¿estamos regresando a una época de pleno sometimiento a los intereses norteamericanos?

El caso de Estados Unidos es paradójico. Alguien lo llamó recientemente un asunto de hipocresía trágica: primero, se ha legalizado la marihuana en varios de sus estados; y segundo, las sustancias psicodélicas han vuelto a ponerse de moda, allá. Hoy se usan en Silicon Valley, microdosis de LDS para estimular la creatividad. Y la epidemia de opioides cobró más de 72 mil vidas el año pasado. No creo, pues, que un país que está legalizando unas drogas y padeciendo una epidemia sin antecedentes de otras, pueda certificar o dar lecciones de moral. Deberíamos, mejor, compartir experiencias y trabajar de la mano como pares, no en medio de relaciones jerárquicas.

Pues vea usted que casi “descertifican” a Colombia este año. La culpa, que se le adjudica al gobierno anterior, tiene que ver con el enorme incremento de las hectáreas sembradas con hoja de coca ¿Cómo explicar ese resultado negativo y, simultáneamente, defender la política adoptada?

El crecimiento de las hectáreas de coca es un problema, sin duda. Pero cabe advertir que este es un mal indicador. Corresponde tener, al mismo tiempo, estimativos de la oferta exportable (la interdicción y la destrucción de laboratorios han aumentado) y del número y tamaño de comunidades involucradas. Las hectáreas crecieron en parte por la devaluación y por la expectativa de una compensación después del Acuerdo de paz. Pero, al mismo tiempo, la coca sigue siendo la única alternativa de inserción a la economía global para muchas comunidades. Como le oí decir a un miembro del Ejército, “esta guerra hay que seguirla dando, pero por el camino largo, esto es, con respeto a los derechos humanos y a la salud de la gente”.

Buena advertencia puesto que, por algún motivo que no se puede siempre precisar, la guerra contra las drogas casi siempre termina con violación de derechos por parte de los agentes del Estado y, desde luego, de los narcotraficantes… ¿A qué se debe esta conexión fatal?

Como le dije, la misma naturaleza de la guerra contra las drogas lleva a que esta sea, casi siempre, una guerra contra la gente.

El gobierno Trump y el gobierno Duque parecen estar de acuerdo en que se necesita volver a las aspersiones aéreas con glifosato para reducir eficazmente el número de hectáreas sembradas con hoja de coca, hoy disparado. Usted, como ministro de Salud, participó en la decisión de suspender la fumigación aérea, porque ese químico es potencialmente cancerígeno. ¿Existe evidencia científica suficiente para sustentar el peligro para la salud humana y animal?

El argumento para la suspensión de la aspersión aérea del glifosato tiene dos partes. Primero, los efectos adversos sobre la salud: ese compuesto químico parece estar asociado con enfermedades respiratorias, dermatológicas y, en el largo plazo, con cáncer. Y segundo, el hecho de que el daño es causado directamente por el Estado a una población que no puede gestionar el riesgo o que no tiene cómo defenderse. Yo creo que este argumento es suficiente para suspender las fumigaciones áreas. Las manuales son otra cosa.

¿Es posible volver a aplicar las aspersiones aéreas sin incurrir en desacato de la orden de la Corte Constitucional?

La Corte ha puesto algunas condiciones para reanudar las fumigaciones. El gobierno tendrá que cumplirlas, por supuesto. Ya veremos cómo se plantea el debate.

Me da la impresión de que el debate sobre el método para combatir el narcotráfico se ha politizado, más que siempre, por estar el Acuerdo de Paz en la mitad de la polémica: los grupos que se opusieron a la firma se empeñan en calificar a las guerrillas solo como bandas dedicadas al negocio del narcotráfico para deslegitimar el Acuerdo. Tales grupos están hoy en el gobierno ¿Su mirada unidireccional podría distorsionar la solución del problema?

El debate está politizado en todo el mundo. Me parece que después de un movimiento parcial hacia enfoques más racionales y basados en la evidencia, el mundo se está moviendo hacia el lado contrario. La guerra contra las drogas ha vuelto de la mano de gobiernos autoritarios que están surgiendo en muchas partes. Colombia no es la excepción. El debate aquí también se ha polarizado. Está en el centro de la controversia política. Yo sigo creyendo, ingenuamente, lo sé, que deberíamos partir de una premisa: ni los consumidores ni los cultivadores de coca son criminales. Por lo menos deberíamos ponernos de acuerdo en eso.

Y hablando de este asunto que usted ha estudiado a fondo, ¿cuáles serían las estrategias para la reducción del consumo y para la disminución de la oferta, y cuál de todas las políticas que usted conoce sería deseable para aplicar en Colombia?

Voy a mencionar cuatro: debería dárseles continuidad a los programas “familias fuertes”, para la prevención del consumo; los piloto, de reducción del daño; los del Sena, que promueven usos industriales de la coca y los de sustitución voluntaria.

“La guerra contra las drogas ha tenido sesgo clasista”

El expresidente Santos y usted, como ministro de Salud de ese gobierno, implementaron una estrategia contra las drogas que parece opuesta a la actual. En términos generales, ¿se podría decir que ustedes veían el problema más como un asunto de salud pública que policivo y con un ángulo más pedagógico que restrictivo?

Algo se avanzó en acceso a tratamientos y reducción del daño. Menos, en el aspecto preventivo. El consumo ha venido aumentando, como ya lo he dicho. Las políticas preventivas, debo reconocerlo, son dispersas, mal financiadas y no evaluadas. La Policía hace una cosa, el ministerio de Educación otra, el de Salud, otra más. Pero el enfoque de salud pública y de derechos humanos es una cuestión de principios: parte del respeto a la autonomía individual y de la convicción de que la guerra contra las drogas ha sido, en general, una guerra contra la gente común, contra los más débiles.

Quiere decir, ¿con tinte clasista? La verdad, no imagino a los agentes de Policía requisando a los alumnos de los colegios privados más caros del norte de Bogotá ni a estos (‘usted no sabe quién soy yo’) dejando que los requisen…

La evidencia disponible en todo el mundo muestra, de manera fehaciente, que la guerra contra las drogas ha tenido sesgo clasista y racista.

 

“Prudencia en el manejo del caso Medimás”

 No puedo dejar de preguntarle sobre el lío que produjo el anuncio de la agente liquidadora de Cafesalud y el Procurador quienes comunicaron la decisión de revocar la venta de esa EPS a Medimás ¿Cuáles consecuencias puede acarrear? 

Pido prudencia. Ya vendrá el tiempo de mirar hacia atrás. Me preocupan los efectos que una gran crisis de confianza (un pánico económico, ni más ni menos) podría tener sobre la atención de la gente. Yo viví ese escenario varias veces y es inmanejable. En las crisis de confianza, por más que se diga lo contrario, le cierran las puertas a la gente en las narices.

¿El esquema del sistema de salud basado en unidades empresariales privadas con contratos con el Estado, fracasó y es hora de emprender nuevos caminos?

Yo no creo. Siempre habrá que hacer reformas. El sistema está en proceso de depuración. A mí me toco liquidar Salud Cóndor, Selva Salud, Solsalud, Humanavivir, Goldengroup, Caprecom, Saludcoop, etc. El proceso tendrá que seguir. Pero eso no significa acabar con el sistema. En Colombia existen varios subsistemas sin EPS: el del magisterio, el de las Fuerzas Armadas y el de las secretarías de Salud para los no afiliados. Los tres funcionan peor que el sistema general. Para no mencionar la historia de terror del Seguro Social.