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La relación entre la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el gobierno colombiano no pasa por su mejor momento. Desde hace una semana se rumora de una fuerte molestia en el Ejecutivo y sus aliados en el Congreso por cuentas de los pronunciamientos de funcionarios del organismo multilateral que le han pedido al Gobierno cumplir con el Acuerdo de Paz y, especialmente, ofrecer garantías de seguridad y reintegración a los excombatientes de las Farc.
“Naciones Unidas está actuando de manera que no hay garantía para la democracia colombiana. ¿Cómo se le ocurre al representante de Naciones Unidas decir que el gobierno está incitando a la violencia contra los desmovilizados?” refutó el expresidente Álvaro Uribe en referencia al comunicado firmado por expertos de la ONU en que acusa al Gobierno de Iván Duque de incitar a que se cometa actos violentos contra los excombatientes de las Farc.
“Instamos al gobierno colombiano a que deje de incitar a la violencia contra los desmovilizados de las FARC-EP y a cumplir con las garantías que se les otorgaron durante las negociaciones en La Habana, sobre todo el respeto al derecho a la vida”, dijeron los expertos internacionales. “El aparente desprecio de estas garantías a nivel estatal es perjudicial para la paz, el desarrollo y la estabilidad. El Gobierno debe tomar medidas inmediatas para implementar los acuerdos de paz”, refiere el comunicado emitido desde Ginebra (Suiza), por un grupo de destacados relatores de la ONU.
(Lea aquí el tenso intercambio de mensajes entre la ONU y el Gobierno de Iván Duque)
Al respecto, el Gobierno colombiano respondió a través del consejero para la Estabilización, Emilio Archila, quien reprochó los señalamientos de los relatores especiales de la ONU y afirmó que, por el contrario, el Ejecutivo está llevando a cabo la implementación del Acuerdo de Paz bajo las garantías de protección a quienes se desmovilizaron con los pactos de 2016. “Es totalmente inaceptable la afirmación de que existe un ‘aparente desprecio de estas garantías a nivel estatal’", así como la sugerencia de que el Gobierno no está tomando medidas para implementar los acuerdos”, contestó Archila.
Precisamente, por esta respuesta el expresidente Uribe también criticó al Gobierno. “La respuesta de algunos funcionarios es muy tibia, lo que hay que decirle a Naciones Unidas es que respeten, que este es un gobierno decente. Además, las Naciones Unidas sabían que la JEP iba a liberar a Santrich”, afirmó el líder natural del Centro Democrático, no sin antes, lanzar una serie de preguntas en tono de señalamiento: “¿Qué garantías dan las Naciones Unidas para el país? Naciones Unidas sabe que en algunos espacios territoriales donde se han ubicado las Farc, han tenido coca y armas. ¿Qué ha dicho? Naciones Unidas sabe que esos grupos disidentes están preparando acciones terroristas ¿Qué hace Naciones Unidas sabiendo? ¿Qué dicen? ¿Por qué no protegen a Colombia? Que Márquez anda con 400 individuos armados en Venezuela, merodeando cerca de la frontera. ¡Eso es muy grave! Yo por eso he hecho en redes sociales esta denuncia contra las Naciones Unidas”.
(Conozca más detalles sobre los desencuentros entre el Gobierno y la ONU)
La diferencia llega justo en el momento en que se escucha que las relaciones entre el Gobierno y la ONU no pasan por un buen momento, pues según ha trascendido a la opinión pública, el Ejecutivo estaría pidiéndole al organismo garante del Acuerdo de Paz disminuir el personal que hace parte de la Misión Especial de la ONU y hasta de algunas agencias, como ONU Mujeres o el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), tal y como lo reveló este diario hace 15 días. Vale señalar que representantes del Gobierno han descartado dicha situación y afirman que las relaciones pasan por un buen momento, sin embargo, las declaraciones de Uribe no dan muestra de eso.
"Menos retórica gubernamental"
Por su parte, los miembros de la FARC de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIV) sostuvieron su apoyo al informe entregado por los delegados de Naciones Unidas. "Estos hechos de violencia (los asesinatos a los excombatientes) son en gran medida consecuencia de la precaria implementación material de las medidas relativas a las garantías de seguridad y no repetición establecidas en el Acuerdo Final. En ese sentido, compartimos plenamente la valoración de los relatores especiales en cuanto a que dichos crímenes se han realizado con acción u omisión del Estado. Asimismo, que son una deriva de la incitación a la violencia contra exintegrantes de las FARC-EP", se lee en el comunicado.Con un mensaje contundente, le dijeron al Estado: "Menos retórica gubernamental y sí la pronta y efectiva implementación del sistema de garantías de seguridad contenido en los puntos 3.4 y 3.6 del Acuerdo de Paz, a fin de contribuir a evitar la repetición de los hechos criminales denunciados por los relatores especiales".
El comunicado concluye con el llamado a que Naciones Unidas continúe con su trabajo y "a no ceder a las evidentes presiones del Gobierno y de las fuerzas de la extrema derecha que buscan, no solo poner en duda su importante trabajo, sino contrarrestar en forma indebida la imagen de los protuberantes incumplimientos del Acuerdo de Paz que está quedando en la retina de la opinión pública nacional y de la comunidad internacional".
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