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En una carta dirigida al jefe de la delegación de paz del Gobierno, Humberto de la Calle, el presidente de Fedegán, Jose Félix Lafaurie, manifestó que el informe conjunto de la mesa de diálogos sobre el tema rural le “genera más dudas que certezas”, ya que a pesar de que los negociadores del Gobierno han insistido en que se respetará el derecho a la propiedad privada, ven en este documento un “ánimo expropiatorio”. Esta preocupación tendría ahora un asidero legal: un reciente decreto del Gobierno que reviste de poder al Incoder para comprar y expropiar tierras que sirvan para adelantar una reforma agraria.
El decreto 1277 de 2013, conocido por El Espectador, sería una de las primeras puntas de lanza del ambicioso programa que respondería a lo que las delegaciones de paz de las Farc y el Gobierno llamaron reforma rural integral, “hacia un nuevo campo colombiano”, cuando el pasado 26 de mayo anunciaron el acuerdo parcial sobre el tema agrario, el primer punto de la agenda.
Este documento establece un programa especial de dotación de tierras a favor de varias personas, entre las que están los campesinos de la zona de ejecución del proyecto hidroeléctrico El Quimbo, en el Huila, “que no sean propietarias de tierras y sean sujetos de reforma agraria”, dice el decreto. También serán beneficiaros aquellos a quienes haya autorizado el Incoder para ocupar predios que estén en proceso de extinción de dominio o en calidad de bienes incautados al narcotráfico.
El documento va más allá y señala que este programa de dotación de tierras podrá beneficiar a las personas “cuya reubicación sea necesaria desde el punto de vista técnico definido por el Incoder o la autoridad competente, que hayan sido adjudicatarias o que no sean ocupantes de hecho, de predios del Fondo Nacional Agrario que se encuentren en zonas de protección o manejo ambiental, zonas inundables, zonas con riesgo de deslizamiento, zonas inadjudicables, zonas erosionadas, u ocupados por nuevos adjudicatarios, o en los que se requiera recomponer la Unidad Agrícola Familiar (UAF)”.
El reciente decreto, firmado por los ministros de Agricultura y Hacienda, Mauricio Cárdenas y Francisco Estupiñán, recuerda además el poder que tiene el Incoder para comprar o expropiar tierras con el fin de adelantar la reforma agraria.
En el caso de la expropiación de tierras, que tanto rechazo le genera al presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, el decreto recuerda que la Ley 160 de 1994 autoriza la compra y expropiación de predios. Más concretamente, a través de los artículos 32 y 33 de esta norma y el decreto 2666 de 1994 que la reglamenta. En estos casos es el gerente general del Incoder quien a través de una resolución ordena adelantar esta expropiación cuando los propietarios de la tierra se niegan a llegar a un acuerdo de venta.
Esta directriz reviste al Incoder de una fuerza que, aunque ha tenido desde 1994, no se ha utilizado en los últimos años y correspondería a los cambios y las reflexiones que han hecho públicas las delegaciones de paz en La Habana. Reflexiones que preocupan a Lafaurie, quien, citando el primer informe del Gobierno y las Farc sobre el acuerdo agrario, dice que “el Fondo de Tierras, como instrumento central del acuerdo, busca desconcentrar y promover una distribución equitativa de la tierra” y que para ello, además de la extinción judicial del dominio y de la recuperación de baldíos, se fortalecerá la aplicación de otros procesos contemplados en la legislación, como la extinción administrativa de dominio para tierras inexplotadas que incumplan la función social y ecológica de la propiedad, de la adquisición de tierras o la expropiación con indemnización por motivos de interés social o de utilidad pública.
Es claro que esta propuesta preocupa al gremio de los ganaderos que se identifican con las tesis de Lafaurie, pues consideran que se le entregará un “excesivo poder discrecional al Incoder” para que decida qué debe ser expropiado o no. “Una verdadera caja de Pandora que se abre en contra de los propietarios legales de tierra”, dijo el dirigente ganadero. Lo cierto es que la ley faculta al Gobierno para adquirir o expropiar tierras para adelantar la tan anhelada reforma agraria, y eso lo acaba de recordar el Ejecutivo con el mencionado decreto.
@Natal1aH1