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El proyecto para unificar las elecciones presidenciales y legislativas con las locales y departamentales, y de esa forma extender el mandato del presidente Iván Duque y el actual Congreso por dos años más, nació muerto. Desde antes de hacerse oficial la propuesta, el fantasma rondaba los pasillos del Capitolio y varios sectores de oposición se movían en contra de la idea. Por eso, cuando finalmente se conoció el texto, solo fue cuestión de horas para que se desechara. La presión ciudadana y de múltiples sectores, oficialistas y de oposición, hizo que ni siquiera se lograra radicar la controvertida iniciativa.
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El camino hacia el fracaso del acto legislativo comenzó en la primera semana de marzo. En ese momento el senador liberal Luis Fernando Velasco denunció por redes sociales que desde el Gobierno se estaba llamando a legisladores cercanos para sondear la posibilidad de extender los períodos de Presidencia y Congreso. Según le comentó a El Espectador, miembros de la bancada oficialista le confirmaron esas llamadas de funcionarios de la administración Duque para hablar del tema. Incluso, aseguró que varios integrantes de la Comisión Tercera que participaban en la articulación de la reforma tributaria también reconocieron las intenciones del Ejecutivo.
Las denuncias de Velasco cogieron fuerza y la oposición pidió que Duque se manifestara y dejara claras sus intenciones. Sin embargo, voceros del Gobierno, como el ministro del Interior, Daniel Palacios, aseguraron que “la extensión del período presidencial no está en la agenda”. Aun así, la intranquilidad siguió, pues nunca hubo una declaración propia del presidente que rechazara la propuesta. Y así llegó el inicio de las sesiones legislativas de 2021. Y como la iniciativa de aumentar el período presidencial no estaba entre los proyectos radicados y nadie asumía su vocería, se pensó que no se iba a materializar la propuesta.
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Sin embargo, en la tarde del pasado miércoles, durante la sesión semipresencial de la plenaria de la Cámara, comenzó a circular un documento que planteaba de frente extender los períodos de Duque y los congresistas, buscando recoger las firmas necesarias para su radicación. El proyecto proponía varios cambios radicales a la Constitución, entre los que se destacaban: unificar elecciones legislativas, presidenciales, departamentales y locales; aumentar a cinco años los períodos de los cargos de elección popular y de fiscal, procurador, contralor y defensor del Pueblo; aumentar a 10 años los períodos de los magistrados de las altas cortes; habilitar la reelección para alcaldes y gobernadores en 2024; congelar los salarios de los congresistas, y prolongar por dos años los períodos de Duque y el Congreso.
Apenas se conoció el documento, el rechazo por parte de la oposición y de una buena parte de la ciudadanía se hizo notorio. A través de medios y redes sociales comenzaron a rondar los nombres de los 23 representantes que firmaron la controvertida iniciativa. La mayoría de firmantes eran del Partido Conservador, pero también había del Liberal, Cambio Radical y Centro Democrático. Eso sí, se conocían los que avalaban el proyecto, pero no sus autores. El documento no tenía los típicos membretes y tampoco dejaba claro quiénes eran los que supuestamente redactaron y presentaron la propuesta. Solo en la noche, el representante Félix Chica aseguró que él y otros cuatro miembros de su partido, el Conservador, eran los responsables.
“Lo que hay que hacer es socializar y advertir las bondades del proyecto. Esta discusión se debió dar hace mucho tiempo. Es mi primer período en la Cámara, pero pienso que este debate se debe dar en algún momento, porque es algo que las entidades territoriales vienen buscando desde años atrás”, le dijo a este diario Chica, quien recalcó que la propuesta no era de Fedemunicipios, pero contaba con su visto bueno. Sin embargo, este jueves, la agremiación de municipios se adjudicó la autoría y aseguró que “se fundamentaba en un evento inesperado: la pandemia por el coronavirus”. Por otro lado, en la noche del mismo martes, en los dos partidos tradicionales se comenzaron a debatir los apoyos al proyecto.
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En el conservatismo, la molestia radicó en que, a pesar de la dura controversia, la idea nunca fue debatida o siquiera mencionada en las reuniones de bancada. Por otro lado, en las filas liberales, los firmantes se echaron para atrás y pidieron que se retirara su rúbrica. La razón de esta decisión tiene dos versiones: mientras que unos aseguraron que el expresidente y director de la colectividad, César Gaviria, les dio un ultimátum: “O retiran ese apoyo al alargue de períodos o me voy de la dirección del partido Liberal”, otros comentaron que fueron engañados en su “buena fe”, pues quienes recogieron las firmas les habrían dicho que se trataba de la iniciativa de Alejandro Chacón, que solo busca unificar las elecciones de 2022 en un mismo día.
En la mañana del jueves el debate atizó. El director general de Fedemunicipios, Gilberto Toro, y el representante Armando Zabaraín, conservador, salieron en defensa de la propuesta. El primero justificó la iniciativa en la necesidad de más tiempo para aplicar los planes de gobierno locales y el segundo expresó el apremio de correr las elecciones, puesto que la pandemia impedía hacer política en regiones. Por otro lado, la molestia de la oposición crecía y sus miembros, especialmente Gustavo Petro, pidieron salir a las calles para rechazar lo que estos consideraron “un golpe de Estado” institucional. Por el Gobierno, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y el ministro Palacios rechazaron la propuesta y enfatizaron que esta administración iba hasta el 7 de agosto de 2022.
En la mañana se conoció que los firmantes estaban retirando sus apoyos y existía la posibilidad de que los autores principales presentaran una carta retirando la iniciativa. La propuesta corría riesgo por ambos lados, pues, sin al menos 10 firmas, no podía ser radicada. Mientras se esperaba la muerte oficial del proyecto, al mediodía el presidente Iván Duque le dio la estocada final al confirmar que no buscaba quedarse en la Casa de Nariño más allá del 7 de agosto del próximo año. Solo pasó una hora desde entonces para que el secretario de la Cámara confirmara que no podía radicar el proyecto, porque 15 de los 23 firmantes originales pidieron que los borraran de la cuestionada iniciativa.
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