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En 2016, Colombia se convirtió en el primer país de América Latina en prohibir por un año el porte de armas de fuego. La medida tuvo mayor éxito del esperado y, desde entonces, cada año esta prohibición ha sido prolongada. Ahora último, en pleno fin de 2020, el presidente Iván Duque prorrogó dicha prohibición por todo 2021.
De esta forma, el último decreto del año fue destinado para continuar con esta exitosa medida que viene de anteriores administraciones. La determinación se fundamentó en un pronunciamiento de la Corte Constitucional en la que se expresó que “es posible sostener que el porte de armas promueve la violencia, agrava las consecuencias de los enfrentamientos sociales e introduce un factor de desigualdad en las relaciones entre particulares”.
En ese mismo pronunciamiento se señala que los permisos deben ser de orden excepcional, “cuando se hayan descartado todas las demás posibilidades de defensa legitima que el ordenamiento jurídico contempla para los ciudadanos”. Y es que para el alto tribunal, según la justificación usada por el Ejecutivo, el uso de armas “es utilizado para fortalecer poderes económicos, políticos o sociales”.
Bajo estos argumentos, y fundamentados en que para mantener el derecho a la vida hay que “preservar el conjunto de condiciones de seguridad y tranquilidad que permiten la prosperidad general y el ejercicio de las libertades ciudadanas”, el presidente Iván Duque, acompañado de la firma del ministro Carlos Holmes Trujillo, prolongó los efectos de decretos anteriores para restringir el porte de armas desde el 1º de enero hasta el 31 de 2021.
A pesar de que existía un debate frente al decreto y sobre la necesidad de modularlo, al final se decidió que se debía mantener como en años anteriores. Vale recordar que dentro del Centro Democrático hay algunos sectores que comulgan con el libre porte de armas. Con lo firmado por el presidente Iván Duque a final de año, se mantiene la prohibición al porte más no la tenencia, que debe tener también un permiso dado por la Fuerza Pública.
Por otro lado, se mantienen las excepciones, en las que están incluidas las empresas de vigilancia, esquemas de seguridad del sector público y los ciudadanos que demuestren que el porte de un arma es la única forma de preservar su seguridad. Esta medida no ha cambiado desde que Juan Manuel Santos la instauró en 2016.