Extradición, de nuevo al banquillo

En los últimos 17 años, de acuerdo con cifras del Ministerio de Justicia, Colombia ha entregado a 1.850 nacionales requeridos en extradición por otros países. De ellos, el 89% fueron enviados a Estados Unidos. La otra cara de la moneda es mucho más modesta: desde 1997, jueces y fiscales colombianos han hecho 54 solicitudes de extradición ante el Ministerio de Justicia, de las cuales sólo cuatro eran contra extranjeros. Según la información que tiene el Ministerio, cuatro de esas peticiones fueron efectivas y todas eran contra colombianos. Otras fueron negadas o canceladas; de 41 casos se ignora el resultado; y nunca un ciudadano estadounidense ha pisado este suelo requerido por la justicia nacional.

Según los datos que ha recopilado el Ministerio de Justicia, sólo una vez una persona con pasaporte de EE.UU. ha sido solicitada en extradición: se trataba de una salvadoreña con doble nacionalidad que era buscada por tráfico de moneda falsificada —no se sabe si fue arrestada—. En el panorama de la extradición, bien se sabe que el delito que más suelen tener en común los detenidos es narcotráfico. Y cuando no es narcotráfico, es lavado de activos. Colombia, por su parte, ha intentado hacer que lleguen al país personas acusadas de otros crímenes, como abuso sexual, estafa, trata de personas. Incluso, pidió en extradición al coronel (r) Hernán Orozco, condenado a 40 años de cárcel por la masacre de Mapiripán, cuyo regreso parece más que improbable.

El tema de la extradición lo volvió a poner sobre la mesa el senador de Cambio Radical Carlos Fernando Galán, quien citó a un debate de control político el pasado martes. El senador expuso que había llegado la hora de que “el país, después de muchos años de aplicación de la extradición, abra un debate de fondo con los Estados Unidos para revisar el procedimiento”. Y recordó el caso que más ha producido conmoción este año: el de Ariel Josué Martínez, un humilde carpintero de San Vicente del Caguán que permaneció cinco meses y 22 días en la cárcel La Picota ocupando un puesto en la fila de espera hacia la extradición. A último minuto, luego de que el diario El Tiempo divulgara su caso, Estados Unidos canceló la solicitud.

Galán indicó que el país debe negociar un nuevo tratado con EE.UU., a lo que el ministro de Justicia, Yesid Reyes, replicó que hacerlo “no aporta mucho a lo que hoy tenemos en la legislación colombiana”. Reyes aseguró que la extradición “es uno de los pocos mecanismos a nivel internacional que (han sido) refinados con el paso de los años y difícilmente se puede innovar ahí”, y señaló que lo que ha cambiado no es el procedimiento, sino su percepción. El alto funcionario insistió en que la extradición no es un castigo en sí misma, sino un llamado a un juicio que también puede ganarse. “Es un mecanismo de cooperación internacional, que busca fundamentalmente combatir la impunidad a nivel global”, concluyó Reyes.

Fuentes del Ministerio de Defensa aseguran que el Estado colombiano no tiene sentencias en su contra por extradiciones mal realizadas en casos de narcotráfico y que la tasa de equivocación es del 0,5%. Procesos como el de Ariel Josué Martínez tocan las fibras más sensibles de la sociedad colombiana, pero tampoco se puede ignorar que, luego de que Pablo Escobar y su grupo los Extraditables lograran atemorizar al país al punto de que la Constitución de 1991 prohibió la extradición, seis años más tarde, el ‘coco’ de los narcotraficantes volvió a estar en el panorama. Así terminaron en Estados Unidos gente como Fabio Ochoa, los hermanos Rodríguez Orejuela o el general (r) de la Policía Mauricio Santoyo (ver tabla).

En un reporte enviado por el Departamento de Estado al Congreso de EE.UU. en 2002, se destacó la reactivación de la extradición como “un paso vital”. En 1999, por primera vez desde la enmienda constitucional, un colombiano fue extraditado a EE.UU. y desde entonces, la cifra empezó a multiplicarse hasta llegar al promedio actual de 140 por año. Pero la utilidad del mecanismo también ha sido controversial allá: desde hace cinco años la revista Time empezó a cuestionar el costo que representa judicializar a extranjeros. “Por cada Don Diego (Diego Montoya, jefe del cartel del norte del Valle), hay docenas que difícilmente merecen la molestia de la extradición”, decía un artículo de 2009.

Otro aspecto en tela de juicio es el de la cooperación judicial entre Colombia y EE.UU., que se evidenció en la extradición de 14 exjefes de las Auc en 2008. El embajador de entonces, William Brownfield, prometió públicamente que fiscales y víctimas tendrían acceso al sistema legal estadounidense y a los extraditados. Sin embargo, basta con revisar los registros públicos de las cortes norteamericanas para saber que la mayoría de esos procesos fueron puestos bajo reserva. Tal situación llevó a que, en 2010, la Corte Suprema de Justicia negara la extradición de alias Diego Vecino, señalando que en las extradiciones anteriores no se había cumplido la condición de respetar los derechos de las víctimas.

Otro punto en disputa es la “facilidad” con que grandes capos han venido negociando con la justicia norteamericana. Algunos, como Juan Carlos Sierra y Luis Agustín Caicedo, consiguieron penas que no pasaban de los 10 años. El abogado de Caicedo le dijo a este diario en una entrevista anterior que la justicia de EE.UU., simplemente, “define por ley que se den beneficios a acusados por colaboración”. Si los capos están siendo capturados y extraditados sin problemas, entonces el reto que tiene hoy Colombia es hacer que estos procesos estén llenos de garantías, sobre todo para personas como el carpintero Ariel Josué. No se sabe a ciencia cierta cuántas personas han soportado ese mismo infierno —quizá sin su misma suerte—. 

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@dicaduran