Fabricando las llaves de la paz

Esta semana fue radicado en el Congreso un proyecto llamado el ‘marco legal para la paz’, que abre la puerta para que los desmovilizados puedan participar en política. ¿Vamos hacia un proceso de diálogo con la guerrilla?

Aunque el presidente Juan Manuel Santos fue elegido con las banderas de su antecesor, Álvaro Uribe —quien esgrimía la tesis de la derrota militar de los grupos guerrilleros—, desde su discurso de posesión dejó sobre el tapete la idea de que uno de sus objetivos es tratar de alcanzar la paz por vías diferentes a la de las armas. Y si bien en más de una ocasión ha insistido en que aún no es el momento propicio y que la ofensiva militar seguirá, para muchos es claro que en voz baja se ha venido construyendo un mejor ambiente para buscar diálogos con la subversión.

Que las puertas no están cerradas con llave y que esas llaves no están en el fondo del mar, ha dicho una y otra vez el jefe de Estado, quien incluso les ha salido al paso a quienes lo han recriminado por asumir esa posición: “A mí algunos me acusan —y esto es una ironía—, de querer la paz. Esa acusación me honra. Creo que cualquier persona tiene que estar enferma mentalmente si no quiere la paz y algunos están enfermos mentalmente”, dijo en mayo pasado, en un foro llamado ‘Legislar para la paz’.

Fiel a este planteamiento, Santos dio la venia para que el senador del Partido de la U, Roy Barreras, trabajara en lo que ha denominado el “marco jurídico para la paz”, iniciativa a la cual no es ajeno el Gobierno. De hecho, el texto que fue radicado esta semana en la Secretaría de la Cámara de Representantes fue elaborado de forma conjunta con Sergio Jaramillo, alto asesor presidencial para la Seguridad.

El proyecto agrega un inciso al artículo 122 de la Constitución que dejaría en manos del Ejecutivo y el Legislativo la posibilidad de darle vía libre a la participación en política a los desmovilizados de la guerrilla. Este artículo es el que advierte que no podrán ser inscritos como candidatos a cargos de elección popular, ni elegidos, ni designados como servidores públicos, quienes hayan sido condenados por delitos relacionados con la pertenencia, promoción o financiación de grupos armados ilegales.

Y el inciso en cuestión señala que “cuando por iniciativa exclusiva del Gobierno Nacional, así lo disponga el legislador por el voto de la mayoría absoluta de los miembros de una y otra Cámara, esta disposición no se aplicará a los miembros de grupos armados organizados al margen de la ley que se desmovilicen en el marco de un proceso de paz con el Gobierno”.

El revuelo no se hizo esperar. La posibilidad de que los guerrilleros, que actualmente detentan el estatus de terroristas, pudieran participar en política, generó reacciones encontradas y cuestionamientos de fondo sobre la viabilidad de presentar iniciativas en procura de la paz sin que en la práctica esté avanzando un proceso serio. Incluso, El Espectador conoció de un mensaje enviado por el expresidente Uribe, vía Blackberry, a varios congresistas: “Amigos parlamentarios, espero que esta iniciativa no tenga acogida en el Congreso”, les dijo.

Para el excandidato a la Presidencia y negociador de paz, Álvaro Leyva, el camino por el que se está andando no es el acertado: “Pensar en la paz a punta de trocitos de actos legislativos no es la forma, hay que tener claro si realmente hay una posibilidad. No creo que se pueda ensillar sin traer las bestias”.

A su vez, el excomisionado de paz Camilo Gómez cree que “el problema en Colombia no es de marcos legales, porque ya hay un bloque de jurisprudencia constitucional que permitiría iniciar un diálogo. Acá la situación va más allá de las buenas intenciones, lo que se debe saber es si la guerrilla realmente tiene un interés. El balón está en la cancha de ellos y si no dan el paso, no tiene sentido insistir en actos legislativos”.

Sin embargo, hay quienes consideran que antes de hablar de paz y asumir compromisos, es necesario tener garantías para que este proceso no se dé a medias, como sucedió con los paramilitares, con quienes se negoció la desmovilización pero las garantías jurídicas nunca se lograron. Y la sentencia del 11 de julio de 2007 de la Corte Suprema de Justicia, con ponencia del magistrado Yesid Ramírez, en la que se negó la posibilidad de que a los paramilitares les fuera cesada la acción judicial, amparados en el delito político, fue un golpe contundente para dicho proceso.

Por eso, el acto legislativo que fue presentado esta semana busca que la última palabra en materia de participación política de los desmovilizados, en el marco de un proceso de paz, la tenga el Gobierno con el aval del Congreso, donde el tema tiene contradictores y simpatizantes.

Por ejemplo, el senador Juan Carlos Vélez, uribista ‘purasangre’, hizo evidente su molestia al plantear que “lo primero que se debe hacer es definir si los guerrilleros son rebeldes o terroristas, si hay conflicto interno o si son objeto de delito político. Yo pienso que son terroristas y me resulta complejo que quien lleva años matando gente tenga derecho a representar al pueblo”.

Para el senador de Cambio Radical Antonio Guerra de la Espriella, las iniciativas en procura de la paz “no se pueden descalificar al rompe. En el pasado, el Estado fue generoso con grupos armados generando amnistías en busca de la reconciliación y hoy en día hay personas que pasaron por el Congreso y forman parte del debate político y que perfectamente calificarían en este texto. Si la idea es buscar la paz, estamos en la obligación de abordar el debate”.

Consciente de la polémica generada por la iniciativa, Roy Barreras, defendió la propuesta al señalar que “hoy los grupos guerrilleros no merecen nada distinto a la persecución legítima del Estado y el acto legislativo no les ofrece vocería política, solamente le da al presidente la posibilidad de presentar una ley que active la reforma constitucional y que, de ser aprobada, podría significar una vocería política similar a la que tienen hoy Gustavo Petro y Antonio Navarro”.

Lo cierto es que el debate sobre dialogar para la paz se abrió y no fue esta semana con la radicación de el “marco legal”. Ocurrió hace más de un año cuando el presidente Santos retomó un tema que parecía estar vedado en el gobierno pasado, al menos de cara a la opinión pública, porque, como se sabe, hubo intentos de dialogar directamente y en secreto en algún momento, según Wikileaks.

Hoy los avances se han dado, pero para dialogar se necesita de la disposición de las dos partes y la guerrilla aún no ha mostrado intención alguna de cumplir con las condiciones que planteó el primer mandatario: la renuncia a las armas, al secuestro, al narcotráfico, a la extorsión y a la intimidación. Por eso, a juicio de los expertos, pensar en un proceso de paz puede resultar prematuro, tal como sentenció Leyva al señalar que “por ahora lo que se pretende con el acto legislativo es fabricar un vestuario sin tener las medidas de quien lo va a usar”.

Santos y sus palabras de paz

Desde el 7 de agosto de 2010, cuando tomó posesión como presidente, Juan Manual Santos ha hablado de paz y, al mismo tiempo, de mantener la ofensiva contra la guerrilla. “La puerta del diálogo no está cerrada con llave”, dijo ese día, poniendo sus condiciones: “Mi gobierno estará abierto a cualquier conversación que busque la erradicación de la violencia y la construcción de una sociedad más próspera, equitativa y justa. Eso sí —insisto— sobre premisas inalterables: la renuncia a las armas, al secuestro, al narcotráfico, a la extorsión, a la intimidación”.

Una postura que ha mantenida a lo largo de estos 13 meses de mandato. El 20 de julio pasado en el Congreso, en la instalación de la nueva legislatura, afirmó: “Hoy no sólo estamos hablando de paz. Estamos construyendo las condiciones para la paz. Quienes no entiendan esto —y me refiero en especial a los grupos armados ilegales—, quienes no sepan leer los tiempos que vivimos y el rumbo que toma el país, habrán perdido para siempre el tren de la historia”.