Facultades extraordinarias para Santos son posibles

En su conjunto, la ley 418 de 1997 le permite al ejecutivo o a sus voceros adelantar cualquier negociación con grupos armados e incluso firmar los acuerdos finales.

Esta es una ley que fue aprobada y sancionada en el gobierno de Ernesto Samper por un plazo de 2 años. Sin embargo, su vigencia fue extendida en una ocasión por Andrés Pastrana, para desarrollar los diálogos de El Caguán, en dos por Álvaro Uribe, para llevar a cabo la desmovilización de los grupos paramilitares, y en otras dos por el actual gobierno. Es decir que se trata de una ley conocida de tiempo atrás, que además fue útil para quienes hoy parecen generar confusión con que Juan Manuel Santos no tiene poderes para firmar la paz con las FARC.
 
Ahora bien, se debe recordar que los diálogos de La Habana tienen la particularidad de contar con un marco jurídico para la paz que lo ampara y de contener acuerdos sobre temas sociales y políticos que van más allá del final de la confrontación armada. Esto hace que quepa la pregunta de si el presidente necesita obtener poderes que no tiene, sobre todo para esos asuntos que acompañan la firma de la paz.
 
Para regular el marco jurídico para la paz
 
En primer lugar, el marco jurídico para la paz (Acto Legislativo 01 de 2012), que reformó la Constitución, dejó claro que cualquier propuesta de justicia transicional en el contexto de los acuerdos, debía ser definida por el Congreso en una ley estatutaria. Es decir que tanto las sanciones a los guerrilleros como los instrumentos de reparación para las víctimas solo pueden ser discutidos y aprobados en el órgano legislativo.
 
Por lo tanto, es posible que el Gobierno busque reformar la Constitución para que esta sea la que le entregue al presidente el poder de expedir la norma que defina los mecanismos de justicia y reparación. Incluso el Fiscal General reafirmó este viernes que esta era una forma de hacer viable la refrendación. 
 
Esto no quiere decir que el mandatario pueda excederse de llegar a conseguir tal facultad. Por el contrario, al igual que el Congreso, deberá respetar los límites que el mismo marco jurídico para la paz dejó en la Constitución, por los cuales deberá garantizar los mayores niveles posibles de justicia y reparación para las víctimas. 
 
Este escenario sería oportuno para consultarles a los colombianos si permiten que la Constitución le otorgue tales facultades extraordinarias al presidente. Ese referendo, aunque no es el mismo que permitiría decidir sobre el contenido de los acuerdos, es una promesa que el Gobierno insiste en cumplirle al país y de llegar a ser favorable para Santos fortalecería sus decisiones ante la oposición interna y la comunidad internacional. Lo cierto es que el referendo es una vía que ni siquiera las FARC han aceptado, debido a su obstinación de ir a una asamblea constituyente.
 
Para regular temas de la mesa
 
En segundo lugar, los acuerdos con las FARC exigirán leyes para los asuntos que van más allá de la dejación de armas y el sometimiento a la justicia. Temas como lo agrario y la política de tierras, la organización del sistema político y electoral, y la lucha contra el narcotráfico, deberán ser replanteados a través de modificaciones legales.
 
Es probable que el gobierno intente obtener facultades especiales para regular directamente estos temas a través de decretos. En este caso no sería necesario un referendo, pues la Constitución ya permite que el Congreso sea quien le otorgue ese tipo de poderes al presidente para que regule ciertos asuntos (numeral 10, artículo 150 de la Constitución)
 
Estas leyes que le otorgan facultades extraordinarias son más comunes de lo que se cree y se han utilizado en muchos casos. Una de las últimas fue la ley 1654 de 2013 con la que el presidente transformó la Fiscalía General. 
 
Además este tipo de ley tiene unos límites claros: los poderes solo se delegan al mandatario por 6 meses; la ley debe ser aprobada por la mayoría de todos los congresistas; el Gobierno no las puede usar para la expedición de códigos, leyes estatutarias u orgánicas, ni para la creación de impuestos; solo se otorgan para que el presidente desarrolle lo que estrictamente le permite la ley; y el Congreso mantiene su poder de reformar lo que se disponga por decretos presidenciales.
 
Esto permite entender que en Colombia no hay ninguna figura que se denomine “ley habilitante”, como algunos sectores de la oposición lo han querido llamar -¬seguramente para generar suspicacia al compararla con figuras de otros países como Venezuela-. En el derecho colombiano existen estas leyes que otorgan facultades extraordinarias al primer mandatario, las cuales tiene límites estrictos y precisos, al contrario de las “habilitantes” que en otros países dejan un amplio margen de maniobra para el presidente.
 
Ahora bien, puede que para regular estos otros temas de la mesa de negociaciones, el presidente Santos intente que los poderes extraordinarios le sean otorgados por vía de un referendo. Aunque la Constitución le permita no hacerlo, quizás insista en mantener su compromiso de preguntarles a los colombianos. 
 
Por esa vía podría modificarse la Constitución para que las facultades le sean otorgadas y limitadas directamente por ella, sin necesidad de que exista una ley del Congreso que lo faculte para reformar lo agrario o el sistema electoral. Además sería una estrategia en la que se reforzaría la idea de que el referendo no es tan necesario como un hecho jurídico sino como un hecho político para legitimar y proteger las decisiones de paz.
 
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