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Participación en política de funcionarios públicos, compra de votos, amenazas y jurados de votación al servicio de campañas políticas. Con este crudo panorama se estrelló la Misión de Observación Electoral (MOE) en La Guajira, previo a las elecciones que se realizarán este domingo para escoger gobernador tras la destitución de Oneida Pinto. Fueron también todas estas problemáticas las que llevaron al organismo, que vigila el normal desarrollo del proceso electoral, a anunciar este miércoles que se abstendrá de acompañar las elecciones.
Según le explicó a El Espectador la directora de la MOE, Alejandra Barrios, en el departamento no hay garantías de transparencia y seguridad para efectuar su ejercicio de control ciudadano, tanto que, así optaran por hacerlo, requerirían de 1.339 observadores electorales –el mismo número de mesas instaladas– para custodiar la jornada.
“Queremos enviar un mensaje muy fuerte y claro a La Guajira. Este es el último recurso que tenemos para decirle fuerte y claro al departamento que una democracia no es ir a las urnas de cualquier manera; que una democracia es poder tener un candidato que verdaderamente represente estructuras políticas capaces de luchar contra la corrupción; que tengan unos comportamientos que, por lo menos, se acerquen a lo que la legalidad establece y que tiene que haber una reacción de la ciudadanía cuando se están observando acciones que no permiten ejercicios que, realmente, representen la voluntad de los ciudadanos”, aseguró.
De acuerdo con Barrios, las elecciones atípicas para escoger gobernador en La Guajira –luego de que el Consejo de Estado tumbara la elección de Oneida Pinto por violación al régimen de inhabilidades– se mueven en dos alarmantes escenarios que amenazan la estabilidad democrática de la región: el nivel de polarización y de amenazas entre las campañas y el altísimo riesgo de fraude electoral.
“En el último año, La Guajira ha tenido 16 casos de violencia política y social contra personas. Allá encontramos amenazas contra alcaldes, concejales, diputados y contra líderes sociales. Y es que este es uno de los departamentos donde el más del 30% de los hechos de violencia están dirigidos contra líderes sociales (…) Por otro lado, en materia de riesgos indicativos de fraude electoral, la campaña en La Guajira se está haciendo en un contexto de una desconfianza absoluta entre las dos campañas electorales y esta desconfianza está enmarcada en acusaciones sobre compra de votos y trashumancia electoral”, agrega Barrios.
En materia de transparencia electoral, la directora de la MOE ejemplifica el cruento panorama con lo que sucede en el municipio de Uribia, un territorio que, según Barrios, ‘hay que mirar con cuidado’. “Allí hay una centrada disputa frente a quienes fueron elegidos como jurados de votación. Hay acusaciones entre las diferentes campañas de manipulación de la elección de estos, pues advierten que estos escaños los terminaron ocupando familiares de un determinado candidato. También hay comportamientos atípicos en términos de votos nulos y tarjetones en blanco muy por debajo del promedio nacional en las últimas elecciones”, advierte.
En síntesis, sostiene la directora del organismo, en un mismo escenario como La Guajira confluyen anomalías e irregularidades electorales que hacen que una eventual intervención de la MOE resulte limitada y riesgosa, dado que el proceso de electoral de este domingo, “a todas luces”, no cuenta con las mínimas garantías ni para los ciudadanos ni para los candidatos, por lo que mucho menos para un ente de vigilancia electoral.
“La Guajira tomó la decisión de tener un gobernador diferente cada año y es gravísimo lo que está pasando. No hay la más mínima posibilidad de poder estructurar un plan para luchar contra la corrupción. Lo que hoy vemos son competencias políticas y electorales de las mismas estructuras que durante muchos años han gobernado este departamento. Por ello, la MOE no va a simular hacer observación electoral en unas elecciones que fingen tener unas reglas de juego claras y trasparentes. No, no vamos a ser parte de eso”, enfatizó Barrios.
¿Qué le espera a La Guajira?
Las de la Guajira no son unas elecciones fáciles. El departamento ha sido fuertemente golpeado por factores como la corrupción y rencillas políticas de duro calibre, que han derivado en factores tan críticos como la situación por la que atraviesa la comunidad wayúu –en concreto, la mortandad infantil por cuenta de la desnutrición–.
A raíz de estas y otras situaciones, incluida la campaña cuestionada que han adelantado los tres candidatos para reemplazar a la exgobernadora Oneida Pinto, (Norberto ‘Tico’ Gómez, Wilmer González y Luis Gómez Pimienta), el Gobierno ha decidido tomar cartas en el asunto. En materia electoral, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, se trasladó hasta la Guajira el pasado 20 de octubre para liderar la Comisión de Seguimiento Electoral, junto al registrador Juan Carlos Galindo, en la que se explicó cómo denunciar delitos electorales o presuntas irregularidades que se puedan presentar en el desarrollo de este proceso electoral, previsto para el domingo que viene, dadas las innumerables denuncias que, en efecto, se han presentado.
Estas acciones han sido reconocidas por la directora de la Moe, quien se ha hecho participe de la Comisión de Seguimiento Electoral y quien ha formulado una serie de recomendaciones para custodiar el proceso. “Alrededor de 400 funcionarios de fuera de La Guajira van a estar acompañando las elecciones. Pedimos a la Fiscalía y la Procuraduría que también tuvieran empleados que no fueran del departamento (…) Hay una gran movilización de las autoridades para vigilar el proceso electoral y se ha demostrado una gran responsabilidad de los quienes deben llevar adelante la logística electoral”.
Sin embargo, alerta Alejandra Barrios, la logística es apenas uno de los componentes necesarios para garantizar el normal desarrollo de las elecciones: “Se requieren compromisos democráticos y la convicción de los servidores públicos que trabajan en este proceso para que las elecciones salgan bien. Y es ahí donde consideramos que temas como participación en política, compra de votos, movilización de ciudadanos de un puesto a otro para poder controlar por quién se vota, terminan falseándolo todo (…) Lo preocupante es que siguen tres años más de gobierno para un departamento con una crisis social impresionante”, puntualiza.
Irregularidades en la elección de gobernador podrán ser alertadas
Pese a decisión de no desplegar observadores en terreno, la MOE anunció que mantendrá abiertos sus canales de información, en los que la ciudadanía podrá reportar presuntas irregularidades o anomalías electorales. En esa línea, elevó un llamado al Gobierno para que acompañe y promueva nuevos liderazgos en el departamento, acciones que, señala el organismo, deben estar respaldadas por apoyos regionales.
“Aquí hay investigaciones y hechos que no pueden quedar en nada, como las denuncias del gobernador encargado, Jorge Enrique Vélez, por amenazas (…) Se tiene que trabajar también, y de forma profunda e integral, en temas de democracia, responsabilidad ciudadana y control político. Lo que pasa en La Guajira, que también sucede en otros departamentos como Chocó, no se soluciona enviando uno o cinco funcionarios durante seis meses, es un tema integral que además pasa por la comprensión cultural del territorio”, indica Alejandra Barrios.