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“El fast track no es un capricho del Gobierno”. Con esa frase, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, resumió la importancia que tiene para el acuerdo de paz la decisión que emitirá la Corte Constitucional en torno al procedimiento especial legislativo, también denominado ‘fast track’, que permitirá acelerar la implementación del texto pactado con las Farc. Y es que no se trata de una preocupación menor. El alto tribunal tiene en sus manos el futuro de la estabilidad de los acuerdos de La Habana. (Lea: La hora cero para el 'fast track').
Desde este martes, precisamente, los magistrados fueron convocados a una nueva sesión para definir de qué forma podrá aplicarse el Acto Legislativo que contiene las pautas para acelerar la implementación del contenido del acuerdo y que dará, eso sí, seguridad jurídica a la guerrilla que avanza a paso lento hacia las zonas de ubicación donde se dará el proceso de dejación de armas. (Aunque no haya ‘fast track’, acuerdo de paz será implementado en el Congreso: Santos).
La discusión no ha sido fácil. La sala aún sigue dividida en torno a diferentes conceptos como la ‘refrendación popular’, y hasta dónde se puede condicionar la implementación de los acuerdos de forma rápida a un mecanismo de representación popular, como lo fue el plebiscito del pasado 2 de octubre. Entre otras cosas, también hay dudas sobre si el Congreso representa, en sí mismo, la voluntad directa del pueblo. Lo que sí es claro, y como lo advirtió el jefe de la cartera política, “si no se garantiza el cumplimiento de los acuerdos en el año siguiente a la firma, después eso se queda en el papel”.
En todo caso, las críticas en torno al ‘fast track’ siguen surgiendo desde los diferentes sectores políticos. El Centro Democrático, por ejemplo, sigue insistiendo en que con ese mecanismo lo que se busca es impedir que el Congreso debata sobre lo que se acordó con las Farc. Frente a eso, Cristo señaló que “es evidente que si uno hace un acuerdo de paz para que un grupo al margen de la ley entregue las armas, no es para después llegar al Congreso a reabrir las discusiones frente a los acuerdos, sino para garantizar su cumplimiento”.
La decisión de la Corte Constitucional debe salir este martes. Esa es la expectativa del Gobierno, dada la inconclusa noche con la que cerró el sábado la sesión extraordinaria el alto tribunal. El reloj jurídico y político del país sigue corriendo a correr.