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El próximo martes, 11 de diciembre, el magistrado suspendido de la Corte Suprema de Justicia, Gustavo Malo Fernández, tendrá que darle la cara al Congreso en un juicio político que convocó la plenaria del Senado por su supuesta participación en el caso del cartel de la toga.
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A Malo se le acusa de los delitos de cohecho propio, concierto para delinquir, prevaricato por acción, prevaricato por omisión y utilización de asunto sometido a reserva por la presunta manipulación de procesos. Según la investigación de las autoridades, el magistado suspendido habría hecho parte de los funcionarios judiciales y abogados que hicieron parte del cartel de la toga. Allí, a cambio de dinero, desviaron y manipularon procesos judiciales.
De acuerdo con lo que se conoce de la presunta participación de Malo en lo que la Fiscalía calificó como una organización criminal, el exfiscal Gustavo Moreno, en sus diversos relatos ante la Corte Suprema de Justicia y la Comisión de Acusación, señaló al suspendido magistrado de ser el proveedor de toda la información usada por la organización para hacer los millonarios cobros y frenar los procesos.
Otro de los testimonios que comprometen a Gustavo Malo es el del exsenador Musa Besaile, quien describió cómo fue el pedido de la extorsión por $2.000 millones para frenar una orden de captura que había en su contra. De acuerdo con las investigaciones, este dinero iba a ser repartido a todos los miembros de la organización dedicada a frenar procesos judiciales en este alto tribunal, entre ellos Malo.
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En un documento de 46 páginas, la Mesa Directiva del Senado convocó a Malo a un juicio político en donde tendrá espacio para defenderse. Los senadores estudiarán la investigación que realizó la Comisión de Acusación en la que hay testimonios claves de personas como el exfiscal anticorrupción Moreno; el magistrado auxiliar de Malo para la época de los hechos, José Luis Reyes; el excongresista Musa Besaile y el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, entre otros.
La Comisión de Instrucción del Senado acató la recomendación de la Cámara de Representantes y la Comisión de Acusación de acusarlo, “dando viabilidad procedimental a la investigación penal que deberá adelantar la Corte Suprema de Justicia contra el magistrado”, se resuelve en el documento.
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De considerar que Malo actuó en deshonor a su cargo, el Senado le retirará su fuero y la Corte Suprema de Justicia procederá a realizar el juicio penal en su contra. Por su parte, el togado suspendido ha dicho en repetidas ocasiones que nada tiene que ver en el escándalo y que su trayectoria ha sido completamente legal y transparente.
“Este tema será el primer punto del orden del día del próximo martes. Hay que citar al representante investigador (Edward Rodríguez) y al investigado”, comentó Ernesto Macías, presidente del Senado. Dijo, además, que en la sesión se votará y definirá el futuro del magistrado.