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Si bien fenómenos como la violencia política o los constantes riesgos de fraude han empañado la campaña a menos de un mes de las elecciones regionales, no menos preocupante es el desconcierto alrededor de cómo se están financiando los aspirantes. Para Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia —una entidad que le pone la lupa a la problemática y le hace frente a la corrupción— detrás hay intereses macabros: desde carteles interesados en cooptar la contratación, hasta particulares que buscan asegurar impunidad.
Apenas el 3 % de candidatos ha rendido cuentas sobre ingresos y gastos de campaña, ¿a qué atribuye esa pasividad si es una obligación?
El financiamiento puede ser una puerta de entrada para que intereses opacos e ilegítimos ingresen al poder y ejerzan la acción pública a su favor. Nos preocupa mucho el bajo reporte, con la particularidad de que hay muchos que no han reportado absolutamente nada y otros que estaban reportando algunos gastos o ingresos. Nos preocupa saber cómo se están realizando las campañas y a partir de qué recursos.
Hay una gran cantidad de plata que se está moviendo y no tiene ningún reflejo en las cuentas oficiales, una alerta respecto a riesgos de corrupción. Hay una obligación legal y las campañas deberían estar registrando todo, pero no existe una sanción efectiva. Por el momento, la omisión no va a generar algún tipo de inhabilidad u obstáculo para los candidatos, por lo tanto, es fácil de omitir.
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¿Faltan dientes? ¿O es que no se está generando suficiente control?
La omisión de informar aportes, violar topes o acudir al financiamiento de fuentes prohibidas ya no es solo una falta administrativa, sino que puede convertirse en un hecho sancionable penalmente. El castigo inmediato frente a estos casos no existe, pero una sanción más dura sí se podría dar y por lo tanto los candidatos y campañas se están exponiendo a algo más duro. El garrote está a la vuelta de la esquina. Así el candidato no salga elegido, tiene la obligación de reportar y es susceptible de ser investigado.
Dice que hay candidatos que registran más gastos que ingresos o viceversa, ¿qué hay detrás?
Puede obedecer a que un candidato se esté endeudando y no haya claridad sobre cómo registrar eso. No sabemos si están reportando aportes de su propio bolsillo, plata de sus familiares o crédito de algún tercero que no sea un banco, y están devolviendo esos recursos. Necesitamos saber cuáles son esos aportes privados, pues ahí se abre todo el riesgo de poder entregar contratación pública.
¿Por qué no se está cumpliendo? Es pereza, otras ocupaciones... o ¿se esconde algo mucho más grave?
Esta es una campaña con 117.000 candidatos y hacer pedagogía sobre toda la normatividad es complejo. La pedagogía es un enorme reto, pero eso no quiere decir que no pueda haber factores asociados a opacidad deliberada.
Hay una dependencia muy alta de ingresos privados, en buena medida porque el financiamiento público no es tan ágil y se demora mucho un anticipo, lo que hace que los candidatos recurran a otro tipo de financiamiento. Tampoco puede pasar por alto que, aunque una campaña se mueve en el día a día y es muy ágil, no hay equipos suficientemente preparados para cumplir. Hace falta concientización sobre las implicaciones que tiene ser candidato y una mayor responsabilidad de los partidos.
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¿Quién es más responsable: el candidato que no reporta, el partido que no exige o la autoridad electoral que no controla?
Todos, pero quien termina siendo directamente implicado es el responsable de la campaña, ni siquiera el candidato. Me refiero a los contadores y personas que firman las cuentas. Pero eso es difícil, muchas campañas no lo tienen por todas las implicaciones que hay. Por supuesto, no están exentos los candidatos, que deben ser responsables y los partidos, que deben ser más rigurosos. La autoridad ha hecho un esfuerzo interesante, pero no termina siendo suficiente.
Por su experiencia, esos dineros que no se han identificado, ¿de dónde pueden provenir: narcotráfico, minería ilegal, contratación?
Hay dos grandes fuentes. Por un lado, los interesados en capturar la contratación pública, lo que escala muchas veces a un cartel que financia campañas para seguir asegurando contratos. Por el otro, intereses ilegales que no necesariamente van detrás de la plata de los contratos sino de una suerte de impunidad: gente que hace un aporte para que no lo controlen. Ahí puede estar la minería ilegal o el contrabando, por ejemplo, para mantener su operación silenciosa.
¿Dónde los candidatos son más reticentes a rendir cuentas?
Para el caso de gobernaciones: San Andrés, Caquetá, Amazonas, Tolima y Bolívar, que no tenían ningún tipo de registro. En Alcaldías: Quibdó, Mocoa, Mitú, Leticia y Tunja, que están muy rezagadas. Hay reportes muy bajos, como Neiva, Pasto, Ibagué, Yopal, Arauca, Florencia y Riohacha, zonas que además pueden estar afectadas por otros riesgos electorales.
En su barómetro, el 52 % de encuestados cree que la corrupción aumentó. ¿Cómo explicarlo en esta coyuntura electoral?
Puede responder a un número muy alto de casos y a una complicidad muy fuerte de ello. Muchos análisis evidencian además que la corrupción paga, es decir, no se están logrando sancionar los casos.
También el 57 % cree que el Gobierno está haciendo un mal trabajo en ese frente…
Una gran mayoría considera que el Gobierno es controlado o está trabajando a favor de unos intereses particulares, y no del bien común. Eso es un campanazo de alerta para que el tema no se quede en el discurso, sino que se traduzca en medidas concretas y resultados.
Y al 40 % les ofrecieron sobornos o favores a cambio de votos…
Eso indica que, de alguna manera, el voto sigue siendo percibido como manipulable y es muy grave en un sistema democrático. El valor del voto en Colombia parece ser un bien transable y es una primera alerta, mucho más cuando vemos que el control del gasto de las campañas no está siendo efectivo.