Aún está pendiente ley que reglamente procesos de la JEP

Fiscalía ya puede otorgar beneficios a uniformados que se sometan a la JEP

El presidente Juan Manuel Santos expidió el primer decreto que reglamenta el tratamiento especial para militares y policías que han sido procesados por delitos relacionados con ocasión al conflicto armado.

Fiscal general, Néstor Humberto Martínez.Archivo

La denominada columna vertebral del acuerdo de paz que, en concreto, se refiere a la nueva justicia transicional encargada de juzgar a guerrilleros, agentes del Estado y terceros que han tenido, de forma directa o indirecta, relación con el conflicto armado interno en Colombia se ha convertido, además, en uno de los puntos que mayores desencuentros ha generado en el debate público. Opositores de los acuerdos de paz con las Farc, el propio Gobierno y expertos en Derecho Penal han tenido serias discusiones acerca de la conveniencia de la Jurisdicción Especial de Paz pero la única respuesta cierta es que ese sistema ya está aprobado y en cuestión de meses comenzará a funcionar.

Por eso, y a pesar de que el Congreso deberá tramitar una ley estatutaria para reglamentar la JEP, el presidente Juan Manuel Santos va moviendo los recursos que tiene bajo su brazo para acelerar la implementación de lo pactado con la guerrilla. Así lo hizo con el decreto que acaba de firmar -en uso de las facultades especiales que le dio el Acto Legislativo para la Paz- en el que le otorga facultades concretas a la Fiscalía para que suspenda las órdenes de captura que hoy posan en contra de miembros de la Fuerza Pública por delitos relacionados con el conflicto armado.

Eso, según el decreto, en cumplimiento de uno de los puntos centrales de los acuerdos de La Habana, frente al tratamiento que se les otorgará a militares y policías de forma diferenciada, aunque equitativa y equilibrada, al momento de someterse a la Jurisdicción Especial de Paz. “El Fiscal General de la Nación ha manifestado que existe un vacío frente a los miembros de la Fuerza Pública en comparación con los beneficios que son otorgados a los miembros de las Farc relacionados con la suspensión de la ejecución de las ordenes de captura”, señala el texto, que incluye las firmas del ministro de Justicia, Enrique Gil Botero; y de Defensa, Luis Carlos Villegas.

Entonces, quedará en manos del ente acusador, aplicar el tratamiento especial a los miembros de la Fuerza Pública que estén siendo procesados por uno o varios delitos relacionados con el conflicto y otorgar beneficios, muy similares a los que hoy tienen integrantes de las Farc relacionados con el indulto, la amnistía y hasta la permanencia de ellos en las Zonas Veredales sin órdenes de captura vigentes.

“La autoridad judicial correspondiente, a solicitud de la Fiscalía General de la Nación y siempre que se den los requisitos legales, suspenderá las órdenes de captura que se hayan dictado o se dicten en contra de miembros de la Fuerza Pública, en las investigaciones o procesos adelantados contra ellos por conductas punibles cometidas por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado interno”, señala el mandato del jefe de Estado, vía decreto especial. Además, se podrá revocar la medida de aseguramiento emitida en contra de militares y policías para otorgarles el beneficio de casa por cárcel, por ejemplo.  

No obstante, ninguno de esos beneficios podrá ser factibles si los uniformados no suscriben un acta de compromiso en el que se especifique su intención de acogerse a la JEP, de a contribuir a la verdad, a la no repetición y a la reparación inmaterial de las víctimas, además de informar si cambian de residencia. En todo caso, no podrán salir del país sin previa autorización.

Este paso dado por el presidente Santos se constituye, sin duda, en un aspecto esencial para contribuir a la generación de confianza al interior de la Fuerza Pública. Especialmente, porque no sobraron las voces que acusaron al Gobierno de ir a La Habana a negociar el futuro de los uniformados con las Farc.