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Este fin de semana, senadores del Centro Democrático intentaron frenar la Minga Suroccidente con una acción popular que pedía que se prohibieran las movilizaciones con más de 50 personas, que se decretaran medidas de protección para algunos monumentos de la capital y que los líderes de la minga pidieran perdón por la realización de la marcha social. Ninguna de estas solicitudes fue aceptada por un juzgado administrativo de Bogotá.
El tribunal bogotano negó cada una de las solicitudes hechas por los senadores Carlos Felipe Mejía, José Obdulio Gaviria y Fernando Nicolás Araujo. Además, en la decisión, se invitó a la Alcaldía de Bogotá a seguir con las acciones que se venían adelantando “para recibir a la minga en Bogotá, implementando las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad”.
De igual manera, la jueza que conoció la acción cautelar hizo un llamado para que los participantes de la minga, liderados principalmente por el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), “cumplan con todos los protocolos de bioseguridad ordenados por el Gobierno”. Esto quiere decir que los mingueros deben usar el tapabocas, lavarse las manos frecuentemente y el distanciamiento social.
La determinación judicial también le pidió a los Ministerios del Interior y de Salud trabajar de la mano del Distrito para atender a los integrantes de la minga. La colaboración iría principalmente en la entrega de tapabocas, la disposición de lavamanos y antibacteriales. De igual manera, se le pidió a la Policía Metropolitana de Bogotá que preste seguridad y vigilancia a la minga, para que así se cumpla a cabalidad el derecho a la protesta consagrado constitucionalmente.
La jueza encargada de la providencia también ordenó que gobierno distrital y nacional establezcan una mesa de trabajo para coordinar “medidas y estrategias” para evitar la vulneración de los derechos colectivos como el goce de un ambiente sano, moralidad administrativa, derecho a la protesta social, entre otros. De esta mesa debe permanecer hasta que la minga salga de Bogotá y deberá rendir informes semanales de las medidas exigidas.
El tribunal no le dio cabida a ninguna de las solicitudes hechas por los senadores del Centro Democrático, justificadas en que supuestamente la minga “representa un grave riesgo para la salud pública y derecho a la vida de los ciudadanos de Bogotá”. Frente al pedido de que se prohibiera las movilizaciones de más de 50 personas, el tribunal señaló que, a pesar del concepto de aglomeración establecido en las medidas por la pandemia, este no se puede aplicar de forma errada a la minga pues se vulneraría el derecho a la reunión y movilización pacífica.
Según la jueza, como los grupos indígenas son sujetos especial de protección ante la discriminación y precariedad de la que han sido víctimas a través de la historia, no se puede equiparar su derecho a la protesta social con el concepto de aglomeración. Esto debido a que “desconoce de manera grave la reivindicación histórica de los grupos indígenas y supone ratificar de manera implícita un status quo que los ha marginado de la participación política del país y que ha impedido que sus derechos fundamentales sean reconocidos”.
En esta línea, la togada señaló que se estaría vulnerando al derecho a la protesta de la comunidad indígena si se condicionara su acceso a Bogotá a que realizaran un censo previo, la realización de pruebas PCR y al aislamiento de las personas que tiene síntomas. La justificación es que la protesta solo se puede limitar por medio de una ley.
El tribunal también cuestionó los intentos de los senadores por hacer ver que no hay protocolo por parte del gobierno distrital para recibir a la minga cuando existen protocolos de bioseguridad previos y se han dispuesto lugares para que estén en la ciudad. “La Alcaldía Mayor de Bogotá sí ha cumplido los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud y ha llevado a cabo las acciones necesarias y preventivas para que la minga indígena cumpla las medidas sanitarias de bioseguridad”, concluyó el tribunal.
Frente a la petición de proteger los monumentos, fundamentada en la noticia de que indígenas de la comunidad Misak tumbaron la estatua de Sebastián de Belalcázar en Popayán, la jueza reconoció que lo monumentos son objeto de una “salvaguarda judicial reforzada”, pero cuestionó a los senadores del Centro Democrático por expresar que lo ocurrido en la capital del Cauca era muestra del peligro que corría el patrimonio de la capital.
En el fallo se llama la atención de que congresistas, que hacen parte de la contienda democrática, “pretendan de manera infundada insinuar que los grupos indígenas, cuyo vehículo de representación política es la minga indígena, pretenden vulnerar el patrimonio cultural y el espacio público de Bogotá, soslayando las legítimas reivindicaciones sociales que históricamente les han sido negadas”. Bajo estas razones, el despacho negó el pedido de protección para las estatuas.
Por último, la jueza negó y tuvo duras palabras ante la solicitud de que los líderes de la minga pidan perdón por la supuesta infracción de las medidas de bioseguridad. “Carece de sustento probatorio consistente y constituye una degradación a los grupos indígenas, que se ven atados a prejuicios sociales que solo ahondan su condición de vulnerabilidad”, expresó la jueza sobre el pedido de disculpas exigido por José Obdulio Gaviria, Fernando Nicolás Araujo y Carlos Felipe Mejía.