Fraude, clientelismo y corrupción, las otras amenazas

Los comicios del 9 de marzo reflejan los grandes cambios políticos sucedidos en Colombia, a la vez que muestran tensiones estructurales del sistema democrático que permanecen intactas.

La reducción del riesgo por violencia y narcotráfico revela otros tipos de riesgos en la democracia colombiana: fraude, clientelismo y corrupción con recursos del Estado.

En las pasadas elecciones al Congreso, e incluso en las locales y regionales de 2011, las alarmas estaban centradas en el peso que tenían la violencia y el narcotráfico en los resultados electorales. Hoy en día, este tipo de riesgos parecieran ir disminuyendo por la situación de las mafias y de las llamadas bandas criminales (bacrim), así como por la coyuntura actual del proceso de paz con las Farc. Otro factor que explica la reducción del riesgo por violencia y financiación del narcotráfico fue el acto legislativo 01 de 2009, junto a los efectos de la persecución judicial en los partidos exclusivamente parapolíticos.

El incremento del umbral y el encarcelamiento de muchos dirigentes por vínculos con grupos de autodefensa hicieron inviable la postulación de listas al Congreso por partidos conformados sólo por políticos con vínculos con la criminalidad. Salvo las fuertes sospechas que recaen en el movimiento Ciento por Ciento Colombiano, de Yahir Acuña, no pareciera haber partidos compuestos por coaliciones de políticos soportados exclusivamente en prácticas mafiosas, como fueron en su tiempo Apertura Democrática, Alas Equipo Colombia o el PIN, entre otras colectividades hoy extintas.

Sin embargo, la aparente reducción del riesgo por violencia y narcotráfico ha puesto de relieve otros tipos de situaciones que siempre han estado latentes en la democracia colombiana. En concreto, se trata del riesgo asociado al fraude, al clientelismo y a la corrupción con los recursos del Estado. En el caso de las elecciones al Congreso, este riesgo se manifiesta en un efecto perverso en la capacidad de gobierno del Ejecutivo nacional, el cual se encuentra obligado a incurrir en enormes costos para sacar adelante su agenda legislativa. Cuando el único interés de la clase política que llega al Legislativo es acumular recursos para sí misma y para las clientelas que contribuyeron a su elección, el Gobierno debe pagar la aprobación de las leyes por estos congresistas como si se tratara de un chantaje.

Si la mayoría de la clase política se dedica a una competencia feroz por acumular votos para luego cobrar al Ejecutivo la aprobación de su agenda, el riesgo de que los costos electorales se disparen es apenas cuestión de tiempo. Actualmente hay graves síntomas de esta situación. La incapacidad de la administración Santos de sacar adelante las reformas a la justicia y a la salud fue interpretada como una consecuencia de la torpeza política de un gabinete de tecnócratas. Una interpretación complementaria a la torpeza sería que los miembros de dicho gabinete se encontraron con unos costos inviables para sacar adelante las reformas.

Pero además de los riesgos electorales debidos a la intervención de la violencia y el narcotráfico y a la corrupción y el clientelismo, hay otros temas a tener en cuenta. En primer lugar, según la Misión de Observación Electoral (MOE), es claro que la forma de intervenir en política por grupos armados, como bacrimes y mafias, cambió sustancialmente a raíz de la desmovilización de los paramilitares. En segundo lugar, hay que reconocer que las elecciones al Congreso representan una gran oportunidad para un proceso de paz exitoso con las Farc. En tercer lugar, hay riesgos por endogamia del sistema, es decir, por la perpetuación de los políticos en el Legislativo, bien sea a través de ellos mismos, de sus hijos o de otros familiares. Y finalmente están los riesgos en contra de la capacidad de la sociedad civil de vigilar y participar activamente en el proceso electoral, en especial en cuanto a la capacidad de los medios de comunicación y de los movimientos sociales de intervenir en dicho proceso.

Plata y plomo en menor cantidad

La forma de intervenir en política por parte de grupos armados, como bacrimes y mafias, cambió sustancialmente a raíz de la desmovilización de los paramilitares. Lo que se vio fue que la propia clase política que se benefició del apoyo de los paramilitares en violencia y en recursos, en cierto momento se encontraba agobiada por las demandas de poder de sus socios. Por eso, el proceso de paz con las autodefensas —pese a todas las implicaciones que tuvo en la parapolítica— fue una oportunidad para algunos dirigentes de quitarse de encima a unos socios que ya aspiraban a subordinarlos y a reemplazarlos con su propia clase política de bolsillo. Pero, además, la ofensiva del Estado contra las guerrillas dejó a los grupos paramilitares sin su principal justificación: la lucha contrainsurgente.

Las bacrimes, como los Urabeños y los Rastrojos, al igual que sus antecesores los paramilitares, necesitan que las instituciones del Estado no intervengan en contra de sus intereses básicos. Pero, paradójicamente, es la relativa fortaleza de esas instituciones la que obliga a las agrupaciones criminales a intervenir en las elecciones. Si el Estado fuera débil y no contara con recursos, no existiría ninguna razón para ello y bastaría con imponerse como autoridad para gobernar las comunidades. Pero como las instituciones pesan aún en la periferia, las organizaciones criminales necesitan cooptarlas y corromperlas para proteger sus fuentes de rentas (narcotráfico, minería, corrupción) de la intervención de las autoridades. Siendo estas rentas importantes para la inclusión económica de la población, el resultado es aún más paradójico: quienes organizan actividades ilegales tienen representación en instituciones legales para legitimarse a través de la provisión de demandas sociales.

Sube el precio del mercado de votos

Muchos analistas han acusado al expresidente Álvaro Uribe de representar el viejo país premoderno, mezcla de gamonales, paramilitares, narcotraficantes, clientelistas, terratenientes y demás. Pero una simple mirada a las listas de aspirantes al Congreso revela que estos sectores comprometidos con el clientelismo y la corrupción están donde siempre han estado, independientemente de su posición ideológica de izquierda o derecha: con quien esté en el Ejecutivo. De hecho, la lista de Uribe al Senado adolece de la ausencia de grandes electores regionales o de candidatos cuestionados por sus vínculos con el paramilitarismo. Se trata más bien de una lista de figuras de opinión de derecha.

En sí misma, la aglutinación de la clase política alrededor de los recursos que maneja el Ejecutivo como forma de organización de partidos en la práctica no es perversa. Incluso puede ser funcional para tramitar de manera más efectiva y menos violenta las demandas de sectores sociales que no responden tanto a una causa o a un programa ideológico sino a realidades concretas. El problema está en que el sistema puede conducir a una intensificación de dos tipos de mercados políticos: el de los votos clientelistas para las elecciones de Congreso y el de ceder oportunidades de corrupción a los congresistas para tramitar la agenda de gobierno. Al final, el resultado puede ser, y este es uno de los principales riesgos en estas elecciones, la sobredimensión de los costos de la democracia.

En suma, uno de los mayores riesgos de la actual campaña al Congreso es que el control de los recursos del Estado distorsione los resultados y los propósitos de la democracia a niveles aún más críticos de los usuales en el sistema político colombiano.

El fraude electoral

El informe de la MOE sobre la situación actual de riesgo electoral apunta principalmente al crecimiento que puede tener el fraude electoral en las próximas elecciones, en contraste con la reducción del riesgo por presencia de actores armados. Se trata en el fondo de la permanencia de viejos vicios del sistema democrático colombiano, que van desde la compra de votos hasta la trampa en el conteo de los mismos, mediante el control de agencias regionales de la Registraduría Nacional. A pesar de los avances tecnológicos, el país aún carece de una plataforma de votación que evite que la clase política manipule los resultados. De hecho, lo que se intuye es que es un problema en crecimiento.

Quizá el caso más diciente de la dimensión que tiene este tipo de riesgo para la democracia en Colombia hayan sido las más de 90.000 cédulas revocadas de manera unánime por el Consejo Nacional Electoral en Barranquilla. Tal cantidad de votos tendría un efecto definitivo en las elecciones a la Cámara de Representantes e incluso podría distorsionar los resultados para unos cuantos senadores.

Elecciones y Farc

La coyuntura actual incluye otro tipo de riesgos asociados al desarrollo del proceso de paz con las Farc. En concreto, a cómo las elecciones al Congreso representen un campo de batalla para quienes se vean afectados por los términos de un eventual acuerdo y cómo esta incertidumbre lleve a sabotear de distintas formas el proceso electoral. Paradójicamente, las transacciones entre el Ejecutivo y el Legislativo —basadas en la llamada “mermelada” clientelista— pueden ser útiles para anular a numerosos sectores políticos que de otra manera serían reacios a aceptar concesiones a cambio de la paz.

Del mismo modo, uno de los grandes enemigos del proceso de reintegración de la guerrilla dentro de las instituciones estatales van a ser los diversos grupos armados que queden en lo local, quienes, junto a la clase política, tienen mucho que disputar a eventuales candidaturas de las Farc en municipios y regiones periféricas. La UP ofrece una gran enseñanza en ese sentido. La mayor parte de sus víctimas no fueron el resultado de una gran conspiración nacional sino de una disputa electoral contra fuerzas locales. Es así que si las elecciones presidenciales son el referendo del proceso de paz, en el sentido de que la ciudadanía expresará si está de acuerdo con la negociación, las elecciones al Congreso son el termómetro del grado de aceptación que tiene la clase política en relación al proceso.

De hecho, el proceso de paz ha sido en sí una oportunidad única de hacer política. A pesar de los reveses militares de la última década, nunca antes la guerrilla había tenido tanta vitrina para exponer su agenda de reformas. Y está claro que temas como la devolución de tierras a las víctimas, alguna redistribución de la propiedad rural, la extensión de las zonas de reservas campesinas y un tratamiento más laxo a los cultivadores de coca, son críticos para la clase política, los terratenientes y los grupos criminales de las regiones.

Al día de hoy, este riesgo ya se materializa con el asesinato y las amenazas contra reclamantes de tierras, asociaciones de víctimas, activistas de los movimientos sociales e incluso políticos vinculados a sectores de izquierda. No son extrañas estas amenazas, porque, como está demostrado, los municipios donde se concentran los reclamantes son a su vez municipios donde se concentran votaciones de parapolíticos.